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Cada día, los habitantes de 13 autonomías y más de 100 grandes ciudades españoles pueden ver los programas de sus televisiones regionales o municipales, junto a TVE y las privadas. Pero no les sale gratis: ver la televisión propia les cuesta más de 120 euros al año por familia.
Las TV autonómicas y locales tienen unos 2.000 millones de Presupuesto, el 70% del gasto del Ministerio de Educación. Y la mayoría son subvenciones de autonomías y Ayuntamientos, que no evitan unas pérdidas acumuladas de 1.500 millones de euros.
Unas televisiones caras y muy politizadas, cuyo futuro se debate en estas elecciones. Unos quieren privatizarlas, otros quitarles la publicidad y otros cerrarlas. Algo habrá que hacer con ellas.
En 2010, el presupuesto de estas 13 TV autonómicas ascendió a 1.860 millones de euros, de los que la publicidad sólo cubre el 15%. El resto son subvenciones (813 millones) y pérdidas (775 millones), que acaban saliendo del presupuesto autonómico, del bolsillo de los ciudadanos.
En 2009, las televisiones autonómicas costaban una media de 110 euros por hogar, según un estudio de Deloitte. Las más caras eran las TV de Baleares (219 euros por familia), Euskadi (191 €), Aragón (145€), Andalucía (121 €) y C. Valenciana (117 €).
El problema es que tienen un alto coste, están sobredimensionadas de personal (10.000 personas, cuatro veces la plantilla de las TV privadas) y tienen poca publicidad (les ha caído un 39% desde 2006) por su baja audiencia, que además está cayendo con la TDT: sólo superan el 10% de share TV-3 (14,8%), Canal Sur(12,7%) y la TV de Galicia(12,3%).
En consecuencia, viven de las subvenciones y acumulando unas pérdidas de 1.480 millones de euros.
En paralelo, unas 100 grandes ciudades españolas mantienen TV municipales, con más de 100 millones de presupuesto, en su mayoría con cargo a los Ayuntamientos, que cubren sus pérdidas.
La mayoría están en Andalucía (más de 30 TV municipales, destacando Giralda TV en Sevilla, con 4 millones de presupuesto, Málaga o Cádiz con más de 2 y Jerez con 1,3 millones) y en Cataluña (con más de 18 TV municipales, la principal la barcelonesa BTV, con 18 millones de presupuesto y 1,6 millones de deuda).
Son TV con más de 600 trabajadores, elevados costes y una escasa audiencia (1,3% para todas las locales, incluyendo privadas) y con una publicidad que cayó un 40% en 2010.
Ante este panorama, la receta de las TV privadas es la misma que se aplicó a RTVE: quitarlas la publicidad y financiarlas con el presupuesto autonómico/ municipal o con un canon. Una mala solución a la vista de lo que ha pasado con RTVE: ha tenido que prejubilar a 4.000 empleados, ha recortado costes y aun así ha cerrado 2010 con un déficit de 47,1 millones porque no ha funcionado el sistema de financiación aprobado: las operadoras de telecomunicaciones y las TV privadas (junto a la tasa radioeléctrica) han aportado 142 millones menos de los previstos.
Y además, una parte de estos ingresos están recurridos por Bruselas ante el Tribunal de Luxemburgo, con lo que el próximo Gobierno se puede encontrar con que ha de buscar otra vez como financiar a RTVE o hacer más recortes.
Eso sí, los 500 millones de euros que facturaba RTVE por publicidad (que ahora se cubren con una subvención del Presupuesto de 579 millones) se los han repartido entre Telecinco (200 millones) y Antena 3 (104 millones), dos cadenas que han disparado sus beneficios en 2010 (+ 79,6 T5 y + 45,6% A3), gracias al desmantelamiento financiero de RTVE, un logro más en el balance de ZP.
Ahora, no debería repetirse este error estratégico (¿intencionado?) con las TV autonómicas y municipales.
Está claro que algo hay que hacer, porque no es de recibo que Cataluña, por ejemplo, tenga un presupuesto de 481 millones para su RTV autonómica y tenga que cerrar los quirófanos por la tarde o tener los institutos a media luz por su agujero presupuestario.
O que un Ayuntamiento se gaste más en RTV que en servicios sociales. Son televisiones caras, poco independientes y muy politizadas, y con una programación discutible, más comercial que de servicio público, que puja por programas como la Fórmula 1 (Canal Nou) o la Champions (TV-3 o Canal Extremadura).
El PP dice en esta campaña electoral que quiere cerrarlas o privatizarlas, pero está por ver que lo hagan, ya que son “un juguete” muy tentador. Otra opción (peligrosa) es externalizar los servicios, en manos de productoras de “amiguetes”.
Pero algo hay que hacer tras el 22-M: sanearlas, dimensionarlas, hacer una programación sensata y centrada en la región o la ciudad. Y buscar un modelo de financiación realista y estable. Si no, la pelota de las pérdidas las abocará a la subasta o al cierre.
