UPD - RESUMEN PROGRAMA E.08

UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA UPyD
ELECCIONES GENERALES 2008
RESUMEN DEL PROGRAMA ELECTORAL
Este resumen compendia en un número limitado de puntos el programa completo disponible en www.upyd.es. Se ha prescindido de análisis y diagnósticos para clarificar las propuestas que consideramos de mayor relevancia política.

1 - REFORMA DE LA CONSTITUCION Y DE LA LEY ELECTORAL

1 – Cierre de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pasando al Estado las siguientes competencias estratégicas, exclusivas e intransferibles: Educación, Servicios y prestaciones sanitarias, Cooperación exterior, Planificación territorial, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

2 – Supresión de la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra.

3 – Supresión de la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales.

4 - Reforma del Senado para que sea una verdadera Cámara de representación territorial y negociación de los intereses de las Comunidades Autónomas.

5 - Adaptar la disposición transitoria 5ª sobre Ceuta y Melilla a su realidad jurídica actual como ciudades autónomas.

6 – Eliminar la distinción entre "nacionalidades y regiones", todas deben ser "Comunidades Autónomas y ciudades autonómicas".

7 - Suprimir el art. 3.3 CE que declara las lenguas cooficiales "objeto de especial respeto y protección", porque favorece las imposición y discriminación lingüística.

8 - Suprimir la segunda oración del art. 16 (libertad religiosa) apartado 3 CE, para dejarlo así: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". Nos comprometemos a impulsar el desarrollo de políticas dirigidas a la laicización progresiva del Estado.

Mejora de la separación de poderes

1 - El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe volver a los criterios de elección de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, para evitar que los partidos parlamentarios decidan su composición a través de sus jueces representantes.

2 - El Tribunal Constitucional pasará de 12 a 15 magistrados; los 3 nuevos magistrados los elegirá el Consejo General del Poder Judicial.

3 - El Fiscal General del Estado se elegirá por los mismos criterios (mayoría de 3/5 del Parlamento) que el Defensor del Pueblo.
Reforma de la Ley Electoral

1 - Modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, incrementando el Congreso en 50 diputados, hasta 400, para mejorar la proporcionalidad.

2 - Rebajar el mínimo de representación de dos a un diputado por circunscripción.

3 - La Comunidad Autónoma será la circunscripción electoral. Proponemos estudiar fórmulas para el Congreso de un distrito único a nivel nacional para la elección de una parte de sus 400 diputados.

2 - REGENERACION DEMOCRATICA

1 - Los poderes públicos deberán proteger la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos sin discriminación alguna, que sólo puede estar garantizada si dichos poderes adoptan una posición de neutralidad en cuestiones identitarias. En consecuencia, toda política orientada al adoctrinamiento en materia de identidad comunitaria –nacionalista, racial o religiosa- deberá considerarse una intromisión ilegítima de los poderes públicos en el ámbito privado y un atentado contra la libertad de pensamiento.

2 – Defendemos un bilingüismo natural y voluntario. Todas las lenguas deberán ser reconocidas en pie de igualdad en los territorios donde sean oficiales, sin que el uso de una u otra pueda ser motivo de discriminación en ningún ámbito, incluidos el educativo y el cultural. Se deberá respetar el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua oficial en la que deseen expresarse, tanto en el ámbito público como en el privado.

3 - Sustitución de los actuales acuerdos entre España y el Estado Vaticano por acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica española.

5 - Restauración de la acción popular para no dejar a la ciudadanía indefensa frente a numerosas violaciones de la ley, especialmente las cometidas o toleradas por los gobiernos. Ejercicio de la acción popular sin posibilidad de veto por parte de la fiscalía y ampliación de las materias en que pueda actuar.

6 - Implantación de sistemas electorales de listas abiertas y/o desbloqueadas que refuercen la autonomía de los parlamentarios respecto a las burocracias de los partidos.

7 - Reforzar la autonomía de los parlamentarios respecto a los dirigentes de sus partidos, reformando los reglamentos de las cámaras de modo que los parlamentarios dispongan de mayores recursos, puedan presentar mociones, y puedan presentar iniciativas (como enmiendas o preguntas) sin necesidad de autorización de su grupo.

8 – Proponemos la limitación de mandatos por ley, para estimular la renovación de las cúpulas políticas, a dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno.

9 - Elección directa de los alcaldes para prevenir pactos postelectorales que desvirtúen o tergiversen la voluntad ciudadana.

10 - Sistemas más rigurosos de incompatibilidades entre cargos públicos y negocios privados.

11 - Potenciar con mayores medios personales las fiscalías de medio ambiente y urbanismo.

12 - Medidas para evitar el clientelismo en la administración, como retribuir los altos cargos de libre designación de modo que nunca superen un porcentaje dado de los ingresos previos y demostrables del candidato.

13 - Democratización interna de los partidos instaurando la obligatoriedad de las elecciones primarias para nombrar los candidatos a los principales puestos de responsabilidad política. También se reforzará la protección judicial de los afiliados frente a expulsiones arbitrarias.

14 - Controles más rigurosos de la financiación de los partidos, buscando una mayor transparencia del sistema y aumentar su autonomía con respecto a los grandes poderes económicos.

15 - Crear órganos reguladores independientes de las telecomunicaciones, o reformar los existentes, para evitar favoritismos partidistas en las concesiones de licencias a los medios de comunicación privados. También deberán crearse defensores, con capacidad sancionadora vinculante, de los derechos de los consumidores frente a posibles arbitrariedades.

16 - Introducir restricciones y controles más estrictos de las campañas de publicidad institucional.

3 - POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES

1 - Reforma fiscal para conseguir una tributación menos gravosa para los salarios. Reducción de la presión fiscal por el IRPF al nivel de 2004 mediante la indexación generalizada de las bases impositivas.

