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| Moncloa pretende dar un giro a su política económica sin que se note | ||
El Gobierno le ha visto definitivamente las orejas al lobo de la recesión. Zapatero anunció ayer un calendario concreto de reformas económicas en cuestiones de calado: pensiones, mercado de trabajo o gasto público. No se conoce, por el momento, ni la intensidad ni el contenido de las reformas, pero es la primera vez que el Gobierno pone fechas precisas a la presentación de sus propuestas. El próximo 22 de enero enviará a los agentes sociales -empresarios y sindicatos- su reforma laboral (negociación colectiva, empleo para los jóvenes y temporalidad) y una semana más tarde, el día 29, les hará llegar los cambios en el sistema de pensiones que plantea el Ejecutivo. Ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobará un plan de recortes del gasto público. El cambio de estrategia del Gobierno tiene que ver con la constatación de que 2010 lejos de ser un año claro de recuperación económica, como inicialmente barajaba Zapatero (no así sus asesores económicos), continuará sembrado de dudas. Y de ahí que el Ejecutivo intente ahora liderar la mala coyuntura económica llevando la iniciativa. Ocupando todo el espacio mediático. Máxime cuando las encuestas sitúan al Partido Socialista claramente por detrás del Partido Popular, cuya estrategia se parece cada vez más a lo que los anglosajones denominan wait and see. O lo que es lo mismo, Rajoy espera sentado a ver el paisaje que deja la recesión después de la batalla. Queda por saber, sin embargo, si tras la nueva estrategia de Zapatero se esconde un giro meramente cosmético para aparecer ante la opinión pública como un presidente reformador (su gran lastre en términos de credibilidad) o, en verdad, se trata de una nueva política económica. Pero lo que ya sabe Zapatero es que la mala situación económica le puede hacer perder las elecciones. Y de ahí que se haya puesto manos a la obra. Lo que pretende el presidente del Gobierno no es, desde luego, fácil. Su obsesión es mantener su privilegiada relación con los sindicatos, que le garantizan la paz social, pero al mismo y dada la gravedad de la crisis, es consciente de que sin reformas profundas del mercado de trabajo (y más a largo plazo de las pensiones) es imposible pinchar la enorme bolsa de desempleo que ha creado la economía española en los dos últimos años: más de cuatro millones de parados y cerca de 1,6 millones de puestos de trabajo destruidos. Y a la luz de la experiencia no parece que vaya a ser fácil desalojar tanta agua embalsada. Una ingente tarea Entre el máximo nivel de desempleo que se alcanzó en la anterior recesión -un 24,55% en 1994- y el mínimo dato de paro en términos EPA -el 7,95% en el segundo trimestre de 2007- tuvieron que pasar nada menos que trece años, y eso pese a que la economía creció como media por encima del 3%. Algo que hoy por hoy se antoja como una quimera. De hecho, España tardó nada menos que once años en situar la tasa de desempleo por debajo del 10%, lo que da idea de la ingente tarea que queda por delante. En el mejor de los casos, y dando por hecho que la economía crezca durante los próximos diez años por encima del 3% , la tasa de paro española no se situará en niveles europeos -en el entorno del 8%- hasta cerca ya de 2017 o 2018. Y para entonces presionará ya en términos económicos el envejecimiento de la población, con todo lo que ello supone. Algo parecido sucede con la deuda pública. En el mejor de los casos, el endeudamiento no se situará por debajo del 60% -límite asumible para una economía como la española- hasta mediados de la próxima década, y siempre que las administraciones se sometan a una intensiva cura de adelgazamiento. La Comisión Europea ha estimado, de hecho, que en 2011 la deuda pública se situará en el 74% del PIB, con un déficit presupuestario equivalente al 8,1% (dos años antes de que haya que llegar al 3%) y una tasa de desempleo increíblemente elevada: el 20,5%. Es decir, que en términos de algunas magnitudes lo peor está por llegar después de casi dos años de recesión. Purgar los excesos Así las cosas, y como se suele decir, Zapatero intenta hacer una tortilla sin romper huevos, algo que resulta extremadamente difícil en un contexto económico como el actual. Si la recesión ha servido para purgar los excesos del último ciclo expansivo, la tarea de los próximos años es pagar el coste del ajuste en términos de paro y endeudamiento. Y ello exige sacrificios -y medidas impopulares- que hasta el momento Zapatero no ha querido asumir. Básicamente porque es consciente de que su fuerza electoral radica en que sigue apareciendo ante sus votantes como el garante del sistema de protección social. El mensaje que una y otra vez lanza a sus electores es que si gobernara el PP, los derechos de los trabajadores se verían mermados, y con esta etiqueta quiere presentarse a las próximas elecciones. El problema que tiene, sin embargo, es que la economía necesita reformas profundas para aumentar su potencial de crecimiento, que según la Comisión Europea se sitúa en el entorno del 2%. Y con el 2% de aumento del PIB el desempleo continuará en tasas elevadísimas durante al menos un quinquenio. ¿Y por qué Zapatero habla ahora -y no antes- sin tapujos de reformas económicas? Probablemente por un error de diagnóstico sobre la intensidad de la recesión, pero también asesorado por algunos economistas de su entorno, convencidos de que las reformas económicas son más eficaces cuando se aplican al inicio de la recuperación económica y no en el momento álgido de la tormenta. Eso, al menos, es lo que se hizo tras la última recesión. El célebre 'decretazo' no se aprobó hasta 1994 y eso sentó las bases de la recuperación. Pero entonces Felipe González tuvo el coraje de enfrentarse a una huelga general. Está por ver si se repite la historia. | ||
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LA MENTIRA DE LOS POLITICOS
La palabra MENTIRA según la enciclopedia Wikipedia es lo siguiente:
"Una mentira es una declaración realizada por alguien que cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, ocultando siempre la realidad en forma parcial o total".
