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Orange Market era la gran fábrica de dinero negro
El Bigotes fue el principal suministrador de «B» a Correa: 6,1 millones en 2007-2008 La paradoja es que la generación de dinero ilegal, por actos del PP, pivotó sobre la capacidad de lograr contratos del Consell, que premió a las constructoras que financiaron al partido El dinero se blanqueó vía ampliación de capital e inversiones de las patrimoniales de Correa controladas por firmas que montó en el extranjero
FRANCESC ARABÍ
VALENCIA Una de las reglas de oro de la Cosa Nostra es confundirse con el entorno. El narcotraficante estrella del caso Nécora, «El Franky», visitó el quirófano para cambiarse hasta las huellas dactilares. Después se retiró a una espectacular mansión en Pedreguer (Marina Alta), perdida entre naranjos. Fue como llamar por teléfono a la Udyco y al juez Garzón, que acudieron a detenerlo. Rompió la norma básica de mimetizarse con el paisaje.
Francisco Correa Sánchez, el jefe de la trama, y el resto de la dirección Gürtel, nunca quebrantaron la norma. Llevaban un elevado tren de vida —que para esos eran hombres de negocios— y estaban imbricados en los nichos de mercado en los que operaban: la Generalitat, el PP y los Ayuntamientos de Madrid gobernados por los populares y que mayores tasas de crecimiento urbanístico presentaban (Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo). El dinero fácil estaba en la Administración y, en estos últimos años, en el ladrillo. La vida de marajá iba en sintonía con los glamourosos actos del PP con láser hipnotizante.
La «organización criminal» (título que le otorga la policía) funcionaba con gran profesionalidad. «Unidad de actuación y de decisión», bajo el mando único de Correa, que daba las órdenes a Pablo Crespo y éste las ejecutaba. Era una estructura «en cascada» en la que sólo la cúpula tenía una visión de conjunto del mapa de mil piezas.
Perfil de banda criminal
La «especialización» era máxima. Álvaro Pérez y Pablo Collado ejercían de captadores de negocio, apoyados por la capacidad técnica de Felisa Isabel Jordán (que hacía las propuestas para Fitur) o los conocimientos financieros de Luis de Miguel Pérez —el asesor fiscal que montó el tinglado de empresas— y Ramón Blanco Balín, que desarrolló internacionalmente la estructura societaria para el blanqueo de capitales. El primo de Correa, Antoine Sánchez, simplemente callaba. Era el testaferro mantenido a cuerpo de rey. Todo iba rodado. Y seguramente la máquina de contar dinero que el 17 de octubre de 2005 adquirió Álvaro Pérez «El Bigotes» por 540 euros no se habría enfriado nunca si dos cabreados —los ex concejales de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno— no hubieran roto la «omertà» grabando conversaciones y yendo a Anticorrupción.
¿Para qué quiere un cacharro de contar billetes una empresa como Orange Market, la franquicia valenciana de la trama, cuyas tres cuartas partes de facturación provenía de la Generalitat y de un partido político? La gran paradoja de la trama Gürtel reside precisamente en que era una perfecta maquinaria de recaudación de dinero negro gracias a su capacidad para lograr contratos públicos. Es como si un funcionario, con nómina 100% oficial, fuera el principal defraudador del fisco.
El informe elaborado por cuatro agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) hablan precisamente de «organización delictiva asentada dentro de las Administraciones Públicas» y cuyo objetivo era «lograr capitales a través de la intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos [cobro de comisiones] y la concesión de contratos de servicios [el dinero A de campañas del PP y grandes eventos] a empresas» de la trama. Y ello a través de una compleja red de relaciones con políticos (los que adjudicaban o tenían «capacidad de influencia» en el proceso), a los que compraban con sobornos o agasajaban con regalos. De las cajas «Barcelona» (B) salía el dinero para esos gastos, que, en realidad, eran inversiones.