2 - Convergencia en la tributación de las retribuciones salariales y no salariales.

3 - Simplificación del IRPF para aclarar el complicado entramado de deducciones y bonificaciones aplicables que generan distorsiones en el impuesto. Reducción del incentivo a la huída del IRPF de quienes pueden acogerse legalmente a la figura de persona jurídica y tributar su rendimiento por el Impuesto de Sociedades.

4 - Mejora de la tributación de los planes privados de pensiones.

5 - Establecimiento de objetivos de consolidación fiscal plurianuales.

6 - Modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para incluir una cláusula por la que el déficit permitido de acuerdo a la regla fiscal establecida no pueda financiar consumo privado sino, necesariamente, inversión pública.

7 - Creación de un órgano independiente y autónomo de fiscalización del gasto público, y de un órgano independiente de evaluación de las políticas públicas. Sus dictámenes serán remitidos al Parlamento.

8 - Reducción del gasto público corriente mediante la supresión de organismos innecesarios como los Ministerios de Vivienda y Cultura, en la Administración Central, y las Diputaciones Provinciales, en la Local, y de funciones superpuestas entre las diferentes Administraciones.

Trabajo y desempleo

9 - Reformas globales en el mercado de trabajo que permitan mejorar la relación de intercambio entre flexibilidad y seguridad y que no fomenten el intercambio de flexibilidad por estabilidad. Reducción de la intervención pública en las extinciones de empleo y de la excesiva judicialización de las relaciones laborales.

10 - Aumentar la eficiencia de la protección por desempleo con un mejor diseño de las prestaciones y de sus cuantías.

11 - Mejorar la estabilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo.

12 - Reestructurar la negociación colectiva, ligando más los incrementos salariales a la productividad.

13 - Creación de un organismo independiente de evaluación de las políticas públicas de empleo.

14 - Mejorar la flexibilidad horaria de los trabajadores.

15 - Introducir mayor competencia en el sector servicios, incluidos los servicios públicos.

16 - Asignación al Banco de España de la responsabilidad de establecer anualmente la previsión oficial de inflación.

17 - Promover una correcta liberalización de los mercados al tiempo que se mejora la regulación para evitar prácticas anticompetitivas y colusivas que se trasladen a incrementos de precios. Aumentar la capacidad sancionadora de los órganos supervisores de los mercados.

18 - Aumentar el gasto en I+D+i, favoreciendo la conexión entre investigación universitaria y empresa, para incrementar la productividad total de los factores.

19 - Atraer la inversión extranjera directa hacia los sectores de media y alta tecnología.

20 - Mejorar la equidad de la distribución de la renta tanto personal como espacial, reduciendo las elevadas diferencias que se observan tanto entre personas como entre comunidades.

21 - Eliminación de políticas demagógicas de reparto de prebendas a determinados grupos sociales, de utilización de las inversiones públicas para contentar a los partidos nacionalistas, o de creación de ayudas que benefician a unos pocos a costa de todos los demás que tienen que financiarlas.
Inversión en educación e investigación

22 – Para alcanzar el nivel promedio de gasto educativo de la UE, a lo largo de la legislatura habrá un incremento de ese capítulo equivalente al 0,25 por 100 del PIB anual.

23 - Atención singular a la Formación Profesional, con la actualización permanente de las materias que se imparten en función de los avances en la tecnología.

24 - Mejora en los medios y actividad de la Inspección de Trabajo. La plantilla  debe duplicarse, incorporando especialistas en higiene industrial, ergonomía, psicosociología laboral y medicina del trabajo.

25 - Establecimiento de prioridades y objetivos del Plan Nacional de I+D, para impedir que la política científica sea un sistema de reparto entre grupos de intereses.

26 - Creación de Nuevos Institutos de Investigación o Institutos asociados financiados básicamente mediante proyectos. Tras un periodo de cinco a diez años, las ayudas públicas a estos Institutos deben dar paso a la autofinanciación mediante contratos con terceros.

27 - Mejorar la financiación pública de los proyectos de I+D e innovación perfeccionando el sistema de incentivos fiscales a la I+D+i, desburocratizando su concesión y suprimiendo la intervención de la administración en la determinación de los proyectos que pueden ser objeto de desgravación.

28 - Favorecer la extensión de la sociedad de la información en España mediante la prestación de servicios públicos gratuitos de acceso a Internet vía Wi–Fi para favorecer la difusión del empleo de las tecnologías de la información, especialmente entre los jóvenes, sin afectar al mercado de prestaciones elevadas.

Comunicaciones e infraestructuras

29 - Completar la red de autovías, tanto por lo que se refiere a los ejes radiales, como a los transversales. Avanzar sustancialmente en la red de alta velocidad y altas prestaciones ferroviarias, completando los grandes ejes e iniciando la apertura de un eje transpirenaico central a través de Canfranc.

30 - Resolver la cuestión del agua y adoptar decisiones racionales en materia de planificación y ejecución de trasvases y otras obras hidráulicas, preservando la cobertura de las necesidades a largo plazo de las cuencas de origen y dando satisfacción a las carencias de las cuencas de destino.

Regulación de mercados

31 - Reforma de los órganos reguladores del mercado para fortalecer su autonomía y profesionalidad. El Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones deben integrarse por profesionales altamente cualificados con amplia experiencia. Su mandato no debe ser renovable, a la vez que su duración deba
superar la de una legislatura. Su selección se hará por mayoría cualificada del Congreso de los Diputados entre candidatos sometidos a un examen previo de idoneidad y que no hayan sido vetados por al menos cincuenta diputados.

32 - Incremento de la competencia en el mercado interior mediante la supresión de trabas administrativas en los sectores del taxi, transporte de viajeros y oficinas de farmacia. Supresión de los acuerdos sobre honorarios en los Colegios Profesionales, singularmente entre los Registradores y Notarios.