En política desde lo mas alto de nuestras instituciones hasta lo mas bajos… Desde la Casa Real, Gobiernos, Senado, CC.AA, Diputaciones,… Desde los Alcaldes, Concejales,… Desde los Secretarios Generales hasta los militantes con responsabilidad de los partidos políticos,… Todos esconden, deforman, contornan, difaman sistemáticamente la verdad
¡Todos mienten con poco o muchos conocimientos de sus palabras; Son ciegos ofuscados por el poder, por su status, por el halagó del entorno son consentidos de ser importantes y amantes de los aplausos. La mentira es parte de la vida cotidiana de los políticos, la mentira pertenece a su sombra, para ellos la mentira es indispensable a su supervivencia.
Según observadores políticos un político vago tendrá éxito, un político fastidioso también, pero un político que no sabe mentir esta condenado al fracaso!
Las pequeñas “menteligias “dan acceso a las grandes mentiras para después llegar y culminar a las mentiras electorales.
Los nuevos o novatos políticos empiezan los discursos tradicionales con las siguientes frases;
- No tengo más ambición que de servir a mis ciudadanos?
– No soy un político tradicional ¿
- Soy un político diferente ¿-etc... etc...
En el ranking de las mentiras políticas esta la del político que predica la “unidad del partido “ hay una regla que no esta escrita en la cual el partido debe parecer unido en cualquier circunstancia! Por eso ese “parecer “necesita un numero incalculable de mentiras; lo que cuenta es la apariencia de lealtad y de franqueza.
En política la mentira y el engaño son los lideres de la doctrina del partido, los que por fidelidad a los principios mas sagrados dicen lo que piensan, son tratados como parias por su propio partido, dicho de otro modo los que actúan con franqueza cometen un acto innoble, y los que se callan o esconde sus intenciones son gratificados en ser personas respetables y leales.
La mentira ha engangrenado la clase política en su recoveco y creo que es importante buscar los orígenes de este mal: La respuesta es sencilla:
si los políticos recurren a la mentira es que están convencidos de su rentabilidad.
Los políticos que son los más hábiles con la falacia o falsedad son los que más tiempos duran y con más éxito.
Alguien me dirá “ es que no hay político honesto?
“ Aquí no se trata de honestidad, hay políticos con buenas intenciones, adicto y muy entregado a su labor y partido.
Hay un escritor Frances (Pierre Lenain) que dice:
“ Político honesto puede ser que los hayas pero políticos que no mientan: imposible! “
Es una verdad muy dura y que radica en la rentabilidad de la mentira; ¿y porque es rentable ?:
Porque el pueblo lo recompensa con los votos.
El mejor político mentiroso es el que gana,
¿Por ignorancia de los ciudadanos al engaño del político? O por que no tiene otro modo de castigo.
Los ciudadanos saben perfectamente que el político miente; pero no saben contemplar la mentira en toda su amplitud y consecuencia.
Aparece un político nuevo, una nueva figura, con don de palabras, con propuestas diferentes y convincentes y el ciudadano cae otra vez en la trampa…
Esa esperanza, ese voto se explica por el desconocimiento real de la mentira en política, ya que cualquier persona coherente que siga de “cerca “este político o partido perderá rápidamente las ilusiones
Los políticos quieren y viven por el voto, dependen solamente de nosotros de hacérselo pagar y cuando mas caro mejor.
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Moncloa pretende dar un giro a su política económica sin que se note
¡¡ Como esta "el patio" !! ... y aqui no pasa nada ..
2009 ha sido definitivamente el ‘annus horribilis’ de la Hacienda Pública española. Nunca antes se había producido un fenómeno similar: una caída de la recaudación tributaria de nada menos que el 47,8% respecto del año anterior. Eso quiere decir que el Estado ingresará este año en relación al Producto Interior Bruto (PIB) lo mismo que en los últimos años 80 en términos relativos.
Los datos dados ayer a conocer por la Intervención General revelan, en concreto, que los recursos no financieros del Estado (sin tener en cuenta el resto de administraciones territoriales) ascendieron durante los once primeros del año a 97.194 millones de euros, lo que supone un 22% menos que el año anterior en el mismo periodo. Sin embargo, si se elimina las cotizaciones sociales (a las que el Estado tiene que hacer frente por ley), se estaría hablando de una caída de los ingresos impositivos cercana al 48%, lo que refleja la intensidad del ajuste fiscal.
El servicio de estudios del BBVA ha estimado, de hecho, que la ratio de ingresos sobre PIB pasará del 41,1% registrado en 2007 a un 35,6% a finales de 2009. Los gastos, por el contrario, se situarán claramente por encima del 45% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que dará origen a un déficit presupuestario que se situará cerca del 11% del PIB. La magnitud de la disminución de los ingresos públicos ha sido muy superior al deterioro del PIB nominal, dice el BBVA, hasta situar “los recursos de las administraciones públicas españolas en niveles de finales de los 80”.