Un negocio que prosperó
Francisco Correa era sólo el organizador de los actos del PP en tiempos de José María Aznar y vía Special Events. Cuando el partido se instaló en la Moncloa (marzo de 1996), el negocio fue a más. En una caja de seguridad a nombre de Pablo Crespo, intervenida en una sucursal del BSCH en Pontevedra, ya figura un pago del PP en negro por 60 millones de pesetas y varios recibos (sin IVA) que superan los 1.027 millones de pesetas. Se fue conformando un «holding», que se convirtió en estructura de recaudar fondos en A y en B, que se anotaba en una «contabilidad dual». Cuando Aznar dio el relevo a Rajoy —enemigo de Crespo— y, después, con la pérdida del Gobierno, Correa vio que la tierra prometida era la Comunitat Valenciana. El 24 de julio de 2003, envió a Pablo Crespo y Luis de Miguel Pérez a escriturar Orange Market en Algemesí. En abril de 2004, decidió que el comercial que llevaba al cliente PP, Álvaro Pérez, debía irse «para allá». O sea, para aquí. Igual que en noviembre de 1936 el Gobierno de la República se trasladó a Valencia, en abril de 2004 la capital Gürtel se desplazó al «cap i casal».
Desde entonces, el dinero negro que acumulaba la trama no provenía de la misma fuente en Madrid que en Valencia, a tenor de la investigación policial. Allá, la operativa consistía en controlar las concesiones de contratos a constructoras entregando sobres a alcaldes o políticos como los responsables de la Empresa Municipal del Suelo (EMS) de Boadilla (Tomás Martín Vasco y Alfonso Bosch). Las empresas (UFC, Martinsa o Constructora Hispánica) pagaban a cambio suculentas comisiones que engordaban la enorme caja B de la trama en Madrid, donde Easy Concept era matriz del grupo.
En Valencia, nueva base de operaciones, el negocio en A era más jugoso que en Madrid. La Generalitat concedió 8,2 millones en contratos —5,32 sólo con las cinco ediciones de Fitur— y el PP, 1,8 millones. Está por ver si los agasajos —reducidos por ahora a 34.908 euros en trajes regalados al presidente Camps, Costa, Campos y Betoret— se homologan a Madrid y alcanzan la dimensión sobrecogedora. Por ahora, los agradecimientos se han plasmado, además de en ropa, en un móvil de 500 euros para una colaboradora de Camps y una lista de regalos de Navidad. En el caso valenciano, el dinero negro se generaba hinchando los costes de los actos del partido. Pérez y Ricardo Costa, secretario general del PP, pactaban, según la policía, la cantidad en B. Y fue tanta que el afluente que más caudal de dinero negro llevó al río Gürtel fue Orange Market. En el año y medio que duraron las dos últimas campañas electorales la firma de El Bigotes exportó desde su caja B a la del entramado, centralizada en piso de la Calle Serrano, 6.087.704 euros, según las cuentas de este diario a partir de los apuntes «salidas» de la «cajaBarcelona.xls» (en de Orange Market) y las «entradas» en «CajabOrange.xls», donde se apuntaban las aportaciones de la ventanilla valenciana de Correa.
Un tinglado con cemento
La financiación de las cantidades en negro por los servicios al PP valenciano corría a cargo del partido —no consta de momento el origen de los fondos—o a través de «aportaciones de empresarios», como revelan apuntes a nombre de «EG» (Enrique Gimeno, de Facsa) «SDS» (Sedesa) o «EO» (Enrique Ortiz e Hijos). Algunas veces ese dinero se enmascaró con facturas de Orange Market por supuestos servicios jamás prestados a las constructoras. Facturas como la que El Bigotes pasó a Ortiz por el supuesto «diseño de material publicitario para el stand en Urbe 2008». Hasta un total de nueve facturas por casi 500.000 euros fueron endosadas a las constructoras, según se desprende de diversos «emails» remitidos en junio de 2008 a la asesoría fiscal para que cambiaran cantidades y se pusiera a la empresa como cliente allí donde aparecía «PPCV» o «PP de Castelló».
Las empresas infringían así la Ley 8/2007 de Financiación de Partidos, dado que hacían «donaciones finalistas que no ingresaban siempre según el informe policial. ¿Y a cambio de qué? «Las constructoras obtienen contratos como contraprestación a los favores realizados al PP». Así de tajantes se expresan los agentes de la Udef.
Sedesa, líder destacada
A partir de los datos de la investigación se concluye que solas o en UTE (a menudo asociadas entre ellas), esas constructoras recibieron, de 2005 a 2009, 937.983.774 millones en contratos de la Generalitat. Sedesa, presidida por Vicente Cotino Escrivá (sobrino del vicepresidente tercero del Consell) se lleva la palma con 640.320.498 euros. Las cuentas hechas por Levante-EMV, a partir de datos de los diarios oficiales, amplían la cifra en 203.098.826 euros, si la cuenta se retrotrae a 1999. Enrique Ortiz e hijos, con 205.249.738 euros, Lubasa (77.337.451) y Facsa (13.876.087) completan la relación de contratistas vip de obra civil del Consell.