33 - Ampliación de los horarios comerciales en orden a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

34 - Supresión de los obstáculos a la movilidad geográfica de los trabajadores derivados de las exigencias del conocimiento de los idiomas regionales como mérito preferente en el acceso a los empleos del sector público o de las empresas concesionarias de servicios públicos, así como de las normas discriminatorias sobre ayudas públicas en razón del lugar de nacimiento de los solicitantes.

35 - Aligerar y acelerar los procedimientos necesarios para crear una empresa hasta converger con modelos como el de Dinamarca, donde la creación de una empresa sólo requiere tres trámites que se realizan en cinco días. Creación de un sistema de registro de empresas en el que la carga probatoria recaiga en las Administraciones Públicas, de manera que sean éstas las responsables de verificar el cumplimiento de los diversos requisitos exigidos en cada momento por la Ley. Rebaja de las tasas a pagar en este proceso, reducción del número de trámites y de la excesiva dilación temporal que implica el registro mercantil y la obtención de la licencia municipal.

36 - Creación de una Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas con competencia sobre la supervisión de las licitaciones de obras y contratos a proveedores, para evitar las prácticas proteccionistas en el ámbito autonómico.

Apoyo a las familias

37 - Atención a los problemas de las familias incrementando la oferta de escuelas públicas infantiles o mediante conciertos con el sector privado hasta completar la demanda estimada en 1.570.000 plazas, para lo que será necesario crear medio millón de plazas anuales.

38 - Potenciar el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo, y flexibilización de los horarios comerciales y de los horarios de apertura de los centros escolares. Revisar los períodos de vacaciones escolares para adaptarlos mejor a las vacaciones laborales.

39 – Incrementar el 45 por ciento de la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social hasta el 75 por 100, a cargo del empleador por la contratación de cuidadores para familias numerosas, siempre que los dos ascendientes o el ascendiente ejerzan una actividad profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados para trabajar, salvo categoría especial. Se incluye en la bonificación a la asistencia a
mayores de 75 años.

40 - Permiso de paternidad obligatorio de cuatro a seis semanas y posterior al parental actual que habitualmente se suele escoger por la madre, para evitar que se identifique este permiso con un coste para el empresario por contratar mujeres.

41 - Reforma del concepto de familia numerosa teniendo en cuenta las situaciones de dependencia, de manera que incluya las familias en las que convivan con los ascendientes dos o más hijos, o bien los abuelos en situación de dependencia siempre que su renta sea inferior al salario mínimo.

42 - Generalización de la percepción de prestaciones familiares por hijos a cargo a todos los asalariados dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social o a los funcionarios públicos.

43 - Reducciones fiscales para las familias. Exención fiscal sobre los actos jurídicos documentados y reducción de los aranceles notariales en las operaciones de conversión de créditos hipotecarios a tipo variable a créditos a tipo fijo.

44 - Atención a las situaciones de especial vulnerabilidad: en los casos de riesgo de pobreza o exclusión social, desarrollo de programas de acogida, formación y mejora de las condiciones sanitarias de inmigrantes en situación de desempleo, drogodependientes, mendigos y madres gestantes en dificultad social. Apoyo financiero a los centros de servicios orientados a la atención de personas marginadas atendidos por instituciones privadas sin fines de lucro.

Violencia doméstica

45 - Ampliación de las casas de acogida y otros servicios de atención y alojamiento temporal de mujeres maltratadas, o ancianos y menores de edad en similares circunstancias. Prestación de asistencia letrada gratuita, así como tratamiento psicológico.

46 - Juicios rápidos para dictar las órdenes de alejamiento previstas en la Ley de Violencia de Género, tipificando como delito su incumplimiento. Se reformará la ley para poner fin a la discriminación que implica el establecimiento de penas diferentes en función del sexo del agresor. En la medida en la que pueda disponerse de recursos policiales se establecerá la protección de las personas amenazadas.

Pensiones y jubilación

47 – Preservación del Pacto de Toledo para el sistema de pensiones, evitando cualquier reforma no acordada mediante consenso de las fuerzas políticas y sociales.

48 - Cambios en la edad de jubilación, dejando libre la opción a que los trabajadores puedan prolongar su vida laboral por encima de los 65 años y hasta los 70, a tiempo completo, o los 75, a tiempo parcial. O bien se jubilen a los 65 años voluntariamente.
Eliminación de los sistemas de jubilación anticipada, excepto para los parados de larga duración. Incremento de los techos de cotización a la Seguridad Social y paralelo aumento de las pensiones máximas.

49 - Aumento de las pensiones en los casos de viudedad hasta el 90 por 100 de la pensión a la que tendría
derecho el cónyuge fallecido.

50 - Equiparación de las pensiones mínimas no contributivas al salario mínimo.

51 - Incrementar los recursos destinados a dar cumplimiento a la Ley de Dependencia de manera que, al finalizar la legislatura, se alcance un grado de cobertura del 75 %.

Vivienda

52 – Política de Vivienda: mayor liberalización del mercado de suelo: la construcción debe ser libre, salvo las restricciones que establezcan los planes municipales en cuanto a los usos ambientales, patrimoniales, colectivos o de desarrollo urbanístico, soportando los agentes urbanizadores la realización de las infraestructuras y equipamientos de manera previa a la construcción de las viviendas. Las Administraciones Públicas establecerán los topes de edificación y los plazos máximos para edificar, perdiéndose la facultad de edificar cuando se superen éstos.

53 - Supresión o, en su caso, reducción del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos con el fin de eliminar los incentivos al racionamiento de la creación de suelo urbanizable.

54 - Las VPO se destinarán exclusivamente al alquiler, creándose por los Ayuntamientos servicios u oficinas de gestión de los alquileres. Asimismo, los Ayuntamientos constituirán Parques Públicos de Viviendas de Alquiler y se establecerá un procedimiento para la coordinación y el intercambio de información sobre dichos
Parques a fin de facilitar la movilidad geográfica de los ciudadanos.