La caída de los ingresos no tiene parangón, y para llegar a esta conclusión sólo hay que tener en cuenta que este año -en términos absolutos- Hacienda recaudará incluso menos que en 1999, lo que da idea de la debacle fiscal. Ese año el Estado (operaciones no financieras) recaudó 109.643 millones de euros, pero es muy probable que con sólo repetirse las cifras del año pasado un decenio más tarde no se alcance ese nivel de ingresos públicos. Para hacerse una idea de lo que significan esas cifras sólo hay que tener en cuenta, según datos del Banco de España, que en el año 2007 los recursos del Estado (incluyendo no sólo los ingresos en caja sino también los compromisos de pago) ascendieron a 165.010 millones de euros. Es decir, que en apenas un par de años se ha producido un brutal descenso de la recaudación de casi 60.000 millones de euros.
Crisis fiscal
La crisis fiscal, por lo tanto, no tiene sólo que ver sólo con el aumento de los gastos derivado de la recesión, sino sobre todo con el desplome de los ingresos públicos, principalmente debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, que durante años regó de cuantiosos recursos a las administraciones públicas. Sin embargo, la fiesta se ha acabado. El sistema tributario no da más de sí.
Según los economistas del BBVA, la elasticidad de los impuestos (relación entre recursos públicos y PIB) se situará en el bienio 2008-9 en 0,2 puntos, una cifra ridícula si se compara con los 1,2 puntos registrados entre 1996 y 2007, los años del boom económico. Es decir, que por cada 100 puntos que crece el PIB, los ingresos están aumentando en estos momentos 102 puntos, cuando el ciclo anterior se alcanzaba los 120 puntos. Todo lo que sea alejarse de la unidad es una mala noticia para Hacienda.
Incluso si la comparación se hace con lo que sucedió entre 1990 y 1995 (años en los que medió una recesión) los resultados son desalentadores. Durante esos años, la elasticidad fiscal fue de 0,9 puntos, cuatro veces más que ahora. Es más, entre 1971 y 1989 la relación entre PIB y recaudación fiscal –la elasticidad- fue de 1,3 puntos, lo que indica que la Hacienda Pública se encuentra en la peor situación desde hace al menos 40 años.
Según los datos del BBVA, si se analizan los recursos de las administraciones públicas por componentes, se observa “una caída generalizada de todas las partidas de ingresos, salvo en las cotizaciones sociales”, que se han mantenido prácticamente estables alrededor del 13% del PIB.
Nada menos que tres puntos porcentuales de la caída de los ingresos se han concentrado en los recursos procedentes de los impuestos sobre la producción, básicamente en el IVA, cuya recaudación en relación al PIB ha caído en torno a dos puntos porcentuales desde 2007. Por su parte, sostiene el BBVA, los impuestos corrientes sobre la renta (destacando, entre ellos, el Impuesto sobre Sociedades) han contribuido a la reducción de los ingresos públicos en dos puntos y medio del PIB, influidos en buena medida por las rebajas fiscales que se concentran en estas figuras y las disminuciones en las plusvalías.
Previsiones
A la luz de estos datos, parecen remotas las probabilidades que tiene el Gobierno de cumplir sus propias previsiones de situar el déficit del conjunto de las Administraciones públicas en el 9,5% del PIB en 2009, porcentaje equivalente a 100.360 millones de euros. Según la comunicación enviada a Bruselas el pasado 30 de septiembre, de esta cantidad, 85.690 millones corresponden al Estado, que hasta noviembre ha generado ya un déficit de 71.524 millones de euros.
Tradicionalmente, diciembre es un mal mes desde el punto de vista de las cuentas públicas, por lo que con sólo repetirse lo que ocurrió en 2008 se estaría hablando de un desequilibrio algo superior a los 88.120 millones de euros. Para las comunidades autónomas, el Gobierno ha previsto un déficit del 1,5% del PIB (15.850 millones de euros), algo que parece poco probable lograr teniendo en cuenta que para 2010 su techo de déficit se sitúa en el 2,5%. Por su parte, el desequilibrio de los ayuntamientos debería llegar a los 3.200 millones de euros (el 0,3% del PIB). Mientras que la Seguridad Social debería tener un superávit de 4.380 millones (el 0,4% del PIB).
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El superávit de la Seguridad Social cayó un 28,8% hasta noviembre, con 14.800,60 millones
EP - 29/12/2009 09:03h
La Seguridad Social obtuvo un superávit de 14.800,60 millones de euros en los once primeros meses de 2009, cifra inferior en un 28,8% a la del mismo periodo del año anterior, cuando el superávit ascendió a 20.797,34 millones de euros, según datos
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Este resultado, equivalente al 1,40% del PIB, fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 112.905,24 millones de euros, un 0,77% menos, y de unos pagos que sumaron 98.104,64 millones de euros, un 5,51% más que en el periodo enero-noviembre de 2008. Trabajo explicó que los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe de 900 millones de euros, lo que implicaría la disminución del superávit a esta fecha.
Por otra parte, el departamento de Celestino Corbacho precisó que este resultado se reducirá en diciembre, debido a la paga extraordinaria de los pensionistas y empleados de la Seguridad Social cuyo importe se cifraría, según previsiones, en más de 6.300 millones de euros. La caída del superávit de la Seguridad Social registrada en los once primeros meses es superior a la experimentada hasta octubre, cuando el saldo positivo del sistema reflejó un retroceso del 27,4%.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, destacó que los datos de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social del mes de noviembre confirman que el sistema de Seguridad Social terminará el año con un superávit "mucho mayor" que el que se había previsto a comienzo del ejercicio y muy cercano al que se contiene en el presupuesto de la Seguridad Social para 2009.
