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Entre los años 2003 y 2007, el gobierno de la Generalitat valenciana concedió contratos por unos 8 millones de euros a una empresa llamada Orange Markets.
La empresa organizaba actos como la feria Fitur y otros. Al parecer, esta empresa, regaló supuestamente trajes a la medida, abrigos, chaqués, americanas, pantalones y zapatos a varios miembros de la Generalitat. Al presidente Camps, supuestamente le regaló prendas por valor de unos 14.131 euros.
En septiembre, Camps se sentará en el banquillo para responder de las acusaciones. Ahora bien, lo importante de este asunto es el azote que puede suponer para los políticos que reciben regalos. ¿Deben recibir regalos?
Depende: si es una peña gastronómica que le regala un plato de cerámica, pues es admisible.
Pero si son trajes o zapatos, chaqués o relojes caros, absolutamente no. ¿Es que su sueldo no les da para comprar trajes? Se pueden conseguir trajes aceptables por 100 euros. Y ahora en rebajas, incluso a la mitad. ¿Que no son de lana Súper 120? Pues a aguantarse.
Lo bueno de que este caso se esté ventilando en la prensa es que los políticos se lo van a pensar mucho antes de aceptar prebendas de las empresas que se ven beneficiadas por un contrato.
Y desde luego, es el sentido común el que debe juzgar cuándo aceptar un detalle y cuándo se trata de un regalo sospechoso. Y ante la duda, es mejor decir no porque se trata de un cargo público.
La técnica de las adjudicaciones públicas está regulada por la ley de contratos del sector público. Si son contratos por cantidades menores, se puede hacer a dedo. Si son elevadas, hay que abrir un concurso público sometido a un control detalladísimo.
Según esta ley, para adjudicar un contrato debe tenerse en cuenta criterios ”directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes”.
La ley no habla de si un funcionario público puede recibir trajes y relojes porque entiende que no. Recibe un salario del Estado. Lo demás sería cohecho, lo cual está castigado por el Código Penal.
En el sector privado, las empresas suelen obsequiar a sus clientes con viajes, botellas, corbatas y relojes. Es una mezcla de cortesía y marketing. Y aunque parezca mentira, también hay reglas porque los contratos se deben hacer en la medida en que convienen a la empresa, no al directivo que los firma. Si una auditoría descubre que un proveedor está obteniendo contratos injustificados (por el precio o por la calidad) los accionistas pedirán explicaciones al ejecutivo que firmó esos contratos. Y si recibió algún regalo a cambio, se la caerá el pelo.
Está claro que en el sector público, cualquier regalo debe ser rechazado si sobrepasa la simple cortesía. Y desde luego, lo que no tiene mucho sentido es regalar trajes. Los trajes, las americanas y los zapatos que supuestamente recibió Camps están valorados en 14.131 euros. Lo llamativo no es la cantidad sino los supuestos gustos exquisitos de Camps.
Por ese precio, un español de la calle de una empresa en crisis se compra diez trajes, se pega un viaje a Cancún con la familia, y aún le da para invitar a 20 amigos a una mariscada, y para meter en su plan de pensiones la mitad de esa cantidad.
Y un parado vive seis meses con esa cantidad.
(Puedes seguirnos en Mi Twitter
http://twitter.com/#!/ojomagico
O en el periódico)
La empresa organizaba actos como la feria Fitur y otros. Al parecer, esta empresa, regaló supuestamente trajes a la medida, abrigos, chaqués, americanas, pantalones y zapatos a varios miembros de la Generalitat. Al presidente Camps, supuestamente le regaló prendas por valor de unos 14.131 euros.
En septiembre, Camps se sentará en el banquillo para responder de las acusaciones. Ahora bien, lo importante de este asunto es el azote que puede suponer para los políticos que reciben regalos. ¿Deben recibir regalos?
Depende: si es una peña gastronómica que le regala un plato de cerámica, pues es admisible.
Pero si son trajes o zapatos, chaqués o relojes caros, absolutamente no. ¿Es que su sueldo no les da para comprar trajes? Se pueden conseguir trajes aceptables por 100 euros. Y ahora en rebajas, incluso a la mitad. ¿Que no son de lana Súper 120? Pues a aguantarse.
Lo bueno de que este caso se esté ventilando en la prensa es que los políticos se lo van a pensar mucho antes de aceptar prebendas de las empresas que se ven beneficiadas por un contrato.
Y desde luego, es el sentido común el que debe juzgar cuándo aceptar un detalle y cuándo se trata de un regalo sospechoso. Y ante la duda, es mejor decir no porque se trata de un cargo público.
La técnica de las adjudicaciones públicas está regulada por la ley de contratos del sector público. Si son contratos por cantidades menores, se puede hacer a dedo. Si son elevadas, hay que abrir un concurso público sometido a un control detalladísimo.
Según esta ley, para adjudicar un contrato debe tenerse en cuenta criterios ”directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes”.
La ley no habla de si un funcionario público puede recibir trajes y relojes porque entiende que no. Recibe un salario del Estado. Lo demás sería cohecho, lo cual está castigado por el Código Penal.
En el sector privado, las empresas suelen obsequiar a sus clientes con viajes, botellas, corbatas y relojes. Es una mezcla de cortesía y marketing. Y aunque parezca mentira, también hay reglas porque los contratos se deben hacer en la medida en que convienen a la empresa, no al directivo que los firma. Si una auditoría descubre que un proveedor está obteniendo contratos injustificados (por el precio o por la calidad) los accionistas pedirán explicaciones al ejecutivo que firmó esos contratos. Y si recibió algún regalo a cambio, se la caerá el pelo.
Está claro que en el sector público, cualquier regalo debe ser rechazado si sobrepasa la simple cortesía. Y desde luego, lo que no tiene mucho sentido es regalar trajes. Los trajes, las americanas y los zapatos que supuestamente recibió Camps están valorados en 14.131 euros. Lo llamativo no es la cantidad sino los supuestos gustos exquisitos de Camps.
Por ese precio, un español de la calle de una empresa en crisis se compra diez trajes, se pega un viaje a Cancún con la familia, y aún le da para invitar a 20 amigos a una mariscada, y para meter en su plan de pensiones la mitad de esa cantidad.
Y un parado vive seis meses con esa cantidad.
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