Las empresas son requeridas para que asuman parte de la astronómica deuda B contraída por los populares con Orange Market y anotada tan escrupulosamente al detalle por los contables de la trama como la deuda A. Un archivo (del pendrive del contable Izquierdo) recoge 561.724 euros de deuda en 2005 por actos del partido o 365.836 a 1 de junio de 2007, junto a una relación completa de conceptos. Se hace constar que la deuda ha menguado 150.896 euros porque se ha hecho una factura por esa cantidad con el concepto «Elecciones 2007, alquileres, montajes y organización de actos».
Pidieron una comisión en todo
Ni siquiera los casi dos millones de euros que el partido que preside Camps ingresó en negro, según la policía, en 2007, dan para cumplir los compromisos adquiridos con la trama. La veintena de actos de las generales de 2008 engordó la deuda B en otros 387.307 euros. Y Correa se impacientaba. Y El Bigotes también. Tanto, que presionó a Ricardo Costa y al vicepresidente Vicente Rambla, para que abrieran el grifo de los contratos oficiales, como revelan las transcripciones de las cintas. La bancarrota de la Generalitat y el cataclismo inmobiliario afectó a la organización.
Pérez llegó a pedir a Rambla que se les asignara una comisión en las contrataciones. Como el céntimo sanitario, pero a gran escala. La propuesta, por orden de Crespo, parece no era novedosa. En uno de los archivos incautados aparece un listado de obra pública adjudicada en ayuntamientos de Madrid con anotaciones de porcentajes hechas a mano por Correa.
Cobrara o no, El Bigotes, un tipo genéticamente comercial, ocupaba el sitio idóneo en la organización. Como Pablo Crespo, guardián de los secretos de Correa. La conversación del 6 de noviembre de 2008 entre Crespo y El Bigotes, transcrita por la policía, retrata la personalidad de ambos. Las frases del primero son: «Ya», «Sí», «¿Y qué te dice?», «Ya». El extrovertido Álvaro Pérez habla en cambio del «laboratorio de la dama», en alusión a la mujer de Camps, bromea con «el flequillo» de Rambla y cuenta que se va de viaje con «Peter», en alusión al ex director general de RTVV.
En la trama Gürtel cada uno estaba en el lugar en el que más rendía. El informe policial habla de la importancia de situar a «profesionales con buen nombre» para no levantar sospechas. Puesto más clave que el del ingeniero financiero y arquitecto de toda la estructura de blanqueo de capitales no había. Ese papel lo desarrolló al principio Luis de Miguel Pérez. Montó el entramado para el blanqueo diseñando una gran red empresarial en la que las firmas se cruzaban facturas para reducir cargas impositivas (según consta en archivos encriptados de una memoria externa hallada en el piso de la calle Martínez Campos) y, sobre todo, se valían de empresas montadas en el extranjero y cuentas en paraísos fiscales.
La policía se muestra sorprendida de que en la web de su despacho De Miguel alardee de su capacidad para bordear la ley y de tener relaciones con despachos en Suiza, Liechtenstein o Irlanda.
El inspector fiscal Blanco Balín
Sus funciones las heredó el inspector de Hacienda en excedencia y amigo de Aznar, Ramón Blanco Balín. Él fue, a tenor del informe de la Brigada de Blanqueo y del propio Garzón, quien situó a Correa en la Champions League de la arquitectura financiera internacional para lavar dinero ilegal. Con el asesoramiento de ese prestigioso despacho —salpicado por un caso instruido por Garzón sobre evasión de capitales a Liechstenstein—, Correa fue exportando el dinero negro a cuentas abiertas en Ginebra, Miami —en Bancaixa—, Mónaco, Amsterdam o paraísos fiscales como Isla de Nieves o las Antillas Holandesas. Paralelamente, el jefe de la trama constituyó «sociedades en territorios off-shore, que eran matrices de otras creadas en las metrópolis», como Holanda o Reino Unido. El propietario último era Correa, pero las llamadas «acciones al portador» las guardaba su primo Antoine Sánchez u otras firmas suyas internacionales.