En opinión de Granado, esto significa que la Seguridad Social acabará el año en superávit, al contrario que la inmensa mayor parte de los países más ricos del mundo, que van a terminarlo con un Sistema de Seguridad Social en déficit. Asimismo, según resaltó, confirma la "buena marcha" financiera del sistema de Seguridad Social, y que las medidas tomadas durante al actual ejercicio para reducir costes "innecesarios" han permitido mejorar la situación financiera del sistema y han hecho que la Seguridad Social afronte todos sus compromisos, pague las pensiones puntualmente y termine el año con un superávit muy cercano al que se contiene en el presupuesto.
Además, Granado resaltó que la Seguridad Social enfoca el año 2010, tras pasar el año más difícil de la crisis económica, en una situación que permite que los pensionistas tengan seguridad en el buen funcionamiento del sistema y los afiliados vean cómo el sistema se consolida y "cómo va a estar allí cuando sea necesario para pagarles las prestaciones que están generando sus cotizaciones".
En términos de caja, las operaciones no financieras de la Seguridad Social hasta noviembre se concretaron en una recaudación líquida de 110.171,85 millones de euros, con un descenso del 1,58% respecto al ejercicio anterior, mientras que los pagos se incrementaron un 5,62%, hasta 97.932 millones de euros.
Del volumen total de ingresos, el 91,18% correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes a la Seguridad Social, y el 8,82% restante a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por su parte, el 90,89% de los pagos fue realizado por las entidades gestoras y el 9,11%, por las mutuas.
Los ingresos por cotizaciones bajan un 1,6%
Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron en los once primeros meses del año un total de 97.337,91 millones de euros, un 1,6% menos que en el mismo periodo del año anterior.
La mayor parte de los ingresos por cotizaciones correspondieron al Régimen General, el más numeroso del sistema, con un montante de 69.119,76 millones de euros, un 4,29% menos. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se recaudaron 9.620,10 millones (-0,98%), mientras que los ingresos por cotizaciones en el Régimen Especial Agrario (REASS) alcanzaron los 829,81 millones de euros, con un descenso del 7,16% respecto a los once primeros meses de 2008.
El Régimen Especial de Empleados de Hogar aportó 490,10 millones en cotizaciones, un 7,36% más, el del Mar recaudó 267,82 millones de euros (-3,9%) y el del Carbón ingresó 175,57 millones de euros (-1,39%). Por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se recaudaron 6.572,02 millones de euros (-12,73%) y por cuotas de desempleados, 10.262,75 millones de euros (+34,18%).
En el conjunto del año, la Seguridad Social prevé ingresar un total de 112.436,6 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma, los ingresos por cotizaciones representaban a finales de noviembre el 86,57% de lo previsto para todo 2009.
Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron 10.696,55 millones de euros hasta noviembre, lo que representa un repunte interanual del 11,52%, que Trabajo achacó al crecimiento de las aportaciones recibidas del Estado para la financiación del nivel no contributivo.
Más de 85.300 millones para pensiones contributivas
En el capítulo de gastos, los pagos por prestaciones económicas a familias e instituciones ascendieron a 88.612,11 millones de euros en los once primeros meses del presente ejercicio. De este montante, la mayor partida, un total de 85.319,70 millones de euros, correspondió a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento del 5,8%.
Dentro del sistema contributivo, se destinaron 77.119,13 millones de euros al pago de las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares), lo que supone un 6,61% más. El gasto en incapacidad temporal (IT) fue de 5.596,52 millones de euros, con un descenso interanual del 3,57%, mientras que a prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se dedicaron 2.083,92 millones de euros hasta noviembre, un 5,67% más.
A finales de noviembre, las pensiones y prestaciones no contributivas registraron un importe de 3.292,41 millones de euros, con un crecimiento interanual del 4,71%, de los que 1.199,61 millones de euros correspondieron a prestaciones familiares (+7,44%).
Las transferencias realizadas a comunidades autónomas, tanto corrientes como de capital, correspondientes básicamente a la Ley de Dependencia, alcanzaron los 1.931,54 millones de euros, con un crecimiento interanual del 125,73%. Los gastos corrientes en bienes y servicios y en inversiones experimentaron, por su parte, una disminución superior al 11%.
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El Supremo carga contra "el desastre urbanístico" que corroe España
Un fallo pionero avala el uso del Derecho Penal por "la inoperancia administrativa"
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 29/12/2009
Después de una colosal burbuja inmobiliaria que ha dejado cientos de cargos públicos implicados en casos de corrupción urbanística, el Tribunal Supremo ha constatado "la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística". En una sentencia en la que confirma las condenas a los responsables del escándalo de Andratx, en Mallorca, el tribunal justifica que, "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal" para perseguir los escándalos urbanísticos con más eficacia.
El fallo, del que ha sido ponente Siro García, afirma que "la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio". El tribunal replica así al recurso del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, del PP, que alegó que construir en terreno agrícola podría merecer una sanción administrativa, pero no era tan grave como para recibir una sanción penal.
Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y experto en derecho ambiental, afirma que "es una sentencia muy importante". "En muchos casos, los jueces consideran que el Derecho Penal es la última herramienta y que en infracciones urbanísticas basta con ir por la vía administrativa", generalmente con penas más leves y mucho más lenta. González Antón explica que la sentencia deja claro que "ante la inoperancia de las Administraciones encargadas de perseguir las infracciones urbanísticas, el Derecho Penal y sus jueces deben intervenir directamente".
