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La deformacion ha sido tan grande , que el RESULTADO conseguido es UN MONSTRUO que ahora es ademas de INASUMIBLE ... nos ha llevado a una situacion de INSOPORTABLE ,y ademas que NO TIENE SOLUCION , con el sistema que CONTAMOS y/o con los lideres que tenemos.
Por lo tanto ...
¡¡¡ESTO NO TIENE SOLUCION !!!.
y a los ciudadadnos solo nos queda el
¡¡ SALVESE EL QUE PUEDA.¡¡
y
¡¡MARICON EL ULTIMO ...!! .( YO LO CREO ASI ... ¡¡¡que pena !!)
Cualquiera que lea esto sonreira o se echara la manos a la cabeza ... pero esto es lo que hay ..,.
Y no hay mas cera que la que arde ...
Engañese usted como quiera .. pero la REALIDAD ES ASI.
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El Gobernador del Banco de España ha propuesto días atrás en el Congreso de los Diputados recurrir a un plan B si los presupuestos generales del Estado no se cumplen. Es una manera suave o elegante de considerar casi papel mojado un proyecto presupuestario cuya tramitación se acaba de iniciar.
Nada nuevo para quienes pensamos algo parecido sin contar con sus elementos de juicio, basándonos solo en la experiencia de los dos ejercicios anteriores y en la evidencia de las realidades que vivimos. Pero lo expresado por el Gobernador, que comparte el FMI, estimula el debate para buscar salidas al callejón en el que nos encontramos.
En esa línea sugiero un plan que contemple la constitución inmediata de un Gobierno de gestión para lo que queda de legislatura, entre cuyos objetivos principales estarían: ordenar y unificar los poderes del Estado, plantear la renegociación de la deuda pública y reestructurar el sistema crediticio.
Creo que hay pruebas sobradas de que el Gobierno se encuentra perdido en medio de la tormenta que nos ahoga progresivamente y que, por razones que van desde la rigidez institucional al puro sectarismo, ni se prevé su sustitución ni se contempla adelantar las elecciones generales, alegando que ha sido elegido para cuatro años.
La oposición, por su parte, mantiene un distanciamiento desmovilizador, esperando el derrumbe para alzarse con una hipotética victoria sobre la tierra quemada, preñada de amargura, en 2012.
Son actitudes fatalistas y dogmáticas, que demuestran el bloqueo institucional del sistema político español, que desacreditan los valores del régimen parlamentario y agravan el daño de los españoles, convertidos en rehenes de la inepcia de sus dirigentes.
Una situación de emergencia nacional, necesitada de decisiones ambiciosas, sobre todo de carácter político e institucional.
Ante la parálisis y el descrédito de la política, hay que pedir al Congreso de los Diputados y a su presidente, que lo es también de las Cortes Generales, órgano supremo de la soberanía nacional, que se rediman ante la nación y tomen la iniciativa para lograr un nuevo gobierno presidido por alguien, de dentro o de fuera de las Cortes, que merezca la confianza abrumadora de éstas, con el fin de ejecutar un proyecto nacional que sanee la economía, que restaure la confianza interna y externa y que inicie la apertura de un proceso de revisión constitucional.
Dispersión de poderes
Las dificultades acaecidas desde 2007 han puesto en duda muchas cosas, tanto en el plano internacional como en el doméstico; se ha dicho de todo y se han planteado debates doctrinales sobre el capitalismo, sobre el papel de los Estados, sobre las organizaciones supranacionales, etc, etc..
También en España se están cuestionando algunas realidades y una de ellas, que me interesa resaltar, se refiere a la capacidad del Estado para ejercer sus funciones debido a la gran dispersión de poderes que se ha producido a lo largo de los años y el coste desmesurado que ello supone: el ejemplo genuino son las Comunidades Autónomas, convertidas en la práctica en contrapoderes estatales con vicios agudos de clientelismo y con escaso sentido de la solidaridad. Ni el gobierno más ilustre podría ordenar ese laberinto, sin cambios previos e importantes.