En el citado archivo encriptado, aparecían empresas como Forevermore Inc., radicada en Isla de Nieves, y cuyas acciones están en manos de cinco personas que no constan. En el mismo destino está radicada Pacsa Limited En Reino Unido, crearon Bangtone Limited y en Holanda, Jubilate Holding BV o Bellavista Holding. Estas mercantiles controlaban la propiedad de Inversiones Kintamani, una de las sociedades patrimoniales que Correa tiene en España, junto a Osiris Patrimonial, Cresva, Caroki o Castaño Corporate SL, entre otras.
Correa no aparece en ningún órgano de administración de unas cuya gestión la llevaba Blanco Balín, que figuraba en seis órganos de dirección. Las ampliaciones de capital (de 1996 a 2004, Kintamani hizo 19 hasta alcanzar los 5 millones de euros) en esas patrimoniales ubicadas en España y las inversiones en inmuebles o bienes mobiliarios —con dinero procedente de firmas y cuentas en el exterior— era el mecanismo más utilizado para blanquear capitales.
La segunda pata inversora de toda la estructura societaria se asentaba a lo largo y ancho del mapa mundi. Desde Azerbayán hasta Panamá, pasando por Senegal o Colombia, las firmas exteriores de Correa invirtieron los euros que un día salieron de un acto del PP en Elx, Sueca o Benicarló.
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EL PAIS
De cómo El Bigotes inventó la rueda... de su fortuna
La investigación judicial acumula decenas de pruebas sobre cohecho y financiación ilegal
JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 04/10/2009
Un piso de la calle del General Martínez Campos de Madrid encierra algunos secretos de un negocio que amenaza al Partido Popular en la Comunidad Valenciana (prueba 1, ver la información bajo esta pieza). El jefe del tinglado se llama Francisco Correa, un hombre que ha acumulado decenas de millones de euros gracias a sus poderosas amistades y a un amplio catálogo de delitos -trato de favor, tráfico de influencias, información privilegiada, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, fraude fiscal- con el que supuestamente alimentó el negocio. Su fortuna sigue a buen recaudo en paraísos fiscales a los que la investigación judicial aún no ha podido hincarle el diente.
Francisco Correa creció a la sombra del PP, montando por toda España la escenografía de los actos públicos de José María Aznar (prueba 2). Aprovechó aquel trajín para repartir entre mitin y mitin su tarjeta de visita a un selecto grupo de políticos con cargo, con el mismo afán que quien siembra esperando la cosecha del siglo. Así logró poco a poco establecer contacto íntimo con decenas de dirigentes del PP que sabían que Correa era "amigo del jefe" (José María Aznar) y testigo en la boda de su hija. Se fijó en ellos porque tenían capacidad suficiente de adjudicar contratos con cargo al presupuesto público, un negocio redondo que nunca entraría en crisis.
Con el impulso de ese trampolín de inmenso poder político, Correa montó empresas, ninguna de ellas a su nombre, y logró cientos de contratos, la mayoría a dedo, de administraciones públicas gobernadas por los dirigentes a los que conoció en el ajetreo de los mítines de Aznar.
Sus relaciones comerciales eran tan íntimas que llegó a colocar a su mujer como jefa de gabinete de uno de los alcaldes a los que había captado para su causa, Guillermo Ortega (Majadahonda), y que también le adjudicaba contratos (prueba 3).
Con el viento a favor y el PP en expansión, Correa se aficionó a mediar ante sus conocidos con cargo público para favorecer a promotores inmobiliarios y constructores, que le llenaron de agradecimiento los bolsillos.
Una operación de suelo amañada le daba más dinero (negro) que cien actos institucionales juntos. Aunque el montaje de los cien actos institucionales le daba suficiente influencia para mediar en operaciones de suelo. Era la rueda de la fortuna (prueba 4).
En el piso de seguridad que Correa tenía en la calle General Martínez Campos se planificaba el futuro del negocio. Un día de abril de 2004, Correa decidió exportar su tinglado a Valencia aprovechando que uno de sus amigos, Pedro García, iba a ser nombrado director general de la televisión pública. Para abrir el nuevo negocio, Correa eligió a uno de sus fieles colaboradores, Álvaro Pérez, El Bigotes, quien conocía a Francisco Camps de la época en la que éste trabajó en el aparato de la dirección nacional de la calle Génova, en Madrid.
