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Antoni Castells i Oliveres es un hombre serio y sin duda cabal. Habla tranquilo y escucha, lo cual se agradece en un mundo en el que los políticos suelen estar pagados de sí mismos y hablan y hablan sin parar (casi como los periodistas).
Castells, sin embargo, es algo circunspecto. Probablemente porque desde hace muchos años escudriña las tripas del sistema autonómico, y eso obliga a tentarse la ropa antes de proferir palabra alguna. Sobre todo teniendo en cuenta que la financiación de las regiones ha acabado por convertirse en unarcano.
Conocí a un prestigioso economista autor de media docena de libros sobre la financiación autonómica -tochos de aquí te espero- que reconocía en privado su incapacidad para descifrar el sistema y sus consecuencias. Y algo similar sostiene el profesor Carlos Monasterio, otro prohombre de la financiación autonómica.
Como recuerda este artículo, el reparto de los recursos públicos entre las 17 comunidades autónomas es lo más parecido a un laberinto. Pero lo peor es que cada vez que se retoca, el cambio consiste en añadir un pasillo más al laberinto previo. Haciéndolo más complicado e ininteligible para el común de los mortales.
Esa complejidad del sistema puede explicar por qué Castells ha acabado por tirar por la calle de en medio y sin vacilar ha propuesto una imaginativa -y sencilla- fórmula para financiar parte del abultado déficit fiscal de Cataluña. Va a poner en circulación una especie de ‘bono patriótico’ que se distribuiráentre los particulares. A 1.000 euros la pieza y con un 4,75% de interés a un año. Una auténtica bicoca, dicen algunos.
Lo que no dice Castells es que ofrece esa rentabilidad porque Cataluña anda escasa de cariño, se entiende que por parte de los mercados. Y no es de extrañar tal frialdad a la vista de cómo ha funcionado la economía catalana desde que el señor Castells es conseller de Economía y Finanzas. No son ganas de fastidiar, pero algunos datos pueden ilustrar lo que se está hablando.
Cataluña, según datos de la propia Generalitat, mantiene un endeudamiento de 33.776,45 millones de euros, de los que ‘sólo’ 25.724 millones computan a efectos de la Unión Europea. Hay, por lo tanto, una partida importante que está fuera del circuito ‘oficial’, y que corresponde a las deudas generadas por las empresas públicas que no computan en términos SEC 95.
No se trata de una cantidad pequeña. Nada menos que 7.840 millones están fuera del control de Eurostat, lo que da idea del tamaño del problema. Pero si se suman otros 2.480 millones que deben las empresas públicas en términos de protocolo de déficit excesivo (SEC 95) estamos ante una cantidad verdaderamente importante. Las empresas públicas catalanas debían hasta el pasado 31 de marzo, 10.320 millones de euros.
Un considerable agujero
¿Para qué quiere ese dinero el gobierno catalán? No para afrontar una ambiciosa política de inversiones capaz de ensanchar el potencial de crecimiento económico. Muy al contrario, ese dinero se destinará a financiar gasto corriente
¿Mucho o poco? Si se confronta con otras comunidades es, sin lugar a dudas, una cantidad abultada. Incluso si se compara con lo que debe España, que como se sabe es algo mayor que Cataluña, estamos ante un agujero considerable.
La deuda de las empresas públicas estatales alcanza los 27.327 millones de euros, pero en esta cantidad se incluyen los números rojos de Renfe, Adif o Aena, que alguna presencia tienen en Cataluña.
Probablemente para el señor Castells aquella es una cifra poco importante, y eso justifica que el gobierno del señor Montilla pida más dinero a los contribuyentes-ahorradores.
Se dirá que no hay problema siempre y cuando el gobierno catalán tenga capacidad de devolver el dinero que pide prestado a los ciudadanos. Y es verdad que hoy por hoy no parece que la Generalitat vaya a entrar en bancarrota.
Surge entonces otra duda. ¿Para qué quiere ese dinero el Gobierno catalán? No vayan a creer que para afrontar una ambiciosa política de inversiones capaz de ensanchar el potencial de crecimiento económico.
Muy al contrario, ese dinero -entre 1.500 y 2.500 millones de euros- se destinará a financiar gasto corriente. O lo que es lo mismo: el objetivo persigue mantener un modelo de política económica que simplemente ha fracasado, como ponen de relieve algunos datos dignos de ser tenidos en cuenta.
La economía catalana crece menos que la media de España desde hace al menos una década. Y, lo que es todavía más relevante, no parece que haya sabido aprovechar el tirón que han experimentado los países exportadores en 2010 después del derrumbe del año pasado. Este año, Cataluña volverá a crecer menos que España.
Todo ello no sería un problema, o lo sería en menor medida, si a cambio de tan cuantioso endeudamiento se hubiera creado empleo. Por desgracia, la realidad indica que esta ingente cantidad de dinero ha servido para muy poco. Es decir, Cataluña no tiene ni puestos de trabajo ni hacienda pública solvente.
Tan magros resultados económicos se producen después de casi dos décadas en las que los distintos gobiernos catalanes (antes de CiU y ahora del tripartito) han condicionado la financiación autonómica del país de forma determinante, hasta el punto de que puede decirse que el proceso de transferencias se ha culminado gracias a la capacidad de presión de los diputados catalanistas en el Congreso de los Diputados.
O por decirlo de una manera más clara: el modelo se ha hecho a imagen y semejanza de lo que ha querido Cataluña.
A la vista de la experiencia, no parece que los distintos sistemas hayan funcionado muy bien. Sin duda que Castells, que ha anunciado que abandonará el Govern -gane o pierda el tripartito- tras las elecciones catalanas, tendrá tiempo para pensar en cómo salir del laberinto. Desde luego, parece bastante mejor economista que político.
-Carlos Sánchez - 15/10/2010
MIENTRAS TANTO, Carlos Sánchez