El jurista añade que del fallo se desprende que "no se puede reservar para el Derecho Penal sólo las infracciones urbanísticas muy graves, sino también para supuestos como el enjuiciado, la construcción de una vivienda donde se podría ampliar un almacén agrícola. Desde el punto de vista de protección del paisaje, es una sentencia que marca un hito, pues establece que una sola edificación puede suponer un atentado grave al paisaje".
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, también aplaudió el fallo: "La UE, en su directiva sobre protección del medioambiente mediante el Derecho Penal, ya reconoció que la vía administrativa era insuficiente. El Supremo está empujando para que la legislación existente adquiera relevancia y eficacia".
Aunque la Constitución ya estableció que la protección del medioambiente debía contar con sanciones penales, la realidad es que éstas han sido la excepción. La sentencia del Supremo llega después de años en los que se ha intensificado la lucha contra la corrupción urbanística. Entre 2000 y 2006, el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa subió un 21,85%.
En 2006, el Gobierno creó la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que encabeza Vercher y una unidad especializada de la Guardia Civil contra la corrupción. Desde entonces, cada provincia cuenta con un fiscal especializado y las condenas por delito ecológico crecieron en 2008 un 22%.
El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria destaca que "el fallo es muy claro, pero llega tarde": "Es una llamada de atención a los poderes públicos y es ilustrativo del grado de impunidad en el que se encuentran las infracciones urbanísticas". Fernando Jiménez, profesor de Derecho Político de la Universidad de Murcia, insiste en que la clave debe ser "matizar o limitar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos".
Villoria, colaborador de la ONG Transparencia Internacional, se muestra, sin embargo, escéptico: "Los jueces apenas dan medidas cautelares para paralizar obras denunciadas y no hay demoliciones. ¿Qué va a pasar con todos los hoteles ilegales de Lanzarote o con el del Algarrobico [en Almería]?".
"La comunidad de ciudadanos es víctima"
- La Constitución establece que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente". Y añade: "Para quienes violen el apartado anterior [...] se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado".
- El Supremo falla ahora que "la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajista, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal".
- El Tribunal señala que "la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio".
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El desempleo sigue imparable en su ascenso como mayor preocupación ciudadana
Efe | Madrid
Actualizado martes 29/12/2009 12:49 horas
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El desempleo ha alcanzado una nueva marca histórica en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de la última década al ser citado como principal problema por el 79 por ciento de los ciudadanos, según el barómetro de diciembre dado a conocer por este centro demoscópico.
También crece la preocupación por los problemas económicos, que continúan en segundo lugar, mencionados por el 47 por ciento de los encuestados, y en tercer puesto se mantiene la clase política y los partidos, con un porcentaje del 13,6 por ciento que reduce en tres puntos el alcanzado en el anterior barómetro del mes de noviembre.
La encuesta, confeccionada a partir de 2.489 entrevistas personales entre el 1 y el 8 de diciembre, revela que la percepción sobre la situación económica, con ser "mala" o "muy mala" para el 72,6 por ciento, es algo más positiva que hace un mes, y también son más los que vaticinan que mejorará dentro de un año y menos los que opinan que empeorará.
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La economía de Francia crece un 0,3% en el tercer trimestre y se confirma su recuperación
Publicado el 29-12-2009 , por Expansión.com
La economía de Francia registró un crecimiento de tres décimas en el tercer trimestre respecto a los tres meses anteriores, cuando también creció un 0,3%, según ha hecho público hoy la oficina de estadísticas gala, Insee.
La contribución del comercio exterior se mantuvo positiva, al crecer tres décimas, frente a los ocho décimas del trimestre anterior, gracias al crecimiento del 1,7% de las exportaciones, mientras que las importaciones aumentaron cuatro décimas, informa Europa Press.
Sin embargo, el consumo de los hogares experimentó una acusada desaceleración al crecer una décima, frente al incremento del 0,4% del trimestre precedente, mientras que se intensificó la contracción de la formación de capital fijo (-1,4%) frente a la reducción del 1% en el anterior trimestre.