El Bigotes triunfó como empresario desde el mismo día que abrió negocio (Orange Market) en la Comunidad Valenciana. Muy pronto acumuló contratos públicos y se quedó con la exclusiva del montaje de todos los actos del PP valenciano. Los políticos para los que preparaba actos públicos eran los mismos que gobernaban en la administración que le adjudicaba contratos. Otra rueda de la fortuna.
El primer botín, un millón de euros, lo consiguió Pérez al ganar un concurso para montar el pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid de 2005. En los años sucesivos -2006, 2007, 2008 y 2009- el Gobierno de Camps le renovó la confianza del contrato millonario de Fitur en concursos sospechosos (prueba 5).
Insatisfecho con aquel negocio seguro, El Bigotes fue arañando contratos menores de casi todas las consejerías del Gobierno valenciano, que le adjudicaban los trabajos a dedo y, en muchos casos, troceando el proyecto en varias partes para no superar los 12.000 euros de importe en cada una de ellas (prueba 6). Era el límite que la ley fijaba para las adjudicaciones sin concurso.
Sin ninguna experiencia en la Comunidad Valenciana, El Bigotes se hizo, pocos meses después de abrir su empresa, con la elaboración de una Guía de la Comunicación (12.000 euros), la organización del segundo congreso de Software libre (cuatro contratos de 12.000 euros), el tercer Open de Tenis (11.900), una exposición de parques naturales (11.900). En plena fiesta del despilfarro, llegó a facturar ese año 150.000 euros a la Generalitat por un almuerzo multitudinario en Madrid.
Pérez cultivó la amistad de los políticos que le adjudicaban los contratos a base de trajes a medida. En uno de sus viajes a Madrid, convenció a su sastre particular, José Tomas, director de ventas en la tienda de Milano de la calle de Serrano, a sólo unos metros de la sede central de las empresas de Correa, para que viajase a Valencia a tomar medidas a varios políticos, todos ellos clientes-amigos, para confeccionarles trajes, pantalones y chaquetas.
El sastre aceptó el trato, y viajó a Valencia. Visitó la sede del PP y varios despachos de la Generalitat para tomar medidas a Ricardo Costa (entonces vicesecretario general del PP), Victor Campos (vicepresidente del Gobierno valenciano), Pedro García (director general de la radiotelevisión valenciana) y Rafael Betoret (jefe de gabinete en la Consejería de Turismo). José Tomás se llevó a Madrid un buen negocio, le habían pedido nueve trajes, seis pantalones y cinco americanas (prueba 7).
Los regalos a cargos públicos que adjudicaban contratos eran una práctica habitual decasa Correa. Mientras El Bigotes tiraba de chequera para vestir a los dirigentes valencianos, sus compañeros en Madrid regalaban coches, televisiones de plasma, viajes, relojes y trajes a alcaldes y diputados madrileños (prueba 8).
Francisco Camps también se enamoró de los trajes de El Bigotes y en abril de 2006 le pidió el teléfono móvil del sastre, al que llamó durante uno de sus viajes a Madrid para visitar la tienda.
Para entonces, Orange Market seguía acumulando adjudicaciones a dedo de la Comunidad Valenciana que presidía Camps (un acto de estrategias de comunicación, el cuarto Open de Tenis, unas jornadas de Educación, el Congreso Familia y Escuela, los Premios Salud y Sociedad, el Plan de Violencia doméstica...).
El presidente de la Generalitat se aficionó a los trajes del sastre José Tomás y encargó cuatro a medida en el primer semestre de 2006 junto a tres americanas. En noviembre de ese mismo año volvió a pedir otros cuatro trajes; en la primavera de 2007, dos americanas y algún pantalón; y en el verano de 2008, otros dos trajes (prueba 9).
Todos esos pedidos fueron supuestamente abonados por la trama corrupta mediante transferencias bancarias o cheques con fondos de Orange Market y otras dos empresas de la red empresarial de Francisco Correa (prueba 10).
Betoret, Campos, Costa y García, los otros amigos del PP a los que cortejaba El Bigotes, también recibieron durante ese tiempo más trajes de Milano y Forever Young, la tienda a la que se trasladó el sastre José Tomás.