55 - Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Procedimiento Civil para agilizar el desahucio en caso de impago de los alquileres.

Inmigración

56 – Revisión de la Ley de Extranjería para mejorar el tratamiento de los inmigrantes extracomunitarios en materia de permisos de trabajo y de residencia; ampliar el cupo de extranjeros a cifras realistas de acuerdo con la oferta de puestos de trabajo, singularmente los de mayor cualificación; establecer la igualdad de derechos sociales y políticos de los extranjeros con respecto a los ciudadanos españoles, condicionada a la
reciprocidad del tratamiento de los españoles en los respectivos países; declarar la improcedencia de las operaciones extraordinarias de regularización.

57 - Creación de un Servicio Nacional de Integración de los Inmigrantes que gestione, en cooperación con las Administraciones Locales, la oferta de información de interés para los inmigrantes de las distintas nacionalidades, la realización de cursos gratuitos del idioma español y de cultura española, la formación complementaria para la integración de los menores en el sistema escolar, el apoyo a las asociaciones de
inmigrantes y el asesoramiento en todo tipo de cuestiones relevantes.

58 - Modificación del marco legislativo de la expulsión de extranjeros para facilitar y acortar los plazos de expulsión de los que hayan cometido delitos o faltas que no impliquen su ingreso en prisión.

59 - Reconocimiento del derecho a la residencia a los cónyuges e hijos de los extranjeros fallecidos en accidentes de trabajo.

Financiación de las Comunidades Autónomas

60 - El privilegio vasco y navarro en materia de financiación debe ser corregido mediante un cálculo correcto del Cupo y la Aportación. La metodología del Cupo Vasco supone una infravaloración de 2.060 millones de € anuales en la cantidad que el País Vasco debe pagar al Estado. En cuanto a la Aportación de Navarra, estimamos una infravaloración de 644 millones de € anuales.

61 – Revisión de las normas jurídicas que regulan tanto el Concierto Económico de ambas Comunidades Autónomas, como las metodologías respectivas del Cupo y la Aportación. En esa revisión se oirá el informe que puedan emitir los aludidos Gobiernos autonómicos, pero en ningún caso se someterá a un pacto negociable el tratamiento equitativo en el orden financiero del País Vasco y Navarra con relación a las demás
Comunidades Autónomas.

62 - Catálogo común de prestaciones en educación, sanidad, cultura y servicios sociales para todas las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la población existente y sus características demográficas. Dicho catálogo debe considerarse abierto y sujeto a revisión bianual, en función de los cambios que experimenta la sociedad y la tecnología.

63 - La financiación de las prestaciones incluidas en el catálogo común se realizará mediante una cesta común de impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas incluye el 50% del IRPF, el IVA y los impuestos especiales. La reversión al Estado de cualquier competencia se compensará con una reducción en el porcentaje cedido del IRPF. La gestión recaudatoria de los impuestos cedidos corresponderá al Estado a través de la Agencia Tributaria.

64 - Las Comunidades Autónomas podrán establecer sus propios impuestos, tal como está reconocido actualmente, añadiendo nuevas figuras impositivas de carácter medioambiental, así como tasas sobre la prestación de servicios, incluyendo los de carácter sanitario.

65 - Fondo de Compensación Interterritorial para financiar inversiones con fines de desarrollo regional en las
Comunidades Autónomas más desfavorecidas. Desarrollo de las exenciones fiscales y otros apoyos al desarrollo en los territorios más desfavorecidos.


4 – EDUCACION

1 - Devolución al Estado de las competencias en educación para garantizar un sistema educativo nacional unitario, compatible con la estructuración de España en comunidades autónomas, que seguirán desempeñando tareas de gestión y mantendrán algunas competencias en este terreno, pero siempre de acuerdo con el principio de un plan de estudios básico igual en todas ellas.

2 - Reconocimiento legal del derecho a la escolarización en las correspondientes lenguas maternas oficiales en las comunidades bilingües, y desarrollo de sistemas educativos bilingües a lo largo de toda la escolarización obligatoria, para que ambas lenguas oficiales sean adecuadamente enseñadas y aprendidas.

3 - Aprobación parlamentaria de un Pacto de Estado por la Educación, suscrito por los principales partidos parlamentarios con el apoyo de los estamentos y entidades educativas, que garantice la estabilidad básica de la legislación educativa durante un tiempo razonable de al menos 20 años.

4 - Desarrollo legal de la autoridad del profesorado, que deberá tener la condición de representante de los poderes públicos.

5 - Ley de Financiación de la Enseñanza que garantice la dotación al sistema de los medios humanos y materiales necesarios.

6 - Control administrativo en los criterios de admisión del alumnado en los centros públicos y concertados, protegiendo en lo posible el derecho de los alumnos a elegir.

7 - Educación laica para respetar todas las creencias compatibles con la democracia. En esta línea, apoyamos la asignatura de la Educación para la Ciudadanía, cuyos contenidos deberán ser consensuados dentro del Pacto de Estado por la Educación. En cualquier caso, la educación religiosa que pueda impartirse en centros públicos, de acuerdo con lo que pueda prever el Pacto de Estado por la Educación, se desarrollará fuera del horario escolar y no será evaluable.

8 - Supervisión pública del contenido de los textos escolares para garantizar que sean básicamente iguales en lo esencial, congruentes con el plan de estudios y coherentes con los valores éticos y políticos de la democracia.

9 - Enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años con dos itinerarios básicos: un Bachillerato sólido y riguroso, considerablemente más largo que el actual y empezado a edades más tempranas; Formación Profesional que también dará lugar al título de educación secundaria al finalizar los estudios, haciendo posible el acceso a la universidad.

10 - Eliminación de la promoción automática –paso de curso sin aprobar un número debido de asignaturas- y revalorización normativa del esfuerzo, la disciplina y el respeto mutuo.

