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Según el último juez que entendió del caso, las instrucción de los procesos de Emilio Ybarra fué “peculiar”: el Juez Baltasar Garzón impidió que el Bancdo de España terminara su trabajo y la fiscalía anticorrupción fue la única acusación, en sendos juicios en los que paradójicamente no se personó ningún teórico perjudicado.
¿Cobró el Juez Baltasar Garzón 200.000 dólares por su necesaria colaboración en el cese de todos los consejeros, no solo los vascos de Neguri, del BBVA procedentes del BBV?. Solo conocen la respuesta los implicados en el bochornoso asunto de, primero, desplazar a Emilio Ybarra y a Pedro Luis Uriarte como presidente y consejero delegado, respectivamente del BBVA; y semanas después, culminar la limpieza étnica, de forma que en el consejo del BBVA no quedaba nadie que hubiera sido consejero del BBV.
Desde luego el caso apesta por sus “peculiaridades”, según señaló el último Juez que tuvo que juzgarlo, José Mª Vazquez Honrubia. Cuando en marzo de 2007 este Juez del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó auto de sobresimiento en la segunda causa que se siguió contra Emilio Ybarra (de la primera ya había sido absuelto por el Tribunal Supremo) advirtió que “es por lo menos peculiar que se comenzara la instrucción del modo aquí descrito (a partir de un artículo de prensa) y cuando ya había intervenido el Banco de España”.
Y tan peculiar: el 10 de marzo de 2002 Jesús Cacho publicó un artículo enEl Mundo en el que aseguraba que le habían contado que el BBV tenía cuentas cifradas en el extranjero “que se habían utilizado, en principio, para pagar el impuesto revolucionario”. El artículo fué remitido por las Fiscalía Anticorrupción al Juez Baltasar Garzón que abrió diligencias previas y reclamó al Banco de España que le remitiera toda la información que tuviera sobre el caso y paralizara el expediente que estaba instruyendo.
Lo normal, lo corriente, lo habitual, es que cuando un órgano administrativo como el Banco de España o la Agencia Tributaria, cree advertir una irregularidad, abra un expediente y si durante la instrucción o a la finalización del mismo piensa que se ha cometido algún delito, se de cuenta al Juez y al Fiscal para que procedan a juzgar la existencia de tal delito.
En el caso Ybarra, o BBVA como se prefiera, el orden se invirtió: el Juez Baltasar Garzó decidió, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, interrumpir la investigación del Banco de España y apropiarse de la misma. ¿Por qué? ¿No era más lógico que los expertos inspectores del Banco de España terminaran el trabajo ya empezado y decidieran si lo publicado por Cacho tenía algún fundamento y, en consecuencia diera pié al proceso penal?.
Si Jesús Cacho dijera ahora que le han asegurado que el Juez Baltasar Garzón ha defraudado al fisco porque había cobrado dinero bajo manga del BBVA para desplazar a Emilio Ybarra et alia ¿Remitiría el fiscal anticorrupción el escrito al Juez para que abriera diligencias?. Aclaro, por si hiciera falta, que Cacho no ha escrito eso, pero que lo primero que le aseguraron y él publicó tampoco es verdad: el Banco de España, en su expediente al fin concluido, narra minuto a minuto y céntimo a céntimo los movimientos de las cuentas opacas, o secretas del BBVA, sin que la huella de ETAparezca por ningún lado.
Otra peculiaridad que, en 2007, adviertió el Juez Vazquez Honrubia: la soledad acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción. A pesar de que “por el poder legislativo se insiste (…) vetando expresamente al Ministerio Fiscal un intervencionismo excesivo”, fue el fiscal el único que acusó a Ybarra, primero por apropiación indebida y luego por administración desleal… Y eso a pesar de que ninguno de los teóricamente expropiados indebidamente o gestionados deslealmente acusaran a Ybarra: ni el BBVA, ni los accionistas, ni los empleados, ni los clientes. Solo el fiscal ¡Qué peculiar!.
Es verdad que haber armado ese alborto, haber cambiado de la raíz a la copa el Consejo de Administración de la segunda entidad financiera española vale mucho más que los 200.000 dólares con los que el BBVA financió un curso de antiterrorismo dirigido por el Juez Garzón en una Universidad de Nueva York, pero no sería imposible que la investigación sobre ese dinero, que está llevando a cabo el Tribunal Supremo, diera pié a nuevas revelaciones en un asunto del que se conoce el nombre de la víctima –las víctimas– pero se ignora el de los que pagaron a los verdugos.