El juez y su banquero
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| El juez y su banquero | ||
| “¿En qué momento se jodió el Perú?” Es la pregunta que, consternado, se formula de manera constante Santiago Zavala, el protagonista de Conversaciones en la Catedral, quizá la mejor de las novelas de Mario Vargas Llosa, de cuya publicación se acaban de cumplir 40 años. Entre cerveza y cerveza y el humo de decenas de pitillos baratos, Zavalita y Ambrosio se lamentan en un humilde bar limeño llamado La Catedral de la triste suerte del Perú, cuándo se fue a pique el Perú, en una suerte de búsqueda existencial que denodadamente intenta dar con la pregunta de futuro capaz de colmar las aspiraciones de ambos: ¿hasta cuándo seguirá jodido el Perú? Y bien, ¿cuándo se jodió España? El profesor Toribio, del IESE, opina que desde el punto de vista económico fue la famosa huelga general del 14 de diciembre de 1988 la que torció el rumbo de la ortodoxia económica hasta entonces seguida por los gobiernos de Felipe González para adentrarse, con Carlos Solchaga al volante, en la cerrara de un gasto público desbocado que, por satisfacer a los sindicatos, culminaría con tres devaluaciones y un millón de parados en 1992/93. En lo político, sin embargo, muchos coinciden en que España se habíajodido antes, justo en el 85, cuando el propio Felipe decidió acabar con la independencia del poder judicial, haciendo pasar a los jueces por las horcas caudinas del sometimiento a la clase política. De lo jodida que está la práctica democrática española, de la degradación de sus instituciones, de la postración que sufre la Justicia, santo y seña de la calidad de una democracia digna de tal nombre, acabamos de tener esta semana una buena prueba con la revelación efectuada por María Peral en las páginas de El Mundo sobre la correspondencia mantenida por el intrépido juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el presidente del Banco Santander,Emilio Botín, a propósito de 302.000 dólares de nada que el magistrado necesitaba para financiar unos coloquios por él mismo planteados en la Universidad de Nueva York, dinero que, naturalmente, obtuvo. Una idílica amistad entre el juez campeador y su banquero, que empieza con un "querido Emilio" y termina, pago, arrobo y éxtasis mediante, con "un gran abrazo". Y varias veces un elocuente "te agradezco la financiación". Justicia corrompida y banca corruptora y vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. Escándalo sin paliativos, con la prueba del delito expuesta a público escrutinio. Cinco meses después de volver de Nueva York y ya reincorporado a la Audiencia Nacional, el juzgado del inmarcesible juez recibió una querella del difunto Rafael Pérez Escolar -flecos de las "cesiones de crédito"- contra Botín. No se abstuvo de intervenir y no la admitió a trámite. Hizo más: declaró que no tenía ninguna relación con el banquero. Mintió. La Sala de lo Penal de la Audiencia confirmó la inadmisión. Las preguntas corren cual caballos desbocados. ¿Fue la dádiva del Santander una forma de desactivar al juez? La técnica fue puesta en práctica con cierta regularidad en el pasado por la gran banca española. Por casi toda. Con la excusa de que el estipendio que reciben los magistrados es demasiado bajo para sus altos merecimientos, las entidades ofrecían discretamente a togada gente principal la posibilidad de dictar alguna que otra conferencia, por la que recibían un dinero que, por razones de incompatibilidad, no era declarado oficialmente, no obstante lo cual el juez de turno era obligado a firmar un recibo por las cantidades percibidas al solo objeto de dejar "constancia administrativa". Es fácil colegir que esos recibos en manos del pagador de turno auguraban un buen pasar en caso de tropiezo judicial de mayor cuantía. Se trataba, se trata en el caso que nos ocupa, de una especie de póliza de seguro que ha surtido una eficacia impresionante, pues ha funcionado apenas cinco meses después de producido el siniestro.Parece obvio que una sociedad democrática dotada de cierto pulso moral no debería permitir ni un minuto más la presencia del juez campeador en la Audiencia Nacional ni su pertenencia a la carrera judicial. Por pura higiene democrática. Las querellas internas de una clase política enferma seguirán, no obstante, sosteniendo al personaje por la peana. PP y PSOE lo han defendido y/o denigrado de acuerdo con sus particulares intereses temporales. Cuando el sujeto, en su infinita ambición, pretendía meter en la cárcel al mismísimo González por el caso GAL, el PP lo alababa como prototipo de magistrado virtuoso. Ahora que el personaje se aplica activamente a la tarea de dinamitar el cuarteado edificio de la derecha española a golpes de Gürtel, el PSOE lo jalea como paradigma del juez ejemplar. Otro tanto ocurre, en mimética traslación, con los grupos mediáticos afines. Véase, si no, la pintoresca defensa del tipo realizada el viernes por El País, columnita escondida en página par mediante: "Garzón dice que no recibió dinero del Santander". En realidad, Prisa viene oficiando como cuidador de la fortuna del magistrado desde el momento en que, echando de la carrera a Javier Gómez de Liaño, Garzón Real rescató al difunto Jesús Polanco de las tinieblas del caso Sogecable. Zapatero deja chiquitos a González y Aznar El texto de la providencia dictada por la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo de 15 de septiembre pasado, exigiendo al Santander la entrega de la documentación referida al caso, es un documento de obligada lectura que habla a las claras de las sospechas que el alto tribunal alienta en torno a la conducta del sujeto. El caso es que el campeador tiene ahora abiertas en el TS causas por los dineros recibidos en los cursos de Nueva York, por los "crímenes del franquismo", y por la grabación de las conversaciones mantenidas por los imputados del caso Gürtel con sus abogados en la cárcel, asunto gravísimo desde el punto de vista de las garantías de un Estado de Derecho. ¿Servirá todo ello para que el Supremo, por fin, ponga al personaje en su sitio? Menos lobos, Caperucita. La reacción del viernes del CGPJ, último pleno del año, no pudo ser más descorazonadora: mirar hacia otro lado. Hay veces en que los jueces parecen empeñados en