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El PP denuncia que la propuesta de Chaves es una "bomba de relojería"
La Secretaría Ejecutiva de Política Económica y Empleo del PP ha analizado la propuesta de Chaves para regalar pisos en Andalucía. Entre sus conclusiones advierte que se trata de una "bomba de relojería para las finanzas andaluzas". Recuerda que afectaría cada año a más de 46.500 personas, generando "un problema irresoluble para los siguientes gobiernos". Alerta de un posible efecto llamada a inmigrantes y se pregunta por qué ha participado en el proyecto el Gobierno de Cataluña y no el Ministerio de Vivienda.
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Calculando que el salario medio en Andalucía es de 1.434 euros al mes, los populares advierten que la subvención de la administración alcanzaría una media de 300 euros al mes por comprador. Si el 93 por ciento de los andaluces cobra menos de 3.100 euros, cada año, el Ejecutivo andaluz tendría que subvencionar a más de 46.500 personas. Siempre y cuando, la medida no provoque un aumento de la demanda de compra de vivienda -algo previsible- en cuyo caso el número de subvenciones a conceder cada año sería mucho mayor.
No obstante, los populares se apoyan en sus cálculos para advertir que "el coste presupuestario del primera año es asumible". Algo que no sucede en años posteriores porque "al año siguiente se duplica y al siguiente se triplica y así sucesivamente". Tras una legislatura, señalan los populares, "se deberían casi 1.700 millones de euros, con un coste de 670 millones al año". Tras dos legislaturas, se deberían "6.000 millones con un coste anual de 1.300 millones". Los populares continúan sumando y concluyen que "en quince años, la deuda equivaldría a todo el presupuesto de un año de la Junta". Los populares también señalan en su informe que los cálculos están hechos manteniendo los tipos de interés constantes.
"Paradojas de la propuesta"
Tras los cálculos numéricos, los populares exponen una serie de conclusiones que titulan "Paradojas de la propuesta".
En primer lugar, señalan que la medida sólo se aplica a nuevos compradores. Esto supone que una familia que compró una vivienda previamente y que dedica, por ejemplo, el 70 por ciento de sus ingresos al pago de la hipoteca, no se puede acoger a esta medida. En caso de que "se le permitiese acogerse a la propuesta el coste de la medida se incrementaría de cinco a siete veces", advierten los populares.
Además, aseguran que con esta propuesta, "casarse en Andalucía sería una ruina". En su opinión, "al ser una ayuda familiar, siempre es mejor no revelar la convivencia y no sumar los dos sueldos" para poder optar a la subvención.
Otra de las paradojas que encuentran es el hecho de que el Gobierno de Cataluña haya colaborado en este proyecto y no lo haya hecho el Ministerio de Vivienda. Tampoco entienden que se "deje para desarrollo reglamentario que la Junta defina lo que es o no es un joven independizable". Además, En opinión del PP, esta propuesta creará un efecto llamada a inmigrantes.
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Prometer demagógicamente lo imposible, dividir a los ministros de Zapatero, acreditar ignorancia económica y dejar bien a Arenas: todo en uno.
7 de septiembre de 2007
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado una normativa que define como derecho personalmente exigible la vivienda, y que en concreto garantiza el acceso a pisos a las familias cuya renta no supere los 3.100 euros al mes. Desde 2008 y mediante el alquiler, el Gobierno regional de Manuel Chaves asegura que el esfuerzo para comprar una vivienda no superará un tercio de los ingresos familiares ni la cuarta parte en el caso del alquiler.
En números: ni se conocen. Quizás ochocientas mil viviendas de construcción pública y destinadas básicamente al alquiler, si se quisiese aplicar la ley andaluza. Pero ¿cuánto vale eso? Ni se sabe, y aunque se supiese no hay dinero en las arcas públicas de toda España para tal invento. Se trata de un escándalo político, económico y constitucional de tal calado que en el Partido Popular de Andalucía no saben si echarse a reír de risa o de pena, ante la noticia. Será interesante ver cómo queda en las encuestas Javier Arenas después de la que está cayendo.
Objetivo: las elecciones
Mariano Rajoy está a un punto de José Luis Rodríguez Zapatero en las encuestas más desfavorables para el PP; el PP de Javier Arenas quedó a ocho escasos puntos del PSOE-A de Manuel Chaves en las municipales del 27-M, y las ganó en las ciudades. Aquí no está en juego la vivienda, que los líderes socialistas ya tienen más que garantizada: lo que se debate es el poder, y además todo el poder, porque del voto de los andaluces depende su región y, en buena medida, toda España.