11 - Reforma del acceso a la profesión de profesor de Enseñanza Secundaria que sustituya al CAP y los másteres previstos actualmente. Para opositar a profesor de instituto no se exigirá más que el título de licenciado. La formación del profesorado será posterior al Grado y consistirá fundamentalmente en el ejercicio remunerado de la docencia durante uno o dos cursos bajo la supervisión de profesores con experiencia y
competencia acreditada.

12 – Racionalización de los criterios de reconocimiento de méritos para acceder a plazas de profesorado, que deben basarse en la excelencia académica.

Universidad

13 - Establecer, en diálogo con las Universidades, un catálogo oficial de titulaciones, cuyos contenidos, con las variaciones imprescindibles, sean determinados por comisiones de expertos en los diversos ámbitos científicos.

14 - Los planes de estudio se diseñarán de acuerdo con el contenido objetivo de los ámbitos de conocimiento respectivos en su estado actual. La inmediata empleabilidad del titulado no puede ser el criterio primario que rija todo.

15 – Liberar la reforma universitaria del esquema pedagógico que prima habilidades, competencias y destrezas sobre la adquisición de conocimientos objetivos. Es imprescindible delimitar el contenido exacto del crédito europeo y sus equivalencias con el crédito actual, lo que no requiere directrices pedagógicas determinadas.

16 - Dotar un sistema de becas y créditos suficiente que permita al estudiante emplear realmente en su trabajo las horas que el crédito europeo le exige.

17 - Establecer procedimientos para que la comunidad universitaria, a la vez que se somete al control externo, pueda, a su vez, exigir responsabilidades y participar en la elaboración de los criterios por los cuales va a ser enjuiciada su labor y en la selección del personal de las agencias (ANECA y otras). La selección debe seguir en cualquier caso criterios de excelencia libres de ingerencias partidistas y burocráticas.

18 - Sistema mixto de habilitación y acreditación para la selección del profesorado universitario.

19 – Refuerzo de los criterios de ingreso en la Universidad, reclamando el conocimiento de alto nivel de una lengua extranjera, preferentemente el inglés, y pruebas específicas en aquellas titulaciones que las estimen necesarias.

20 – Impulso de la investigación básica, necesaria para el desarrollo de la aplicada, y máxima flexibilización de la rígida estructura de incentivos para la investigación ahora vigente. El profesorado investigador tiene que ser remunerado específicamente por dedicarse a esta tarea.

21 - Conversión de los contratos laborales anuales del Programa Ramón y Cajal y similares en contratos de duración indefinida en condiciones profesionales y laborales homologables a las del resto del profesorado.

5 - POLITICA EXTERIOR

1 –Creación de un Ministerio de Cooperación Internacional y desarticulación de las agencias de cooperación internacional de las Comunidades Autónomas, porque ésta debe ser una competencia exclusiva del Estado.

2 - Ratificación del Tratado de Lisboa sobre la reforma de la UE y su entrada en vigor el 1 de enero de 2009, antes de las elecciones al Parlamento Europeo de ese mismo año. Apoyamos que los partidos concurrentes nombren candidatos al puesto de Presidente de la Comisión Europea. Se debe reforzar el papel del Parlamento Europeo en la toma de decisiones en la UE.

3 – Refuerzo de las relaciones estratégicas con Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, y apoyo al desarrollo de una política bilateral estrecha con los 27 países miembros de la UE.

4 – Turquía: apoyamos el proceso de reformas y de homologación del Estado turco con los parámetros democráticos de la UE, así como el proceso de negociación con la UE iniciado en 2005.

5 – Kosovo: apoyamos el respeto de las fronteras internacionales reconocidas, estamos contra la independencia unilateral de esa región y, tras producirse éste, planteamos la retirada de las tropas españolas.

6 – Afganistán: apoyamos el reforzamiento del contingente español, asignado a la misión de la OTAN desplegada bajo mandato de la ONU.

7 – Oriente Medio: apoyamos el establecimiento de un Estado Palestino democrático independiente, en paz interna, con Israel y con sus demás vecinos. Congelación de las donaciones a instituciones controladas por el movimiento integrista Hamás.

8 – Irak: rechazamos las llamadas a la partición en base a las actuales divisiones étnicoreligiosas entre chiíes, sunníes y kurdos.

9 - Relación con EE.UU: abogamos por un acercamiento a Estados Unidos públicamente escenificado para
superar las heridas abiertas por las acciones de la administración Bush y del gobierno de Zapatero.

10 - Cumbres Iberoamericanas: revisión de su papel para que no sean escaparate al servicio de líderes controvertidos que las manipulan a su antojo. Abogamos por desarrollar en este campo, y especialmente ahora, una política exterior clara que exija el respeto a las reglas democráticas y a los Derechos Humanos.

11 - Apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas españolas que quieran invertir y comerciar en América Latina. Las relaciones con América Latina deben abandonar actitudes paternalistas y asumir el carácter propio de acuerdos entre socios responsables.
La seguridad jurídica debe ser la base de las relaciones comerciales y políticas entre los Estados de América Latina, por un lado, y España y la propia UE, por otro. En las negociaciones de Libre Comercio con América Latina, queremos reforzar el liderazgo de España en la UE en lo referente a la relación política con la región, y retomar el desarrollo y la sostenibilidad como ejes centrales de las negociaciones. Apoyamos la transferencia de tecnología para desarrollar las economías y sociedades de los países latinoamericanos.

12 – Africa e inmigración: creación dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de un departamento exclusivo dedicado a África, con subcategorías especializadas en el desarrollo humano sostenible de estos países, la organización de los flujos emigratorios y el desarrollo de la democracia, la paz y el comercio. Política pro-activa para intentar prevenir situaciones que contribuyan al aumento de los flujos migratorios desordenados, y para impulsar políticas que permitan una cooperación política, económica y comercial
más equilibrada.