ganarse a pulso la consideración que hoy merecen de los ciudadanos. "Es la última de las vilezas consistir que en la Nación no haya Justicia", dijoAntonio Maura en mayo de 1917, siendo presidente del Gobierno. ¿Aceptaremos noventa y tantos años después tan fatal veredicto? Corrupción al por mayor. La misma que esta semana ha tocado de lleno a La Moncloa a cuenta de las fusiones televisivas. Rodríguez Zapatero ha dejado chiquito a González en materia mediática, relegando a José María Aznar a la condición de aprendiz. En junio de 2005, el Ejecutivo, violando letra y espíritu de la Ley, autorizó la conversión de un canal de pago (el Plus) en otro en abierto (Cuatro). Cinco meses después, otorgó un nuevo canal de televisión analógica (laSexta) a sus amigos de Mediapro, con el rojo Roures y sus brillantes escoltas (Contreras, García Ferreras y Cía) a la cabeza. Cansado de la arrogancia de Juan Luis Cebrián, el de León había decidido crear su propio grupo de comunicación. La explicación pública ofrecida por la vicepresidenta Fernández de la Vega fue que la iniciativa tenía por objeto "aumentar el pluralismo e incrementar la oferta" (sic). Tres años y pico después, con ambos en bancarrota, Zapatero decide intervenir y poner orden, también vía De la Vega, quien a toque de corneta "sugiere" a los distintos canales la vía de las fusiones. Los peores augurios se han cumplido. La integración entre Cuatro y laSexta fracasó por la soberbia de Cebrián y las pretensiones de los Roures. Cuñas de la misma madera. Con ser escandalosa, la operación hubiera dejado intacta la posibilidad de que las dos cadenas privadas clásicas, Tele5 y Antena 3, rendidas también al encanto de la ceja, pudieran ejercer un cierto papel de equilibrio en aras de una teórica pluralidad. Ni hablar. A la espera del anuncio de fusión entre Antena 3 y laSexta, Zapatero, en una genial operación de poder personal, ha barrido de un plumazo tal posibilidad. A partir de ahora todas las grandes cadenas de televisión españolas, con sus múltiplos, serán de izquierdas. ¿Dónde ha quedado el pluralismo, señora De la Vega? ¿Tendrá usted la amabilidad de disculparse ante los españoles? Todas las grandes cadenas serán "zapateristas" El corolario que cabe extraer de semejante hazaña es que en tres años, más o menos, Zapatero ha metido en el bolsillo de sus amigos de laSexta 500 millones de euros (valoración del equity) y parecida cantidad a los Prisa. Más de mil millones de euros. Unos 185.000 millones de las antiguas pesetas. No está mal para tiempos de crisis. Con ser ello llamativo, es obvio que esto no va de ecuaciones de canje, sino de operación política de altos vuelos destinada a hacerse con el control total de la televisión en España. En efecto, además de salvar de la quiebra a los amigos, La Moncloa les otorga el control de la línea informativa, quiero decir ideológica, de las cadenas resultantes. Entre José Manuel Lara y Jaume Roures, ¿quién creen ustedes que controlará los telediarios del nuevo grupo? ¿Y entre Paolo Vasile y Juan Luis Cebrián? De modo que el mago Arriola puede seguir refocilándose en su cueva de Génova con las encuestas que dan al PP no sé cuántos puntos de ventaja sobre el PSOE, porque, a la hora de la verdad, las elecciones generales las volverá a ganar el de costumbre. Mención especial merece Cebrián. El País vendía ayer de esta guisa la operación: "Telecinco y Cuatro crean el mayor grupo de televisión en abierto". Con un par. Alguien dijo que quien es capaz de manipular el lenguaje -"el más peligroso de los bienes", según Hölderlin- es también capaz de robarte la cartera. Dedicado al desguace y venta por piezas del antiguo imperio Polanco, las tropas de Cebrián han alcanzado sus últimos objetivos gerenciales. De victoria en victoria, hasta la derrota final. ¿Seguirá contándonos el grupo Prisa las orgías del Cavaliere -dueño de ocho canales de TDT en España a partir del próximo abril- con sus velinas en Villa Certosa? Seguro que sí, porque eso es libertad de expresión, ¿verdad, Juan Luis? Y estación término para los hijos del fundador, tan lejos todos del talento del padre. Dos casos, el de Garzón y el de las televisiones, que enmarcan como ningún otro, como nunca, el grado de corrupción institucional y de la otra que sufre el país. Y bien, ¿cuándo se jodióEspaña, Zavalita? ¿Hasta cuándo aguantará la balacera a que le tienen sometida los corruptos de cuello blanco? Es obligado reconocer que aquella lóbrega España de la primera mitad del XX ha dado paso a un país que, decidido a partir de los sesenta a superar su postración de siglos, ha experimentado una espectacular transformación en lo que infraestructuras y bienestar material -sanidad, educación, esperanza de vida, etc.- se refiere. Los síntomas de agotamiento de aquel impulso son, sin embargo, demasiado evidentes, culpa de la desidia de unos, la locura nacionalista de otros y la mediocridad de casi todos. "La mala suerte colectiva de España", de que hablaba Caro Baroja. Y lo peor es que adivinan resortes morales capaces de invertir esta deriva. ¿Hasta cuándo se joderá España, Zavalita? | ||
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| División en el Gobierno en torno a Garzón: ¿Dejarlo caer o seguir sosteniéndolo? | ||
| Es uno de los interrogantes judiciales, y aún políticos, más apasionantes del próximo año: saber cuál será la suerte del juez Baltasar Garzón Real en el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal instruye proceso contra él por supuesta prevaricación en las desapariciones del franquismo, caso en el que, sin ser competente, imputó graves delitos a personas fallecidas hace décadas, tal que al mismísimo Francisco Franco. La sensación en la judicatura es que el Supremo quiere por fin ajustar cuentas con el polémico juez, pero el Gobierno presiona a fondo en sentido contrario. No es la única causa que Garzón tiene pendiente con la Justicia, pero esta es la más relevante y peligrosa para él de lejos. Fuentes cercanas al alto tribunal consultadas por este diario han asegurado que el magistrado Luciano Valera, ponente del proceso, que el pasado septiembre sometió a Garzón a un riguroso interrogatorio para aclarar por qué imputó a dirigentes franquistas un delito no denunciado, está recibiendo fuertes presiones desde