El ministro de Industria, Miguel Sebastian, ha reconocido que la política de subvenciones a las renovables ha sido un error. Un error que solo se puede corregir dañando todavía más la credibilidad de la economía española, o pagando una estrambótica cantidad de dinero, que España no tiene.
“Con las renovables hemos pagado la novatada”. Palabras de apariencia inocua, pronunciadas el jueves 28 de mayo durante las Jornadas del Círculo de Economía, con las que el el ministro de Industria, Miguel Sebastian, resumía el cisco eléctrico: cisco que él solo ha montado en este atribulado Reino de España. La novatada va costar –ya ha costado y costará mas– una enormidad de dinero (subvenciones por 9.350 millones de euros solo entre 2008 y 2009) que no saldrá del bolsillo del novato ministro, sino de el del contribuyente español. ¡Qué bien se tira con la polvora del Rey!.
Como casi siempre en España, cuando un negocio depende del Gobierno se se suele montar un lío guapo, guapo: fué el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en particular su (in)competente Ministro de Industria el que estableció unas subvenciones gigantescas a la producción eléctrica de fuentes renovables.
Durante los últimos años del boom económico hacer una huerta solar o plantar unos molinos de viento ha sido, después del inmobiliario, el mejor negocio de España: se pedía prestado el dinero al banco para contsruir una huerta, con la proudcción de electricidad que se vendía a un superprecio super subvencionado, se devolvían los intereses y el principal y después de diez o doce años, todo el rendimiento de la producción (y la subvención anexa) se metía en el bolsillo. ¿Cuanto dinero bancario hay comprometido en este proyecto?. Imposible de saber, pero las estimaciones que he leído apuntan a 30 mil millones de euros, muy buena parte extranjero.
Esas exuberantes e irracionales subvenciones explican el vuelco de la producción de electricidad en España: en 2006 las diferentes fuentes de energía renovable suministraron el 18,7 por ciento de la electricidad consumida. Desde entonces, su cuota en el pastel eléctrico nacional no ha dejado de crecer: 20 por ciento en 2007; 24,7 en 2008; y, en fin, el 30 por ciento en 2009. A más a más: en ninguno de los cuatro primeros meses de 2010 la cuota de las renovables ha bajado del 33 por ciento.
En este periodo la gran perdedora parece la electricidad producida en centrales de ciclo combinado que queman gas para producir electricidad, cuya porción de tarta en 2008 y 2009 superó holgadamente el 30 por ciento, pero que en ninguno de los cuatro primeros meses de 2010 alcanzó el 23 por ciento.
Solo estos números explican la feroz batalla eléctrica que se libra actualmente, en los pasillos de Moncloa, del Ministerio de Industria y en las informaciones de los medios. Es una batalla, no hay que decirlo en la que se juegan muchos miles de millones de euros: el Ministerio de Industria comprometió 125 mil millones de euros en subvenciones durante los próximos 25 años. Los porductores electricos tradicionales exigen que se suprima la subvención, mientras que los renovables exigen el cumplimiento de los legislado. En ambos bandos se utiliza todo el armamento disponible.
Si se ponen nombres propios a los contendientes, en un lado hay que poner a Gas Natural Fenosa y en el otro a Acciona. Como su mismo nombre indica Gas Natural es el primer importador y maquilador de gas en España y su interés, lógicamente, estriba en que aumente el consumo del mismo en las 38 centrales de ciclo combinado españolas, incluyendo las propias. Al contrario que Acciona, un líder mundial el terreno de las renovables, cuyo negocio principal es el diseño, construcción y explotación de plantas de energía renovables. Aunque su negocio es grande, depende en buena parte de las subvenciones públicas (con dinero del público) a esas sistemas.
Casi todo el mundo está de acuerdo en que las subvenciones a las renovables son un lujo que la economía española nunca se pudo permitir, y menos en estos años de depresión. Pero no menos cierto resulta que cambiar la legislación vigente para cortar ahora la subvenciones comprometidas para los próximos 25 años, con inversiones hechas o en curso, crea una inseguridad jurídica y una desconfianza hacia España que es lo último que necesita un país bajo sospecha.
Total que nuestro señor ministro de Industria ya no es un novato porque sabe lo que es una novatada. Lástima que el aprendizaje nos haya costado tanto dinero a los contribuyentes españoles. Habría salido menos caro que siguiera estudiando en Minnesota, hasta que de verdad hubiera aprendido que, como dijo Eugenio D’Ors, los experimentos se deben hacer con gaseosa y no con dinero del público contribuyente.
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C. Fidalgo 
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