13 – Marruecos: apoyamos el mantenimiento de lazos sólidos basados, sin embargo, en el completo respeto al marco constitucional español, con el consiguiente fin de las reclamaciones sobre Ceuta y Melilla. Apoyaremos el uso de la "cláusula democrática" para, en caso extremo, revocar los acuerdos firmados entre la UE y Marruecos si Rabat no renuncia a sus reivindicaciones expansionistas sobre los territorios españoles en el norte de África. Buscaremos además la apertura de aduanas comerciales para Ceuta y Melilla.

14 –Sáhara Occidental: rechazamos los Acuerdos de Madrid firmados con Marruecos y Mauritania aprobados en noviembre de 1975 por las Cortes de la Dictadura. Reiteramos la valía de la Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el derecho a la independencia de las colonias, y la valía de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de octubre de 1975 sobre el Sáhara Occidental, donde se
defiende el derecho a la autodeterminación del pueblo del Saharaui. Apoyamos la celebración del referéndum de independencia propuesto por la ONU. Promoveremos el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) si Marruecos sigue bloqueando la celebración del referéndum.

15 - Asia: reforzar el papel de España en los países asiáticos, apoyando el desarrollo de instituciones democráticas en los países de la zona en transición. Especial atención a las relaciones con China, que favorezca las posibilidades de las empresas españolas en ese país al tiempo que se busca desarrollar un dialogo que permita reforzar la defensa de los Derechos Humanos.

16 - Oceanía: reforzamiento de los vínculos políticos, económicos, comerciales y culturales con Australia y Nueva Zelanda.

Organizaciones internacionales


17 - Las más relevantes para España son la ONU, la UE, el Consejo de Europa, la OTAN y la OSCE. Queremos reforzar el valor de los mecanismos multilaterales a los que España pertenece, popularizando su
importancia en la sociedad.

18 – OTAN: reforzar la actuación española en el seno de la Alianza, que se ha transformado en un sólido instrumento de cooperación política.

19 - Reformas de carácter democrático en el funcionamiento de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el propio Consejo de Seguridad de la ONU.

Terrorismo internacional y crimen organizado

1 - La política exterior española debe servir de puente para crear iniciativas coordinadas con distintos países, entendiendo que el terrorismo y el crimen organizado suponen una amenaza común y sin fronteras. La lucha contra ETA y Al-Qaeda es un claro ejemplo de ello. Las redes terroristas internacionales se nutren de los ingresos derivados de actividades relacionadas con el crimen organizado, tales como el tráfico de armas y de
drogas, y el tráfico de Seres Humanos, entre otras.

2 - Reforzamiento de agencias internacionales como EUROPOL, INTERPOL, FRONTEX, SECI, MARRI, etc. La política exterior española debe reforzar la colaboración con distintos organismos y Estados para hacer de la derrota del terrorismo y del crimen organizado la meta común a conseguir.

Migraciones

1 – Se debe desarrollar una política exterior activa en relación con los países de origen desde donde las grandes líneas migratorias se dirigen a España: Sudamérica, África, Oriente Medio y ciertas regiones de Asia son áreas primordiales. La política exterior debe ser un instrumento para ayudar a regular en lo posible los flujos migratorios, en coordinación y colaboración con los países en desarrollo y de origen, y combatir
conjuntamente las mafias que transportan emigrantes de manera ilegal.

2 – Proponemos desarrollar una política migratoria en el marco de acuerdos bilaterales que vayan más allá de la aplicación de un nuevo sistema de visados, e incorporen medidas que garanticen el fortalecimiento institucional en los países de origen; articular medidas junto con el resto de la UE; considerar el impacto de la fuga de cerebros en los países de origen, y establecer códigos de conducta que eviten la descapitalización
acelerada de las sociedades de origen, desarrollando compensaciones o planes de retorno y circulación de los trabajadores; firmar y ratificar la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus familias.

Cooperación internacional al desarrollo

1 - Reformar la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), desvinculándola del Ministerio de Asuntos Exteriores, reduciendo las interferencias políticas al mínimo posible, favoreciendo la profesionalización de expertos y cooperantes en este campo, desarrollando objetivos de desarrollo a largo plazo, e imponiendo sistemas independientes de evaluación/auditoría que permitan valorar de manera objetiva el resultado/impacto/beneficio de los proyectos.

2 – Creación de un Ministerio independiente de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y desmantelamiento de las distintas agencias autonómicas de Cooperación Internacional, defendiendo este campo como exclusivo del Estado.

6 - TERRORISMO, SEGURIDAD Y DEFENSA


1 - La política antiterrorista requiere un cambio radical. Con respecto a ETA, su objetivo debe ser su derrota, y el gobierno debe renunciar a cualquier diálogo de carácter político con ella. Deben adoptarse medidas que perfeccionen el marco jurídico y tomen en consideración los aspectos políticos del terrorismo, además de luchar contra su financiación. Todo en el marco de un nuevo pacto de Estado al que puedan adherirse todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de carácter democrático.

2 – Reforma del Código Penal para calificar los crímenes terroristas como crímenes contra la humanidad, declarando así su carácter imprescriptible y su sometimiento a jurisdicción universal.

3 - Reforma de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo para agilizar las actuaciones referidas al empleo de fondos públicos en la financiación de organizaciones terroristas o vinculadas con ellas.

4 - Ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV). En el caso de ANV, la ilegalización debe acompañarse de la disolución de los 44 ayuntamientos que controla esta organización.

5 - Revisión de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo con objeto de extender sus ayudas y reconocimiento a las víctimas recientes, revisar las cuantías de las indemnizaciones por responsabilidad civil y reforzar las ayudas a las organizaciones y asociaciones de víctimas.

Seguridad

1 – Homologación progresiva de las retribuciones de las fuerzas de seguridad del Estado –Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil- con las de las policías autonómicas, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra, y policías locales.