Las excusas que todos estos dirigentes dieron al juez José Flors sobre cómo se pagaban toda esa ropa fue variopinta. Unos, como Camps, aseguraron que abonaron en la propia tienda el importe de los trajes (varios miles de euros) en metálico (que sacaba de la caja de la farmacia de su mujer), aunque ningún empleado lo vio ni quedó constancia escrita del supuesto pago. "Nunca me preguntó cuánto debía y nunca me pagó", recuerda el sastre.
Otros, como Ricardo Costa, aseguraron que se lo abonaron a Álvaro Pérez en Valencia. Y algunos, como Rafael Betoret, llegaron a esgrimir una libreta de ahorro de un banco para intentar demostrar que abonaba la ropa a El Bigotes -al que a la vez se adjudicaban contratos millonarios en el departamento donde trabajaba- en cómodos plazos de 500 en 500 euros (prueba 11). El prestamista era a la vez contratista.
Para entonces, Orange Market ya llevaba una doble contabilidad de sus negocios en Valencia, a imagen y semejanza de lo que hacía la trama empresarial de Correa en Madrid.
Parte de sus trabajos los cobraba mediante facturas con IVA; otra parte en dinero negro que engrosaba una caja B (prueba 12). Con esa caja B se pagaban los regalos a dirigentes políticos que tenían en sus manos la posibilidad de adjudicar contratos de la administración pública.
Francisco Correa controlaba el negocio de Orange Market en la distancia, a través de su contable en Madrid, José Luis Izquierdo, quien a su vez anotaba en la caja B de toda la red empresarial los ingresos de dinero negro de la firma que dirigía El Bigotes (prueba 13).
Aunque los principales clientes de Orange Market eran dos, el PP y la Generalitat Valenciana gobernada por el PP, en sus declaraciones a Hacienda comenzaron a aparecer en 2006 otros clientes, entre ellos, constructoras y empresas de servicios de la Comunidad Valenciana.
Cuando la policía echó el lazo a la trama corrupta, en febrero de 2009, y analizó la documentación incautada en sus sedes o en poder de los contables José Luis Izquierdo y Cándido Herrero, descubrió que esas constructoras y contratistas valencianas habían pagado cantidades que supuestamente correspondían al coste de actos electorales del PP que hacía Orange Market.
El nombre de alguna de esas firmas, que según la policía financiaron de manera ilegal al PP, apareció de manera comprometedora en correos electrónicos enviados desde la empresa de El Bigotes al despacho de abogados que le tramitaba las declaraciones fiscales (prueba 14). En esos mensajes, los trabajadores de Orange Market pedían a sus asesores fiscales cambiar facturas a nombre del PP por otras a nombre de las constructoras que supuestamente financiarían actos electorales.
Cuando Orange Market empezó a sufrir dificultades financieras, en otoño de 2008, El Bigotes llamó a todos sus amigos para arreglarlo. Toda la cúpula del PP (el secretario general, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera, Yolanda García) se pusieron manos a la obra para pagar las deudas que supuestamente mantenían con Álvaro Pérez (prueba 15).
En esos meses de tensas reuniones, El Bigotes no se olvidó de seguir alimentando a sus amistades con regalos especialmente caros (prueba 16). Hasta que la policía, tras una investigación de 14 meses, iniciada tras la denuncia de un ex concejal del PP que fue muy amigo de Correa, desarticuló el tinglado y pinchó la rueda de la fortuna.
Kilos de documentación comprometedora
- Prueba 1. En el registro del piso de Seguridad de la red corrupta se halló un ordenador que almacenaba documentación encriptada. Eran archivos informáticos con pagos de comisiones a dirigentes del PP; fichajes de altos cargos para conseguir contratos y documentos con apuntes estratégicos: "Temas Valencia. Pedro quiere ser director de la televisión de Valencia, que Álvaro se vaya para allá".
- Prueba 2. En una caja de seguridad que Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, tenía en una sucursal de un banco en Pontevedra se hallaron documentos de la facturación al PP entre 1996 y 1999 (parte de ella en dinero negro) por unos 6 millones de euros.
- Prueba 3. En la documentación incautada en la sede central de la red, calle de Serrano, 40, se halló la contabilidad B donde aparecían pagos al alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Las empresas del grupo lograron contratos del Ayuntamiento de Majadahonda que están en el sumario.
