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El fiscal acredita regalos de al menos 7.393 euros de la red corrupta a Camps
Anticorrupción cree que los hechos pueden constituir un delito de cohecho - Hacienda destapa múltiples contratos de la Comunidad de Madrid a Correa
J. FERRANDIS / J. A. HERNÁNDEZ - Valencia / Madrid - 27/03/2009
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La fiscalía anticorrupción asegura en su escrito de conclusiones sobre la trama empresarial dirigida por Francisco Correa y vinculada a administraciones del PP que la investigación ha destapado la existencia, a través de diversa documentación, de unos pagos de al menos 7.393 euros en regalos de ropa al presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Francisco Camps, por parte de la red corrupta. Así se desprende del escrito de 18 folios fechado el pasado 18 de febrero y que forma parte del voluminoso sumario remitido por el juez Baltasar Garzón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el que debe decidir si admite a trámite la causa.
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El fiscal se apoya en facturas de la tienda y en la declaración del sastre de Camps
Por el momento no hay vínculos entre los regalos y los contratos a la trama
En el escrito, la fiscalía anticorrupción, que investigaba los hechos desde hace año y medio, señala que la sociedad propietaria del establecimiento donde la red corrupta adquiría ropa para el presidente valenciano ha aportado documentación que acreditaría el pago de al menos 7.393 euros.
La fiscalía añade a esta prueba la declaración prestada por José Tomás García, el responsable de ventas del establecimiento que se relacionaba directamente con Camps para tomarle medidas o mostrarle telas. Tomás, según el escrito de anticorrupción, confesó que Pablo Crespo, uno de los dirigentes de la trama corrupta -y ex alto cargo del PP gallego-, pagó a la tienda más de 2.000 euros por un esmoquin y un chaleco vendidos a Francisco Camps.
La documentación aportada por la tienda incluye otras facturas por 5.393 euros pagadas por Orange Market -empresa de la trama que hacía negocios con la Administración valenciana- donde se menciona expresamente a Francisco Camps. La fiscalía entiende que estos hechos, de acreditarse durante la instrucción judicial, serían constitutivos de un delito de cohecho sancionado en el artículo 426 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
El escrito de anticorrupción explica asimismo que, "por el momento", los regalos a Camps "no aparecen vinculados con la actividad de ninguna de las empresas de la trama". Garzón, en su escrito de inhibición, relacionó los regalos con los contratos que la trama empresarial consiguió de distintas consejerías de la Comunidad Valenciana.
El mismo documento de la fiscalía anticorrupción, donde se detallan las conductas supuestamente irregulares de tres diputados autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre; Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch), explica que la investigación ha recabado información de la Agencia Tributaria sobre estos implicados que sustentaría la acusación.
Además, el escrito de la Fiscalía remacha la intensa relación del Gobierno de Aguirre con la trama corrupta: "La información remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pone de manifiesto la elevada facturación de empresas del entramado investigado con la Comunidad Autónoma de Madrid y con los Ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla y Arganda del Rey en los años 2003 a 2007".
El PP ha destituido a los alcaldes de estos municipios -en el caso de Majadahonda, el imputado era ex alcalde y Aguirre le había colocado como gerente en una empresa autonómica-, aunque aún no ha tomado medidas contra los tres diputados autonómicos, que siguen ocupando su escaño en la Asamblea de Madrid. La Agencia Tributaria ha acreditado que la Comunidad de Madrid contrataba con hasta cuatro empresas distintas de la trama corrupta: Easy Concept, Good&Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico.
Un piso para el alcalde de Majadahonda
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala que Francisco Correa, el presunto jefe de la trama empresarial corrupta que durante los años de mandato en el PP de José María Aznar montó todos los eventos de este partido, "no declaraba por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas desde 1999".
La fiscalía explica que su investigación arrancó de la denuncia presentada por José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, que trabajó durante algunos años para Correa. Y que se fundamenta además en información facilitada por la Agencia Tributaria sobre las distintas empresas y dirigentes del entramado.
La primera denuncia plantea diversas irregularidades de una serie de empresas de la trama en relación con la contratación de la organización de eventos que tenían como "principales clientes a Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana".
Anticorrupción comenzó sus pesquisas, según cuenta en su escrito, con dos escenarios distintos:
- La posible adjudicación irregular de una Oficina de Atención al Ciudadano en Majadahonda a la trama corrupta y la entrega al entonces alcalde de esta localidad, Guillermo Ortega (PP), de un inmueble en pago por permitir un desmontaje de cableado.
- El supuesto pago de tres millones de euros al alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero (PP) dirigido a obtener la adjudicación de una promoción inmobiliaria.
La investigación descubrió que la promoción inmobiliaria fue adjudicada a una empresa de José Luis Ulibarri por tres millones de euros menos que la mejor oferta presentada al concurso.
