A propósito de la política social de Zapatero

escribió: Carlos Sanchez

20/01/2010

A propósito de la política social de Zapatero

Sostiene el presidente del Gobierno que "no es justo ni eficiente que los trabajadores pierdan derechos para salir de la crisis". Lleva razón. Mal haría este país en llevarse por delante el progreso social construido en los últimos 30 años de democracia (como ahora intenta capitalizar políticamente el presidente). Pero resulta que en esta legislatura es cuando se está produciendo un viraje en dirección opuesta a lo que proclama Zapatero. De ahí lo sorprendente de sus declaraciones.  ¿O es que un trabajador en paro tiene más derechos que otro con un puesto de trabajo? La protección social es una variable mucho más compleja que un simple cambio legislativo en las leyes de despido. Escudarse en que no se va a modificar la cuantía de las indemnizaciones para acreditar la solvencia de una determinada política económica es algo así como enviar al Ejército de Salvación para sacar a Haití de tanto sufrimiento. Simplemente inocuo. Los derechos sociales pasan en primer lugar, y como es obvio, por mantener el empleo. Y como todo el mundo sabe, este país está en camino de destruir dos millones de puestos de trabajo en poco más de un bienio. O lo que es lo mismo, España habrá perdido uno de cada diez puestos de trabajo existentes antes de la crisis por culpa de una  recesión que en este país se ha cebado en el desempleo. Parece poco razonable, por lo tanto, sacar pecho en términos sociales en una situación como la actual. Sobre todo cuando los despedidos con contrato temporal cobran una indemnización que se sitúa entre 0 y 8 días, cuando los indefinidos disfrutan de 45 días por año trabajado, lo cual no parece un ejercicio de solidaridad social. Solía decir  Ernesto Che Guevara que desgraciados son los tiempos en los que hay que explicar lo obvio, y por eso repele todavía más que el presidente se escude en la protección social para avalar su Gobierno, cuando realmente lo único que puede liquidar el incipiente Estado de bienestar español es, precisamente, una política equivocada incapaz de crear puestos de trabajo. El problema del paro no es sólo que castiga a las generaciones actuales, sino también a las futuras. ·La protección social es una variable mucho más compleja que cambiar las leyes de despido.¿O es que un trabajador en paro tiene más derechos que otro con un puesto de trabajo?· Se suele decir en tono jocoso que Dios creó a los economistas para salvar a los meteorólogos, pero existe una coincidencia general entre los especialistas en que la clave de bóveda para garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales es el empleo. De su evolución va a depender tanto el pago de las pensiones (sobre todo en un sistema de reparto como es el actual) como la financiación de la sanidad. Por cierto que es curiosa la ausencia de una debate en profundidad sobre la racionalidad de los sistemas de salud. Cualificación y sistema educativo Pero también del empleo va a depender que el sistema educativo emprenda una profunda transformación, lo cual es fundamental para un país que tiene un grave problema de cualificación profesional. Aunque los problemas del sistema educativo no son únicamente de naturaleza económica (como a menudo suele creer la clase política), lo cierto es que hoy por hoy este país sigue dedicando bastante menos dinero que la media de la UE, lo que explica una comparación verdaderamente dramática. La población con formación secundaria o superior en España (con edades comprendidas entre 25 y 64 años) se sitúa 20 puntos por debajo de la UE (70,8% frente al 50,4%), lo que indica claramente la dimensión del problema. Alguien debería recordar al presidente que no se puede hablar de derechos sociales cuando casi la tercera parte de los alumnos de 16 años abandona a esa edad el sistema educativo. ¿O es que dentro del terreno de lo social -como se llamaban a los problemas de los trabajadores en los tiempos de la República- no entra la formación intelectual de los ciudadanos? Lo social es también tener acceso a un vivienda digna. Y lo que dicen las encuestas oficiales es que mientras que la vivienda nueva ha bajado un 11,2% en los dos últimos años, la vivienda de segunda mano ha decrecido un 15,2%. Ni que decir tiene que se trata de bajadas insuficientes para atender la demanda de pisos, y por supuesto que se sitúa por debajo de la sobrevaloración del 25-30% de la que habló en su día el Banco de España. Los pisos-patera ya no son una exclusiva de los inmigrantes. Cada vez más jóvenes se ven obligados a vivir en esas condiciones por ausencia de una política de vivienda eficaz que pasa por bajar el precio de los pisos.  Y no parece que la estrategia del Gobierno vaya en esa dirección. La banca ha embalsado un gran stock de viviendas con la anuencia de las autoridades económicas, que ha favorecido la manipulación de de los precios simplemente permitiendo la no depreciación de sus activos inmobiliarios, lo cual dañaría a su cuenta de resultados. Un dato puede ilustrar la dimensión del problema. Las últimas cifras oficiales indican que para comprarse una vivienda, una familia necesita 6,9 veces su renta bruta disponible de un año, cuando en 2007 -hace apenas un par de ejercicios- el número de veces que se necesitaban para adquirir un piso ascendía a 7,2. Como se ve, una reducción ridícula si se compara con la intensidad de la recesión, la mayor en 50 años. Los pisos no se venden simplemente porque los ciudadanos no pueden pagarlos, y de ahí que no se pueda hablar de una política social digna de tal nombre en el mercado de la vivienda. Claro que también puede ser muy social haber enviado a centenares de miles de trabajadores a la economía sumergida, lo que ahonda todavía más en la inequidad fiscal. Si es así, el presidente tiene razón. Estamos ante el Gobierno más social de la democracia.

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