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El PP hace un montaje aprovechándose de un error de Rubalcaba y del malestar del magistrado encargado del caso
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó a Mariano Rajoy el pasado lunes de que se preparaba una operación que afectaba al Partido Popular, prevista para el día siguiente, martes 6 de julio, en relación con presuntos delitos en la Diputación de Alicante. No debió Rubalcaba dar ese paso.
Cierto es que lo ha hecho otras veces con otros partidos ante actuaciones que les afectaban. Pero Rubalcaba no debía tener conocimiento de esta operación. Y mucho menos informar, por más que se considerase ministro de Estado, de lo que estaba por pasar. Por una sencilla razón: el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, había declarado el secreto de las actuaciones. Y en el caso de conocer la operación por la policía, Rubalcaba no debía hablar de ello con nadie. Para colmo, tomar contacto con el partido al que pertenece el imputado Joaquín Ripoll era correr riesgos de filtraciones, precisamente lo que se trata de evitar con el secreto.
El aviso del ministro movilizó a los dirigentes del Partido Popular
Nadie es perfecto. Y menos en política. Pero el aviso del ministro del Interior movilizó a los dirigentes del Partido Popular para manipular en la plaza pública la operación judicial en marcha. No fue el único requisito. El hecho de que la policía, asimismo, explicara en un comunicado la práctica de detenciones y los presuntos delitos de los implicados suponía ponerse con esa publicidad unas medallas que chocaban con el sigilo que había acordado el juez con la Fiscalía Anticorrupción.
El juez San Martín había firmado un auto con fecha del jueves, día 1 de julio, en el cual ordenaba la entrada y registro en una serie de edificios y domicilios a fin de recolectar material de interés para la investigación de la causa de las contratas de basuras.
En dicha resolución señala que en caso de proceder a la detención de alguna de las personas se las traslade para que estén presentes en el momento de practicar las entradas y registros. Asimismo, se mencionan los delitos (cohecho, extorsión y otros), en una descripción más bien general.
El juez había prohibido hablar sobre los delitos con los imputados
El juez insistió en todo momento en que no se debería entregar el auto a los imputados, sino solamente darles cuenta de la parte dispositiva. En ningún caso, es su orden tajante, se les debe decir los delitos por los que se les acusa. Sería él mismo quien les explicaría la situación al tomarles declaración.
En el citado auto se fija para el día 6 de julio entre las 6 de la mañana y pasado un minuto de la medianoche del mismo día la jornada de la operación judicial. Porque, en efecto, el secretario del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela da fe de todas las actuaciones de la policía.
Una vez realizadas las entradas y registros, el próximo paso procesal era tomar declaración a los imputados en el juzgado. Pero he aquí que, el miércoles 7, el juez San Martín alegó tener compromisos. Por lo que se pacta con la Fiscalía Anticorrupción la comparecencia para ayer, jueves 8 de julio.
Trillo ya intentó en junio difundir la idea de un giro en el caso 'Gürtel'
Grosera manipulación
¿Qué pasó, pues, para que el curso de los hechos se torciera dando lugar a una grosera manipulación del Partido Popular? El primer requisito fue el aviso ya mencionado de Rubalcaba; el segundo, la disposición del PP a aprovechar el chivatazooficial para hacer un montaje, cuyo antecedente fue el que hizo Federico Trillo a primeros de junio, aludiendo en el caso Gürtel a una resolución inexistente del Tribunal Supremo que daría lugar a lo que él llamó un "giro copernicano" en esa causa; y el tercero, el cabreo del juez San Martín con la conocida tendencia de la policía a ponerse medallas de manera grandilocuente. Máxime cuando él había dado instrucciones, según se ha señalado, sobre el secreto de las actuaciones y había prohibido expresamente hablar sobre los delitos de los imputados.
Por supuesto que todo esto necesitaba un marco propicio, un escenario ideal. Y lo había: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Aunque los comunicados emitidos por el TSJCV se hicieran, como parece, a instancias del juez San Martín y no tuviera participación Juan Luis de la Rúa, presidente del citado tribunal, "amiguito del alma" y "más que amigo" del president Francisco Camps, el papel activísimo del gabinete de comunicación del tribunal era un poderoso instrumento para vestir la manipulación.