- Prueba 4. Al menos tres operaciones de suelo, una en Arganda del Rey (que generó unas plusvalías de decenas de millones de euros), otra en Boadilla del Monte (con tres millones de beneficio) y una obra pública en Castilla y León, aparecen documentadas en los registros de la trama y en diversas grabaciones que acreditan el pago de comisiones millonarias por parte de las constructoras beneficiadas gracias a la supuesta mediación de Correa.
- Prueba 5. El informe del Tribunal de Cuentas Valenciano de 2006 sobre el contrato adjudicado a Orange Market para el pabellón de Fitur señala: "La fórmula que la Agencia Valenciana de Turismo utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía, porque la valoración de la oferta no alcanza la ponderación que en principio se establece en la licitación del contrato (50 o 60 puntos sobre 100)".
- Prueba 6. Informe remitido por la Generalitat Valenciana al Tribunal Superior de Valencia sobre contratos adjudicados a Orange Market entre 2005 y 2008, casi todos sin concurso público.
- Prueba 7. Declaración del sastre José Tomás ante la Fiscalía Anticorrupción y ante los jueces Garzón y Flors (este, último del Tribunal Superior de Valencia). Todos le dieron credibilidad y así lo expusieron en sus autos.
- Prueba 8. La documentación incautada a la trama corrupta acredita pagos de viajes al tesorero del PP, Luis Bárcenas; al diputado autonómico madrileño, Benjamin Martín Vasco, y a otros. Una de las directivas de la trama, Isabel Jordán, declaró al juez que regaló trajes al alcalde de Boadilla, que le adjudicaba contratos. La trama, en grabaciones judiciales, se jacta de haber regalado un coche al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y televisiones de plasma a otros cargos municipales.
- Prueba 9. La documentación solicitada a las tiendas Milano y Forever Young ratifica los encargos de trajes para Francisco Camps.
- Prueba 10. El pago de los trajes de Camps en la tienda Forever Young se hizo mediante transferencias o cheques de tres empresas de la trama corrupta: Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. El director de ventas de la tienda declaró que los directivos de la trama pagaban los trajes de Camps.
- Prueba 11. Declaraciones ante el juez de los altos cargos del PP que se beneficiaron de los regalos de Álvaro Pérez, el Bigotes.
- Prueba 12. Documentos incautados en la sede de Orange Market en Valencia y en poder del contable de esta empresa, Cándido Herrero. En la contabilidad había un apartado para los "ingresos en Alicante", en referencia a dinero justificado con facturas con IVA, y otro apartado para ingresos en "Barcelona", en referencia a dinero negro no declarado.
- Prueba 13. Registro de la sede principal de la red en la calle de Serrano. En su contabilidad B figuraban ingresos de Orange Market, que coincidían con el dinero negro que esta empresa valenciana consignaba en sus propias cuentas opacas.
- Prueba 14. Correos electrónicos encontrados en la sede de Orange Market probaban que se cambiaban facturas por actos del PP por otras de constructoras, de lo que se deduce un circuito de financiación ilegal de esa formación política. Un ejemplo: "Factura 118 del 1/04/2008 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 31.784. Factura 121 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 84.100".
- Prueba 15. Conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial entre Álvaro Pérez (jefe de Orange Market), Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García (tesorera). Ricardo Costa a Álvaro Pérez: "Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente no lo sepa, y entonces que le digas que éste (en referencia a Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat) es un hijo de puta". David Serra a Álvaro Pérez: "El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, ya fetén. Lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura, igual que la otra".
- Prueba 16. Conversaciones grabadas con autorización judicial entre Álvaro Pérez y su contable, Cándido Herrero, donde le comunica que está comprando regalos de lujo para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la ex consejera de Turismo. Conversación entre Álvaro Pérez y Francisco Camps, presidente valenciano, grabada con autorización judicial el 7 de enero de 2009, un día después de la fiesta de Reyes Magos. Álvaro Pérez ha enviado regalos a toda la familia Camps, algunos de alto valor:
Camps. Muchísimas gracias, ¿eh?
Álvaro Pérez. Bueno, escucha, tu... ¿Has leído mi tarjetón?
C. Sí, sí, sí...
Á. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...
C. No, no, nada.
Á. Sí, sí, sí.
C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.
La conversación continúa con la mujer de Camps, que le reprocha que le haya hecho un regalo tan caro y le comunica que se lo va a devolver.