2 - Mejorar la situación de los suboficiales de la Guardia Civil, y resolver las trabas y obstáculos que impiden a los jefes de unidad conciliar la vida laboral con la familiar.

3 - Resolver definitivamente la coordinación de cuerpos policiales y del intercambio de información a tiempo real, mediante la instauración de un Mando Unico auténtico, también con autoridad sobre las policías autonómicas.

4 – Desmilitarización del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que debe converger paulatinamente con el de los demás cuerpos policiales. Avanzar en la unificación de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en un cuerpo único.

5 – Instalación de cámaras en las dependencias policiales para grabar, bajo control judicial, los interrogatorios a los detenidos, previniendo la comisión de malos tratos físicos y psicológicos, que en caso de producirse deben ser juzgados y sancionados severamente. En el mismo sentido, reforma del Código Penal para considerar delito las denuncias falsas de torturas o malos tratos en dependencias policiales.

Defensa

1 – Aumento progresivo del gasto en defensa para conseguir la homologación de las retribuciones de los profesionales de las Fuerzas Armadas con los de técnicos comparables de la Función Pública del Estado, y para la dotación adecuada de equipos y medios materiales cumpliendo los estándares exigidos por la OTAN.

2 - Conversión de los puestos de soldados y marineros profesionales en ocupaciones atractivas y laboralmente dignas, orientada a la articulación, por Ley Orgánica, de una carrera profesional militar completa, integrada y definitiva.

3 – Regulación del Derecho de Asociación para los profesionales de las Fuerzas Armadas. Homologación del Código Penal Militar con el Código Penal en aquellos artículos y procedimientos que puedan implicar discriminación injustificada o menoscabo de los derechos constitucionales.

7 - SANIDAD

1 - Recuperar como competencia exclusiva del Estado la determinación de la cartera de servicios y prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos de España y la garantía de igualdad de las prestaciones
sanitarias en cualquier parte del territorio nacional.

2 - Impulsar medidas legislativas que homogenicen aspectos básicos de la relación jurídica del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

3 - Procurar un marco retributivo común básico, respetando aquellas diferencias que tiene su justificación en la distinta dedicación al sistema o en factores relacionados con pactos de objetivos o la implantación de sistemas de carrera y desarrollo profesional.

4 - Profesionalizar la gestión técnica de los recursos sanitarios, promoviendo medidas tendentes a la regulación del estatus del personal formado en el área de gestión sanitaria, dando estabilidad y continuidad al ejercicio de sus funciones, minimizando al máximo el impacto que sobre las mismas tienen los cambios políticos cíclicos, aplicando criterios profesionales y técnicos en la valoración de la gestión sanitaria.

8 - CULTURA

1 - Corregir la excesiva trama de subvenciones a iniciativas privadas sostenidas con fondos públicos, incentivando la utilización de las infraestructuras culturales y un mayor compromiso empresarial de las productoras, sustituyendo las subvenciones públicas por créditos blandos y/o subvencionados, o por incentivos en los gastos de establecimiento y compromiso fiscal.

2 - Acentuar el carácter de coordinador ínter-agencias del Gobierno central para optimizar los recursos puestos a disposición de las distintas Comunidades Autonómicas.

3 - Propugnar una fiscalidad específica para la actividad cultural que consiga un proceso de armonización de las rentas irregulares propias de los autores y artistas.

4 - Proyectar la lengua española en el mundo, activando los recursos del Instituto Cervantes para potenciar su actividad de producción y exhibición de bienes y servicios culturales en español, promoviendo la presencia del español en Internet y redes de telecomunicación.

5 - Medidas para potenciar el binomio Turismo-Cultura, en coordinación con las diferentes autoridades competentes en materia de turismo, grupos empresariales y con las Comunidades Autonómicas.

6 – En los medios de comunicación públicos, adopción del modelo de televisión pública educativa y formativa. Potenciar el acceso a Internet como herramienta de información y trabajo dentro del ámbito educativo y cultural. Atención preferente a la programación de TVE Internacional, y digitalización del fondo audiovisual de RTVE y acceso libre a sus recursos.

7 –Desarrollo de nuevas leyes específicas sobre Mecenazgo y Fundaciones. Creación de la Ley de la Música y
la Ley del Teatro. Plan de Garantías Sociales para profesionales del arte y la cultura, equiparando las prestaciones sociales a las del resto de autónomos y trabajadores por cuenta ajena.

8 - Nueva Ley de Propiedad intelectual que incluya medidas legislativas, formativas, de cooperación internacional y policiales en la lucha contra la piratería.

15 – Derogación del actual Canon Digital y sustitución por otro sistema que, sin penalizar universalmente a los usuarios con una tasa injusta por productos que no consumen, garantice a los creadores y gestores de la propiedad intelectual la debida retribución por los productos y servicios consumidos a través de las nuevas tecnologías de comunicación y reproducción, gestionada por un organismo público.

9 – MEDIO AMBIENTE

1 - Políticas del Agua: el agua, un bien escaso, debe ser reconocido como recurso estratégico de primer orden. Se reforzará el papel de las Confederaciones Hidrográficas frente a las presiones excesivas de las Comunidades Autónomas. Control exclusivo por parte del Estado de cualquier competencia hidráulica. Políticas de ahorro, de equilibrio inter e intracuencas y ordenación y regulación conjunta de cuencas. Los transvases dentro de la misma cuenca hidrográfica se autorizarán exclusivamente con fines de equilibrio hidrográfico, abastecimiento de la población y regeneración de acuíferos en caso de excedentes. Construcción de Plantas Desaladoras sólo donde no sea posible garantizar el abastecimiento de agua de otro modo. Adaptación progresiva de las explotaciones agrícolas e industriales a los recursos hídricos regionales, estimados según una media temporal amplia de varios ciclos hidrológicos e hidrogeológicos.