Sin un sistema crediticio en funcionamiento resulta casi imposible pensar en la regeneración de la actividad económica
Ninguno de los defensores del derecho a la autonomía de las regiones, que se reguló por primera vez en la Constitución de la República Española de 1931, podría respaldar y justificar la realidad actual del mismo: su ejercicio ha sido vanidoso y viciado, hasta el punto de convertirse en uno de los problemas que tiene España para recuperar sus equilibrios.
Ojalá no hubiera sido así, pero es y, en mi opinión, parece obligado revisar una situación que se ha convertido en un lastre para el ejercicio correcto del poder público.
Las bases del cambio constitucional capitaneado por ese Gobierno de gestión incluirían tal revisión. Mientras tanto, aprobará una Ley Orgánica que permita recuperar para el poder central la mayoría de las competencias transferidas, suspendiendo los organismos e instituciones autonómicas que las ejercen en la actualidad.
Se ganaría eficacia y se produciría una disminución inmediata de gastos en beneficio de una reducción significativa del déficit público. En su caso, el Tribunal Constitucional resolverá sobre la constitucionalidad de dicha Ley, que, repito, sería transitoria hasta que culminara la revisión constitucional.
Sistema crediticio
El volumen y el coste de la deuda pública, ambos crecientes, nos permiten afirmar que los compromisos asumidos no podrán ser cumplidos, porque nuestra estructura económica y fiscal, a diferencia de la de otros países más endeudados que nosotros, no va a permitir, en largo tiempo, generar recursos suficientes para ello, salvo que alguien piense que se puede sacrificar en el altar de la deuda la parte del león del gasto público, porque además de injusto no es realista.
Es verdad que nuestros prestamistas nos vigilan, como ha dicho el Gobernador del Banco de España, pero también el prestamista tiene que asumir riesgos, como es el caso. Si un gobierno español serio y decidido, con un plan de saneamiento creíble, plantease una renegociación en los términos usuales de quita y espera para disminuir el peso de la deuda, se vencerían las resistencias iniciales de cualquier prestamista que de verdad quiera cobrar.
Sin un sistema crediticio en funcionamiento resulta casi imposible pensar en la regeneración de la actividad económica. Nuestras entidades crediticias, o al menos la mayoría de ellas, siguen constreñidas por el enorme caudal de activos dañados e improductivos y la incertidumbre sobre la evolución de las operaciones de renegociación de deudas, cuyo volumen desconocemos, aunque seguro que es importante.
Por ello convendría dar un paso más, sacando de los balances del sistema crediticio aquellos activos, fundamentalmente inmobiliarios, de difícil recuperación en el medio plazo, para estimar las necesidades de capital que resulten de ello.
Como ha dicho un reputado economista, Luis Garicano, se podría apelar al Fondo de Rescate de la Unión Europea para cubrir tales necesidades de capital, que se presumen voluminosas, vistas las limitaciones de España para acometerlo en solitario. De esta forma, el sistema recuperaría el movimiento para desempeñar el papel que le corresponde en la economía nacional.
La labor a realizar por ese hipotético gobierno de emergencia nacional hasta las elecciones de 2012 comprenderá muchas otras materias, entre ellas una nueva electoral, pero no es la pretensión de este comentario enumerarlas; se trata de esbozar las columnas básicas de un proyecto que viene justificado por dos convicciones: la primera es que no se puede continuar sin enfrentar de raíz los problemas estructurales, políticos y económicos, que nos atenazan y la segunda demostrar que la democracia tiene vías y resortes para dar salida a las situaciones de emergencia sin tener que apelar a las viejas fórmulas autoritarias de las que España tiene experiencia.
Creo, para terminar, que lo propuesto puede parecer poco realista o utópico ante el proceso agudo de bunkerización del sistema, pero la penosa realidad española obliga a abrir un debate más profundo y de mayor enjundia que circunscribir los problemas a si hay que subir éste o aquel impuesto, si esta semana colocamos la deuda a menos precio que la anterior, si CiU gobernará en Cataluña (¿y qué?) o si el jefe del Gobierno, que es objeto de un excesivo y antidemocrático culto a la personalidad, comunica si se presenta o no a las elecciones.
España merece más y también puede más.
*Manuel Muela es economista.
TRIBUNA, Manuel Muela*