¿La vivienda preocupa a la gente? Parece que sí. Chaves no ha dudado un minuto en tirarse a una piscina en la que sabe que no hay agua, pero sí hay votos. Por otra parte, el ministerio de Carmen Chacón existe para lo mismo, para ganar voluntades, no para dar casas a nadie.
Lo ha explicado mejor que nadie Mariano Rajoy, diciendo que el asunto "se resume en que desde que puso [Zapatero] a María Antonia Trujillo al frente del Ministerio, la vivienda ha subido un 40%, el endeudamiento de las familias se ha duplicado, y por si eso no fuera suficiente, ahora han conseguido que se empiece a perder empleo en la construcción". El balance real del PSOE en vivienda es lamentable y el horizonte aterrador; el balance de tres décadas de gestión socialista en Andalucía son el hundimiento en el subdesarrollo y el asistencialismo. Frente a eso, y siendo año electoral, está clara la salida: prometer la luna y confiar en que los andaluces se lo crean para que Chaves y Zapatero conserven el poder. Si lo hacen, el núcleo de la promesa se incumplirá pero el despilfarro, sin duda, crecerá.
Resultado: Solbes contra Chacón, Zapatero contra Solbes
Carmen Chacón, ministra de Vivienda (recreado en 2004 y de actividad desconocida hasta el momento), está contenta por la idea andaluza y cree que todas las Administraciones Públicas, es decir la Central del Estado, las autonómicas y las municipales, deberían seguir el ejemplo. En los dos sentidos, es decir, la afirmación jurídica del derecho a la vivienda y su desarrollo mediante la promoción pública en masa de viviendas que abarate el precio de su compra y, sobre todo, alquiler. Sólo la Constitución de la URSS, y supongo que la de Mongolia Exterior y similares, reconocía un derecho similar desarrollado así. Seguramente a doña Carmen le gusta la idea de tomar como modelo post mortem la Unión Soviética, pero estaría bien que conociese cómo es la vivienda media en Rusia como resultado de setenta años de estos avanzados derechos sociales.
Pedro Solbes, ministro de Economía y (de momento) vicepresidente segundo del Gobierno, cree en cambio que "son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas, y aplicarlas significa restricciones económicas", y dice que no es partidario de "grandes leyes que den reconocimiento de derechos para toda la vida". Claro, don Pedro, claro; y si hablase usted con más claridad nos explicaría usted mejor por qué: por que no es legal, porque paralizaría el mercado español (o mejor dicho haría que España dejase de ser una economía de mercado) y, además, no hay dinero en el mundo para pagar esto. Al menos no lo hay en la cartera del Estado.
¿Van a subir ustedes los impuestos en toda España para que los votantes de Chaves estén contentos? Serían capaces de hacerlo. Nótese algo importante: Zapatero ha callado, y de ninguna manera ha avalado la prudencia verbal de Solbes. Su carrera electoral se libra contra el reloj económico.
Corolario: es una memez económica, así dicho
Javier Arenas ha definido la iniciativa una "cortina de humo" de la Junta, "cuyo único objetivo es tapar la pasividad" del Gobierno" ante el problema de los tipos de interés. Hombre, ciertamente el objetivo es disimular, pero quizás sea más preciso añadir que realmente estas medidas, además de ser electoralistas son indeseables. Rajoy ha andado más fino, al recordar que "el Gobierno vivió de la herencia y la inercia en materia económica: dilapidó la herencia que le dejó el Partido Popular, y no hizo nada". Claro, porque el problema no es en realidad que se regalen casas a la gente, sino que, sea cual sea el precio de este bien en el mercado, las personas tengan medios generados por su trabajo como para pagarlo.
¿Pueden hacerse promociones públicas de vivienda? La experiencia española es positiva al respecto, y José Luis de Arrese dio su primera casa a cientos de miles de familias en la España del botijo y las alpargatas. Ya. Pero no es lo deseable en una potencia económica moderna, es preferible que la gente pueda hacerlo por sí misma; y en todo caso al viejo Patronato se basaba en la iniciativa y la voluntad privadas, ausentes del proyecto soviético andaluz.
Apostilla: en una democracia occidental no es posible
Insistamos: no es "gasto social", sino una promesa que no tiene cabida en la realidad española de 2007. El Estado y sus autonomías pueden legalmente construir y promover viviendas, pero no pueden liquidar la libertad de mercado ni anular la propiedad privada. Construir cientos de miles de viviendas, y eso en una sola región, supondría alterar radicalmente el régimen del suelo y el del sector de la construcción, precisamente en el momento más delicado de éste. Implicaría expropiaciones en masa y estatificaciones por sistema, además de –recordemos- no solucionarse jamás el problema de la vivienda. Pero no es de locos: es de políticos sin escrúpulos que van a las elecciones.
