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NOTA DE VREDONDOF : Carlos Martinez Gorriaran es el 2º de a bordo de UPyD , en este articulo argumenta a proposito de la corrupcion , visto lo visto , tanto por parte del PP o del PSOE suena a DEMAGOGIA PURA , aunque yo creo que en este caso no es demagogia si no que esta haciendo Rosa Diez verdaderos esfuerzos en el congreso.
No tengo duda que UPyD seria para mi una opcion bastante recomendable , lo malo es que tiene la VENTAJA, Y A LA VEZ LA DESVENTAJA de tener a Rosa Diez como UNICA personalidad con imagen PUBLICA Y NOTORIA en el partido.
Una pena que no haya sabido o podido FICHAR a mas "pesos pesados" que la acompañaran.
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La presentación de un montón de imputados por delitos de corrupción en las listas de PP, PSOE e incluso IU –que hasta ahora pretendía estar a salvo de la plaga por aquello de la supuesta “superioridad moral” de la vieja izquierda- ha servido para algo: tomar conciencia del problema.
Pocas veces ha habido tanto consenso como estos días en que la corrupción es un problema grave de la democracia española, y pocas veces ha cundido tanto el desánimo entre la ciudadanía más politizada por lo que parece un problema sin solución.
Sin embargo, es perfectamente posible mejorar mucho la prevención y la penalización de la corrupción con leyes mejores y más adecuadas. Porque lo cierto es que el sistema legal español está lleno de agujeros a este respecto, y que la parcialidad y lentitud de muchos tribunales empeora la situación, por no hablar de la absoluta pasividad o comprensión activa de los viejos partidos con sus corruptos y corruptelas… con la comprensión o indiferencia de muchos de sus votantes.
De modo que lo primero que debe hacerse es presentar leyes de más calidad, dirigidas también a prevenir la corrupción haciéndola más difícil –sobre todo con medidas de transparencia realmente eficaces- y a penalizarla más en caso de que finalmente se produzca.
Y conviene no hacerse ilusiones a este respecto: siempre habrá corruptos, y no sólo entre los políticos como a veces prefiere creerse, sino entre los beneficiados “civiles” de sus manejos tales como empresarios, profesionales o simples protegidos.
Como tantos otros vicios y delitos, la corrupción es una consecuencia de la naturaleza humana: podemos elegir, podemos engañar y podemos robar, luego la corrupción de las instituciones públicas por quienes las administran es no sólo posible, sino probable si no se adoptan medidas de prevención y control.
El hartazgo de una parte considerable de la opinión pública con la corrupción estalló con cierta virulencia en Twitter la semana pasada, a raíz de una votación en el Parlamento Europeo sobre una recomendación para que los eurodiputados dejaran de viajar en primera clase en ciertos recorridos (hay que decir que volar en business no es obligatorio).
La mayoría rechazó la recomendación por diversos motivos -de todos modos no tenía efecto presupuestario alguno- y se armó la marimorena: para muchos, ese voto negativo contradecía desvergonzadamente la austeridad que se nos exige e impone a los simples mortales desde los gobiernos, e incluso era una muestra de corrupción.
Dieron igual las explicaciones que algunos eurodiputados quisieron dar para explicar por qué no votaron a favor de una recomendación presentada por un grupo donde alguno de sus miembros, como Willy Meyer (IU), no tienen empacho en volar en la tarifa más cara y ausentarse de la votación que se supone debía acabar con eso.
Las razones buenas o malas de los eurodiputados fueron barridas por una indignación popular, e incluso populista, donde privilegios, abusos, derroches y corrupción formaron una amalgama indiscernible. Sin duda los eurodiputados partidarios del ahorro metieron la pata al no percatarse del eco público que esa votación iba a tener y del daño que su voto negativo iba a producir para el prestigio ya muy débil del Parlamento Europeo y el parlamentarismo en general, pero no es ahora ese asunto el que me interesa, sino el problema de la falta de distinción entre legalidad y ética que borboteaba en el fondo de la indignación.
Esta vez los eurodiputados –realmente mimados por una institución muy derrochadora, con dos sedes e intolerables migraciones mensuales entre ambas, Bruselas y Estrasburgo- volvieron a ejercer a su pesar una de las peores funciones que les tocan a los políticos en las democracias: la del chivo expiatorio.
Porque todo el mundo sabe, aunque se niegue con vehemencia ofendida, que la corrupción no es una exclusiva de los políticos, sino una conducta extendida por el conjunto de la vida social: es corrupción meter la mano en la caja pública, cobrar comisiones ilegales o favorecer a tus socios quebrando el principio de igualdad de oportunidades y concurrencia, pero también lo es sobornar a los políticos, ofrecerles comisiones y llevarse contratos ventajosos mediante trampas.
