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Jaume Camps, el 'gran recaudador' de CDC, implicado en el caso 'Palau'
Antonio Fernández.- 09/07/2010 (06:00h)
La Santa Espina. Así era el nombre clave de una cuenta en Suiza que algunos empresarios españoles conocían muy bien. Por ejemplo, Javier de la Rosa. El emporio de KIO, que entonces manejaba el financiero catalán, había enviado dinero a la cuenta cifrada a nombre de La Santa Espina. Al final, resultó que detrás de tan sonoro nombre estaba Jaume Camps, diputado de Convergència i Unió (CiU) y ex miembro del Consejo Consultivo de la Generalitat (similar al Consejo de Estado del Gobierno central).
El nombre de Camps vuelve a salir a la palestra años después de darse a conocer a la opinión pública merced a varios escándalos. Pero esta vez no es con ninguna cuenta cifrada, sino con las cuentas secretas que mantenía el ex presidente del Palau de la Música de Barcelona, Fèlix Millet. Millones de pesetas o de euros se transferían desde la institución musical a determinadas personas con nombres y apellidos que ahora han perdido la memoria. Y decimos millones de pesetas o de euros porque tanto Millet como su segundo,Jordi Montull, anotaban cantidades que lo mismo correspondían al anterior cambio monetario como al actual. Por ello algunas anotaciones figuran en pesetas y otras, sorprendentemente, en euros, con decimales, pero que se corresponden milimétricamente a 10 millones de pesetas clavados. O a quince. O a cinco.
Pero lo que no cambiaban eran los nombres. En las anotaciones de los dos máximos mandatarios del Palau de la Música figuran partidas dinerarias que iban, presuntamente, a instituciones como la Fundación Trias Fargas (dependiente de Convergència) o a personas cuyo nombre y apellido coincidían con los responsables de esta institución. A veces, sólo aparecía un nombre. Y otras veces, la inicial del nombre y el apellido. En las últimas comparecencias ante la comisión de investigación del Parlamento catalán, se preguntó reiteradamente sobre un tal Daniel, cuyo nombre correspondía conDaniel Osàcar, responsable de las finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y tesorero de la Fundación Trias Fargas. Él negó ante la comisión que el tal Daniel fuese su persona. Pero también aparecía el nombre de J. Camps.
Nadie preguntó por él. Y cualquier profano en la política no hubiese prestado ninguna atención a este nombre. Pero la inicial del nombre y su apellido coindicen con el nombre de Jaume Camps, ex diputado de CiU y veterano dirigente de esta formación. La anotación de J. Camps había aparecido, hasta ahora, en un documento encontrado en el ordenador de la secretaria de Félix Millet junto a la cifra de 5.450.000. Pagat (Pagado). Se trata, según todos los indicios, de pesetas y data de marzo del 2003. Bajo esta anotación, figura otra: 4.550.000 Torrent. Pagat. Este último era el entonces tesorero de CDC y secretario de la Fundación Trias Fargas, Carles Torrent. Pura coincidencia, dicen en Convergència.
No hubiera dejado de ser anecdótico si no fuese porque al juzgado que investiga el expolio del Palau de la Música han llegado recientementedocumentos en los que figura el nombre completo de Jaume Camps, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes fidedignas. Todo indica que el ex dirigente de Convergència fue un hombre que trató de cerca a Félix Millet.
“Hay muchos Jaume Camps”
“Hay muchos Jaume Camps en Cataluña”, señaló un dirigente de CDC a El Confidencial. Pero, ante el cúmulo de casualidades, admitió que “teníamos información de que en los documentos aparecía un tal J. Camps. Por eso,miramos de quién se trataba y hemos llegado a la conclusión de que era un tal Jaume Camps que es presidente de una Fundación que trata problemas de salud mental. Millet tiene un hijo con problemas de esta naturaleza y por eso no nos llamó la atención que se interesase por instituciones así”.
Pero, en realidad, el nombre de Jaume Camps, con todas letras, aparece vinculado a anotaciones puramente monetarias. Una de ellas hace referencia a la adjudicación de obra púbica por parte de la Generalitat de 105 millones de euros. Junto al nombre de Camps, aparece la anotación de 4%, que presuntamente, como ocurre en otros documentos, era el porcentaje que pagaban las constructoras a cambio de adjudicaciones. Y luego, la anotación de 1% vinculada a la Fundación, del Palau. Algunas fuentes consultadas señalan a este diario que Camps ha sido, durante muchos años, el “gran recaudador de Convergència”. Hasta el momento, los documentos que se encontraron en el despacho de Millet apuntaban a que se desviaba el 4% de las adjudicaciones de obra pública en empresas como Ferrovial y luego ese 4% se dividía entre el 2,5% para la Fundación Trias Fargas y el resto se lo quedaba el propio Palau.
Por tanto, con los nuevos documentos que se han descubierto, el reparto del expolio varía, ya que la institución musical sólo se queda la cuarta parte y el resto, el 3%, se pierde en los insondables vericuetos de la ingeniería financiera que habían instalado en el Palau de la Música Millet y Montull. Según se desprende de las anotaciones descubiertas recientemente, de una comisión de 4,2 millones de euros, la institución musical sólo se quedó 1,05 millones, mientras que 3,15 millones se volatilizaron.
Fuentes cercanas a la investigación señalan a este diario que no es la primera vez que Jaume Camps tiene problemas financieros, ya que hace unos años se descubrió una cuenta suya en Suiza en la que había ingresado al menos un millón de euros provenientes del grupo KIO. Camps devolvió el dinero, aduciendo que había sido el cobro de unos trabajos personales y el tema se archivó. El financiero Javier de la Rosa le había ingresado el dinero en la cuenta cifrada bajo el nombre de Santa Espina. Además, fuentes de toda solvencia manifestaron a este diario algunas anécdotas de Camps en sus viajes al país helvético en compañía de otro político que actualmente ejerce como abogado.
Camps también estuvo bajo sospecha en otro caso de supuesta financiación irregular de CDC: se trataba del caso Casinos, en el que el partido había recibido sumas de dinero irregularmente del grupo que controla el juego en Cataluña y que controla Artur Suqué. En aquella ocasión, un juez -poco después contratado en el sector privado- dictaminó que había habido financiación irregular pero que los delitos estaban “prescritos”.
