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Carmelo Criado, miembro del Grupo de Economía de la UPyD | ||
| 21 de noviembre de 2008 | ||
Cuando escribo estas líneas se encuentra en fase de tramitación parlamentaria la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio. Para el correcto entendimiento de lo que esto significa hay decir inmediatamente que el Gobierno no plantea la derogacióndel tributo como demanda el PP, sino sólo la eliminación de su gravamen. Algo así como castrar al impuesto su potencialidad impositiva y recaudatoria. Pero, aparte de tecnicismos, la supresión de este impuesto significa dos cosas importantes para cualquier ciudadano: un sistema tributario más injusto y regresivo y una pérdida de recaudación para las arcas del Estado –de las autonómicas, por tratarse de un impuesto cedido– de más de 2000 millones de euros (2.075 para ser exactos, según los últimos cálculos de la Agencia Tributaria). Y todo esto en medio de una descomunal crisis económica que, hasta hace prácticamente dos días, no reconocía el Gobierno de Zapatero. Una pregunta que deberíamos hacernos en estos momentos es si existe alguna posibilidad a estas alturas de que el Gobierno retire la supresión del impuesto en lo que resta de trámite en el Congreso y el Senado. Otra, más audaz y concreta, sería plantearnos la probabilidad de que el Gobierno admitiera finalmente una enmienda como la presentada por UPyD,por tratarse de la única entre todas las presentadas por los grupos políticos –como veremos más adelante– que responde al más puro sentido común de no suprimir el impuesto en estos momentos de crisis, pero sí modificarlo para que cumpla mejor su función tributaria y recaudatoria. Y es que estamos convencidos de que asistimos a un profundo cambio universal de conciencia política en cuyo vértice está la propia crisis económica y la cumbre del pasado 15 de noviembre en Washington, cambio que debe facilitar decisiones que antes parecían harto improbables o sencillamente imposibles. Una de ellas puede ser la de que el Gobierno comprenda que si bien la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio puede ayudarle a mantener y hasta ampliar su clientela electoral, va a complicarle enormemente la financiación autonómica (aún por pactar) y también la estatal (que se tramita en el Senado). Se dirá que se trata de sólo 2000 millones de euros, en números redondos, pero esta cifra –como se argumentará más abajo– puede duplicarse. De cualquier forma, tendremos una respuesta cuando el decreto ley de supresión culmine su recorrido parlamentario, presumiblemente antes de que finalice el año. UPyD propone elevar el mínimo exento a 500.000 euros Aludíamos más arriba a la enmienda presentada por Rosa Díez en nombre de UPyD. La única –hay que resaltarlo– que apuesta por mantener modificado el impuesto de marras. Se trata en esencia de una cuestión de justicia tributaria, para lo que es necesario que el impuesto dirija el "dardo" en la dirección correcta, esto es, hacia los patrimonios altos. En palabras de la propia Rosa Díez: queremos "elevar la cuantía a partir de la que debe tributar cada persona hasta 500.000 euros desde los 108.162 euros actuales. Se considera necesario mantener la tributación de los patrimonios altos para no perder progresividad –prosigue–, sin perjudicar a los patrimonios medios y pequeños". En el plano recaudatorio, se pretende salvar una fuente de ingresos necesaria para las comunidades autónomas (CCAA) en estos momentos de remarcada crisis, por tratarse –como hemos señalado– de un impuesto cedido a las mismas. Adviértase que, en este punto, surge para el Gobierno un problema añadido y peliagudo, pues algunos grupos políticos como CiU y el PP exigen en sus enmiendas que el Estado les compense la pérdida de ingresos que supondría la supresión del impuesto. A Pedro Solbes no paran de crecerle los enanos en este temible asunto de la financiación autonómica. No sólo va a renunciar a esos 2000 millones de euros del impuesto suprimido, sino que tiene que buscar otros 2000 millones más –¿de dónde sacarlos? – para transferirlos a las CCAA que se consideran damnificadas por esa supresión. Como dicen en algunos pueblos españoles, "de tenerlos (los millones) a no tenerlos va exactamente el doble". Lo que con este aserto se quiere dar a entender es que la pérdida de los 2000 millones de euros de recaudación del impuesto le va a suponer a las cuentas del vicepresidente económico un esfuerzo financiero total de unos 4000 millones de euros. No es broma, pues, los saque de donde los saque, ese dinero lo vamos a pagar injustamente entre todos los españoles, cosa que no ocurriría, como propone UPyD, con un impuesto de patrimonio en vigor, adecuadamente modificado, con el que contribuirían también, en su justa medida, los ciudadanos más ricos de este país. El PP quiere derogar del impuesto y que el Estado pague por los ricos Pero ¿qué dicen a este respecto las enmiendas que los demás grupos parlamentarios han presentado al decreto ley de marras? ¿Cuál es la postura política de estas formaciones?¿Qué decisiones han tomado al redactar sus enmiendas respecto a la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio?. De forma resumida las enmiendas presentadas quedan así:
UPyD es –como venimos argumentando– el único partido que quiere mantener el impuesto, pero introduciendo modificaciones en su actual articulado para hacerlo fiscalmente más justo. "No puede adoptarse la medida de supresión del gravamen –dice Rosa Díez en la justificación de la enmienda– amparándose en el mínimo beneficio que se deriva en la tributación de estos pequeños y medianos patrimonios cuando los realmente beneficiados son exclusivamente los grandes patrimonios". Más claro que el agua. |
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Publicado por VRedondoF para UPD-AO el 11/21/2008 07:47:00 PM