Y es corrupción pedir favores y recomendaciones a los amigos “políticos”, evadir impuestos, abusar de terceros en el trabajo, explotar a subordinados y empleados y docenas de abusos más –como copiar en un examen o colarse en una cola, sin ir más lejos- que todos los días comenten infinidad de personas que se consideran a sí mismas sumamente honradas.
Lo que no obsta para que sea cierto que a los representantes políticos, como a la mujer del César, haya que pedirles más rigor, honestidad y veracidad que a los demás, ya que son “políticos” porque quieren.
De lo anterior sólo se colige una cosa: que los valores morales y la coherencia ética de cada cual es muy importante para combatir la corrupción, sobre todo para acabar con su tolerancia social (y algunos de los que más protestan contra la de los políticos están en realidad pidiendo su oportunidad para forrarse…), pero que la corrupción, como otros delitos, no se puede combatir solamente con ética: para hacerlo está la política, que es el modo de elaborar y aplicar las leyes.
No vamos a progresar nada en la lucha contra la corrupción, revoluciones morales aparte, si no se mejora en tres campos muy claros y delimitados:
1: mejores leyes contra la corrupción, y por la transparencia que es su principal antídoto al hacer públicos los manejos opacos y las decisiones arbitrarias;
2: avances reales y contrastados en la independencia y rapidez de la administración de justicia encargada de aplicar esas leyes;
3: tolerancia cero de la corrupción en las instituciones públicas y privadas y en las personas físicas y jurídicas, o lo que es lo mismo, en todos y cada uno de nosotros.
La razón por la que la corrupción progresa en España, con espectáculos tan bochornosos como su práctica impunidad en partidos como CIU, PP o Unión Mallorquina, y el propio PSOE con su demoledor espectáculo en Andalucía, sin olvidarnos del PNV y los corrupctos manejos de ciertos burukides en las haciendas forales del País Vasco, es la consecuencia lógica de que seguimos sin una legislación suficiente contra la corrupción y prácticamente ninguna de transparencia; carecemos de una justicia eficaz e independiente de los partidos políticos; tenemos una opinión pública que puede explotar con algunas casos aislados, pero sigue votando y por tanto tolerando a partidos que presentan imputados y condenados por corrupción.
Hay que recordar que Rosa Díez presentó en el Congreso varias enmiendas a la reforma del Código Penal para endurecer la lucha contra la corrupción, pero casi todas fueron rechazadas, excepto la que preveía la inhabilitación electoral de los condenados. De modo que no es cierto que nadie haga nada contra la corrupción y que no se hagan propuestas que vayan más allá de la moralina; el hecho es que son PSOE, PP y nacionalistas varios los que se vienen oponiendo sistemáticamente a progresar en esta lucha legislativa y política, cuando no la obstruyen como ha ocurrido con el proyecto casi fantasma de una Ley de Transparencia que duerme el sueño de los justos en una de esas comisiones napoleónicas del Congreso (las que se crean para impedir los cambios, como la que impidió reformar en serio la Ley Electoral).
La semana pasada UPyD registró en el Congreso una nueva Ley contra la Corrupción y para la Transparencia en la Gestión Pública que entra en el fondo de la cuestión, pero veremos si al menos es posible que se debata en el pleno…
Moralina es esa moda de “contratos éticos” que firman, sin el menor empacho y con todo el cinismo del mundo, probables imputados como Camps y muchos otros de su estilo. Meros instrumentos de propaganda, estos “contratos” y compromisos públicos no comprometen realmente a nada, porque en una democracia lo único que compromete a todos son las leyes y su obligado cumplimiento (algo en lo que también vamos a peor).
La inutilidad de tales obras maestras de papel mojado brilló el sábado, cuando se supo que el cabeza de lista por IU en Sevilla, Antonio Rodríguez Torrijos, iba a ser imputado por el caso Mercasevilla y sin embargo seguía en su puesto porque él se consideraba inocente. Si todo es asunto de voluntad o interpretación personal, ¿para qué sirven entonces esas rimbombantes declaraciones éticas amablemente cubiertas por los medios de comunicación concertados con el partido de turno? Para nada.
Si queremos luchar contra la corrupción son las leyes y los tribunales de justicia los que hay que mejorar, junto con la conciencia pública de que la corrupción es intolerable porque daña los bienes públicos materiales e inmateriales, comenzando por la igualdad de oportunidades, la seguridad jurídica y la autoestima colectiva.
Corrupción: las leyes, la moral y la desmoralización de la vida pública
************************* (OTRA NOTA de vredondof A proposito de lo que escribo en mis notas, pido perdon por MIS limitaciones literarias. El hacerlo mejor (no mucho) me cuesta dedicarle media hora mas a un escrito como este , y la verdad es que, ademas de no tener tiempo , tengo poca paciencia , por ello, (y nuevamente) pido disculpas por las susodichas limitaciones)
