El funcionariado sale caro

VALOR AÑADIDO 11/11/2009

El funcionariado sale caro @S. McCoy - 11/11/2009

Entre las columnas de opinión más relevantes del pasado fin de semana, hay una que destaca sobre todas las demás. Es la firmada por Jordi Sevilla en el suplemento Mercados de El Mundo. En ella, el que fuera Ministro de Administraciones Públicas escribe su particular Carta a los Reyes Magos con las seis Reformas imprescindibles que, a su juicio, España necesita. A saber: sanidad, pensiones, educación, administraciones públicas, mercado de trabajo y modelo de crecimiento. Con independencia de las mayores o menores simpatías que genere su autor, se trata de un artículo interesante, de imprescindible lectura. Obviamente mi mirada se desplazó automáticamente hacia sus propuestas en la cuarta de las materias. Y es que a uno no deja de sorprenderle la clarividencia póstuma de la clase política, incapaz de ejecutar durante el ejercicio de sus responsabilidades lo que con tanta facilidad percibe una vez abandonado el poder. No fue ésta una excepción a tal paradoja. Así, afirmaba Sevilla que "(la reforma de la AA.PP.) debe hacerse con cuatro vectores simultáneos:  primero, reducción de las cargas burocráticas mediante un desarrollo profundo de la Ley de Acceso electrónico a la administración y el programa europeo de supresión de trámites;  segundo, mejora en la regulación y en la coordinación entre administraciones para evitar duplicidades;  tercero, aplicar de forma masiva planes de evaluación de la eficiencia del gasto público suprimiendo todo aquello que resulte escasamente útil, cuando no directamente inútil  y cuarto, cambios drásticos en el servicio público de justicia para que sea tal. Conseguirlo, exige involucrar a los empleados públicos, mediante un adecuado desarrollo del Estatuto, incluyendo los planes de prejubilaciones asociados a simplificaciones de estructuras administrativas".  ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité?, que cantara El Último de la Fila. Más allá de la autoridad del ex ministro para pontificar acerca de lo que debe hacer el titular de un sillón que le pertenecía hasta hace dos telediarios, lo cierto es que el socialista mete el dedo en la llaga y pone sobre la mesa la necesidad de racionalizar el sector público tanto geográfica u horizontalmente, deshaciendo parte del disparate autonómico y local actualmente en vigor, incluido su modelo de financiación, como verticalmente, exigiendo a la Administración los mismos criterios de eficiencia y racionalidad que se deben aplicar a la parte privada de la economía. En ambos casos, la figura del funcionario se sitúa en el ojo del huracán tanto por lo que respecta a su número, como por lo que hace referencia a la evaluación de su desempeño. En relación con esta cuestión, coincide en el tiempo la publicación en el apartado Carreras y Capital Humano del suplemento Negocios de El País, un artículo con el que comparte titular este Valor Añadido y que se hace eco de un informe sobre El Coste de la Administración Pública en España elaborado por la Escuela de Negocios EAE, institución académica perteneciente al Grupo Planeta y desconocida por mí hasta ahora. En su análisis, un tanto plúmbeo y que les adjunto en su totalidad, se pone de manifiesto, con base en datos fundamentalmente del INE y de Eurostat, cuál ha sido el crecimiento del empleo público en España en la última década (+32% contra -1,4% de la UE27, página 7), cómo ha aumentado su masa salarial por habitante (cerca del 60%, con uno de los mayores flujos migratorios hacia nuestro país de la Historia que afecta al denominador, página 10), el absurdo de que en los entes regionales el coste de personal administrativo multiplique por cuatro la inversión real en la economía (cuadro de la página 20), la correlación directa entre pobreza regional y dimensión y/o aumento de la clase funcionarial (a mayor número de funcionarios o crecimiento más acelerado, menor PIB regional, página 16) y una evaluación del sobre coste del empleo público sobre el privado que el autor cifra en un 23%, dato que no debe extrañar en una nación del mileuristas como la nuestra (cuadro de la página 12). Puesta negro sobre blanco tal realidad está previsto, recuerda la información de El País, que sea en el otoño de 2010 cuando se tramite la Reforma de la Ley de la Función Pública que, a su vez, desarrollará un Estatuto Básico del Empleo Público que aborde todos estos temas. Sin embargo, en un entorno de déficit como el actual no se entiende que, con el recorrido político que aún le queda a la Legislatura, no se tramite tal modificicación de forma inmediata, pese a su coste social. Los propios funcionarios deberían ser los primeros interesados. A día de hoy, se retrasa el pago de sus nóminas, se congelan sus salarios y prestaciones a fondos de pensiones, y son carne de cañón, probablemente imprescindible, para cualquier ajuste. En países como Irlanda, con una situación de desequilibrio fiscal y de creación reciente de puestos en la Administración similar al nuestro, no han dudado en aplicarles recortes salariales del 12,5%. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar... Se trata de una cuestión que antes o después estallará. Inevitablemente. Mejor actuar de forma preventiva que reactiva. Y no, no admite demora. Ahora bien, ¿quién es el valiente? Busquen, comparen y, si encuentran algo mejor, vótenlo. Viva el voto en blanco.

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