2 - Política Energética: consideramos necesaria una política energética integral.
Reclamamos un debate transparente, objetivo y riguroso sobre energía, incluyendo la nuclear y manteniendo, entre tanto, las centrales nucleares existentes con las debidas garantías de eficiencia y seguridad.

3 – Derogación de la moratoria nuclear que impide adoptar una decisión política sobre el futuro uso de la energía nuclear. Apoyo decidido a las energías renovables desde el punto de vista legislativo, normativo y fiscal; mecanismos para garantizar la calidad del abastecimiento, previniendo los apagones masivos que afectan a determinadas áreas del territorio; rechazamos la implantación de equipamientos energéticos improvisados, de gran impacto medioambiental y socioeconómico, que pueden responder más a intereses
políticos partidistas locales que a estrategias energéticas nacionales.

4 - Ecosistemas y Biodiversidad: es urgente impedir la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, la destrucción de los entornos naturales y la pérdida de diversidad biológica. Políticas de protección, conservación y restauración de los hábitats de vida silvestre, desarrollo sostenible de los bosques (incluyendo una lucha activa contra los incendios forestales), el suelo y el paisaje, y aumento de la presión y la lucha contra los delitos ecológicos; incentivar la reforestación con especies autóctonas; eliminar las subvenciones que fomentan prácticas agrícolas o cultivos no sostenibles; control medioambiental en la aplicación de biocidas, tanto en las prácticas agrícolas y forestales como en el medioambiente urbano.

5 - Política de Costas de ámbito Nacional y finalización de los deslindes del área litoral, impidiendo desarrollos urbanísticos contra el Medio Ambiente; proteger y restaurar los hábitats marinos y el litoral, e incluirlos en la red Natura 2000; consensuar una Política Nacional única contra el Maltrato Animal.

6 - Cambio Climático Global: existen evidencias suficientes de la elevación de la temperatura del Planeta, sin discutir su origen antropogénico o la posibilidad de revertir o no la situación. Por tanto es necesario informar de forma rigurosa sobre los posibles efectos del Cambio Climático (vs. Cambio Global) e impedir el uso alarmista y partidista de los informes de IPCC.

7 - Reducir las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, eliminado los incentivos al uso de tecnologías con altas emisiones de partículas. Control integrado de la contaminación, con ampliación de los inventarios nacionales de emisiones y revisión del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (2008-2012). Estimular el estudio de posibles sumideros de CO2.

8 - Medioambiente Urbano: reducir el impacto medioambiental negativo de las aglomeraciones humanas y mejorar la calidad de la vida en las ciudades y en el medio ambiente cercano. Aplicación de las normas sobre calidad del aire y estudiar nuevas estrategias contra la contaminación atmosférica, los metales pesados, los campos electromagnéticos y otras amenazas medioambientales.

9 - Aplicar la Directiva Europea sobre el ruido y la contaminación acústica. Favorecer la arquitectura bioclimática, incentivando los desarrollos urbanísticos integrados en el paisaje y reducir la contaminación lumínica. Estimular el uso de envases ecológicos no dependientes del petróleo. Impulsar el uso de vehículos eléctricos dentro de las ciudades. Urgir el proceso de soterramiento de las líneas de alta tensión en áreas
urbanas y progresivamente, en el resto de espacios interurbanos.

10 - Políticas de Gestión de Residuos y Reciclado: implementar políticas eficaces y de gestión eficiente del volumen, cada vez mayor, de residuos de todo tipo mediante políticas 3R en residuos: reducir, reciclar y reutilizar. Homogenizar la aplicación que de la Ley Nacional de Residuos Urbanos (10/98, de 21 de abril) efectúan las diferentes Comunidades Autónomas.

10 - REFORMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


1 – Proponemos una ley-compromiso parlamentario por el que los partidos políticos garanticen que sus dirigentes y candidatos obtienen la adecuada formación y experiencia en la dirección y gestión de los asuntos públicos.

2 - Un órgano de prospectiva y estrategia dependiente de la Presidencia del Gobierno, que permita adelantarse y no ir a remolque de las amenazas y riesgos en una sociedad compleja y globalizada.


4 – Una organización del Gobierno racional y sin improvisaciones, donde por Ley se determine el nombre y las competencias de cada departamento ministerial; el Presidente del Gobierno tendrá plena capacidad para asignar las vicepresidencias, en su caso, a los departamentos ministeriales que considere oportuno, y para
nombrar ministros sin cartera con funciones específicas no asignadas a ningún departamento.

6 - Pacto de Estado sobre el modelo de Administración pública que promueva su valor como bien social común que trascienda la política partidista para lograr una adecuada separación Administración-Política. Para esto, aumentar el control, la transparencia y el rendición de cuentas, con un acceso gratuito (teléfono, Internet, correo electrónico y ordinario) para que cualquier ciudadano pueda hacer llegar denuncias de
malfuncionamiento o posible corrupción.

9 – Reforzar el papel coordinador del Estado, no sólo en sus competencias materiales propias sino respecto a sus facultades de evaluación y de "alta inspección" sobre las competencias que ejercen otras Administraciones. El Estado deberá contar, al menos, con instrumentos similares a las que dispone la Comisión europea respecto a las Administraciones nacionales.

10 – Carrera administrativa basada en criterios objetivos y comunes que garanticen la igualdad en el acceso a la función pública y promoción interna, fomente la excelencia en su desempeño, la calidad en la prestación de los servicios públicos y la aplicación de sistemas de evaluación comunes a todas las Administraciones
públicas que permitan una valoración comparativa y objetiva de la función pública por parte del ciudadano.
Igualmente se determinará el objetivo de la equiparación salarial por grupo profesional/funcionarial, de tal manera que las diferencias salariales entre las Administraciones locales, autonómicas y General del Estado no superen el 10%.