De nada sirvió hace un mes anunciar el giro copernicano. Y de nada servirá para ocultar el caso de las basuras. Pero la manipulación del Partido Popular, eso sí, se ha servido de un ministro de lujo: Alfredo Pérez Rubalcaba.
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Ripoll, imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude
El presidente de la Diputación de Alicante, en libertad sin fianza tras comparecer ante el juez, que también le atribuye los delitos de revelación de secretos y actuación prohibida a funcionario.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, comunicó ayer al presidente del PP alicantino y de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll, que está imputado por cinco delitos de corrupción en las diligencias 851/07,más conocidas como operación Brugal.
El juez investiga una trama corrupta en torno a la concesión de la gestión de los residuos de Orihuela y el resto de la comarca de la Vega Baja. Las pesquisas desarrolladas hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) permiten al juez considerar que hay indicios de que Ripoll ha cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios.
San Martín dejó en libertad a Ripoll sin necesidad de pagar una fianza, pero le ha impuesto comparecencias periódicas en el juzgado. El magistrado desestimó así el criterio del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, que había solicitado prisión para el político eludible únicamente con una fianza de 500.000 euros.
Eso bastó al PP valenciano para pedir la dimisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no sin antes acusarlo de practicar una "política persecutoria". El propio Ripoll compareció ante los medios por la noche y, sin admitir preguntas, advirtió de que ejercerá "acciones legales" en cuanto se levante el secreto de sumario. Ni siquiera abordó la posibilidad de dimitir.
Se quejó, eso sí, de no conocer aún los hechos que supuestamente lo implican en la trama. Según había informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en una nota, el juez evitó ese extremo por el secreto que pesa sobre el sumario y que se prolonga desde hace más de tres años.
En cualquier caso, la operación Brugal investiga dos actuaciones supuestamente irregulares. La primera está en la adjudicación de la contrata de basuras por el Ayuntamiento de Orihuela a una Unión Temporal de Empresas (UTE) tras la que se oculta el empresario Ángel Fenoll, imputado desde 2007 y detenido por segunda vez el pasado martes. La segunda tiene que ver con la adjudicación por diez años, prorrogables otros diez, de la gestión de residuos de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz, que supondrían una ganancia de 190 millones de euros a la alianza empresarial.
El empresario Ortiz, imputado
El dueño de Ortiz e Hijos, Enrique Ortiz, fue otro de los seis imputados que declaró ante el juez. También quedó en libertad sin fianza, pero se le acusa de cohecho y fraude. El fiscal había solicitado para él prisión eludible con fianza de 800.000 euros, que el juez desestimó. Sin embargo, Rafael Gregory Fernández, empresario con cargo en la sociedad Autisa, del grupo que encabeza Ortiz, tendrá que abonar una fianza de 100.000 euros para evitar la cárcel.
Dos empleados de las empresas presuntamente vinculadas a la red también quedaron en libertad, pero imputados, al igual que el empresario José Francisco León. Para hoy están citados a declarar ante el juez los tres ediles del Ayuntamiento de Orihuela y el empresario Ángel Fenoll y su hijo, éstos dos últimos ya detenidos en 2007. La investigación apunta al padre como el verdadero eje de la trama de corrupción entorno a las basuras.
Tres empresarios, dos empleados y un político
Enrique Ortiz. El gran empresario
Imputado por cohecho y fraude. Libertad sin fianza.
Rafael Gregory. Única fianza
De 100.000 euros. Es empresario y consejero de Autisa .
José Francisco León. Trabaja para Ortiz
Se analiza su ordenador.
Ángel Luis Bracho. Técnico de Sufi
La empresa es adjudicataria de las basuras de Orihuela.
José Candel Martínez. Gerente de Inusa
Pertenece al Grupo Cívica de Ortiz.
José Joaquín Ripoll. El político de mayor nivel
Imputado por cinco delitos. También preside el PP de Alicante.