instancias gubernamentales para que abra la mano. No lo tendrá fácil con Varela, y tampoco con Juan Saavedra, presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del TS. Y es que Baltasar Garzón se ha convertido en una pieza clave para el Gobierno Zapatero en la confrontación política contra un PP que, a pesar del caso Gürtel, inicialmente instruido por el polémico juez, tiene serias opciones de ganar las generales de 2012. Y no digamos ya en lo que a la lucha contra ETA se refiere, elemento de gran peso en la confrontación política interna. Entregar la cabeza de Garzón sería interpretado como una derrota sin paliativos para el Gobierno y el partido que le apoya, pero mantenerlo tiene un alto coste de imagen dentro incluso de la propia militancia socialista. En este sentido, las cartas recientemente publicadas en las que el cuestionado juez pide personalmente fondos al banquero Emilio Botín para financiar unos seminarios por él dirigidos en la Universidad de Nueva York, dándole efusivamente las gracias una vez recibido el dinero, han tenido un efecto demoledor para la imagen que la opinión pública, y lógicamente también los jueces, tiene de Garzón Real, que sale muy dañado, muy disminuido, del lance en su prestigio. Lo que ha abierto en canal al colectivo de los jueces, poniendo a Garzón en la picota, sin embargo, ha sido el escándalo de las grabaciones realizadas por orden del magistrado a los abogados defensores de los imputados en el caso Gürtel cuando despachaban con sus clientes en la cárcel, un asunto que podría implicar una grave violación de las garantías procesales, y cuya denuncia está ahora mismo pendiente de admisión a trámite. Zapatero, Rubalcaba y Prisa, sus principales apoyos El resultado de todo ello es que en el seno del Gobierno ganan peso las voces que opinan que tal vez sería el momento adecuado para soltar lastre y dejar caer al cuestionado juez de la Audiencia Nacional. Contra esta corriente se alza la opinión poderosa de quienes se oponen radicalmente a tal posibilidad, temiendo entre otras cosas, “que Garzón se pueda llevar a alguno por delante, porque ese es el temor que inspira un hombre que sabe muchas cosas”, en opinión de las fuentes. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba –y subsidiariamente el propio presidente, Rodríguez Zapatero- es el gran apoyo con que cuenta Garzón en el Gobierno. El juez, siempre dispuesto a satisfacer las peticiones de los sucesivos ministros del Interior, sean del PP o del PSOE, se ha convertido en pieza clave en la lucha contra ETA y su mundo, en razón a sus pocos escrúpulos a la hora de avalar las intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Muy crítica con Garzón ha sido siempre María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta llegó a la política de la mano del entonces ministro de Justicia Juan Alberto Belloch, su amigo, Gobierno de Felipe González, cuando precisamente Baltasar Garzón pretendió ocupar esa cartera sin éxito. Tanto o más importante es que el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que, como secretario de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios en el anterior Gobierno dependía de De la Vega, tampoco es muy amigo del juez. Tan relevante como el apoyo de Pérez Rubalcaba y del propio Zapatero seguirá siendo el respaldo que el todavía influyente Grupo Prisa viene otorgando a Baltasar Garzón, apoyo incondicional y por encima de cualquier eventual acusación y/o circunstancia adversa que pudiera afectar al polémico juez. | ||
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El Gobierno se salta el Pacto de Toledo para favorecer sus caladeros de voto
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| El Gobierno se salta el Pacto de Toledo para favorecer sus caladeros de voto | ||
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto sobre revalorización de las pensiones públicas para el año 2010. Pero en contra de lo que establece el Pacto de Toledo -suscrito por todos los partidos-, endilgó a la Seguridad Social buena parte de la subida. En concreto, los cerca de 300 millones de euros que costará un incremento de las pensiones mínimas del 4%,como media. El resto de pensiones de la Seguridad Social crecerá sólo un 1%, ligeramente por debajo de lo que previsiblemente crecerá la inflación: un 1,3% según el consenso de los expertos consultados por Funcas en términos de media anual. Los pensionistas, sin embargo, no perderán poder adquisitivo ya que tienen garantizado por ley su capacidad de compra, por lo que en caso de desviación tienen derecho a una paga compensatoria. El resto de pensiones -las mínimas- subirán entre un 2% y un 4,87%, lo que aleja la posibilidad de cumplir el objetivo de culminar la separación de fuentes el 31 de diciembre de 2012, tal ycomo establece la disposición transitoria decimocuarta de la Ley General de la Seguridad Social. La ley obliga al Estado a cubrir de forma gradual el coste de los complementos de mínimos en esa fecha de acuerdo con la filosofía del Pacto de Toledo, que no es otra que los complementos de mínimos -que forman parte de la discrecionalidad del Gobierno en política económica- se pague con impuestos y no con cotizaciones sociales. Con ese fin, y desde 2002, el Ejecutivo aporta cada año 300 millones de euros para pagar los complementos de mínimos, una cifra totalmente insuficiente. Según datos de la propia Seguridad Social, en 2009 el sistema público de pensiones se gastará 6.415 millones de euros por este concepto, pero el Estado cubrirá sólo la tercera parte: 2.406 millones. Es decir, que la Seguridad Social paga 4.000 millones de euros cada año que no le corresponden. El objetivo de las pensiones mínimas es garantizar un nivel de subsistencia para todos los pensionistas, y si con sus cotizaciones no alcanzan ese nivel, es el Estado quien está obligado a pagar la diferencia. Feudo socialista ¿Y quiénes se benefician del hecho de que las pensiones mínimas suban sistemáticamente por encima de la inflación sin que el Estado corra con los gastos? Pues fundamentalmente tres comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE desde hace casi 30 años: Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha. Los datos de la Seguridad Social indican que más de la mitad de las pensiones que se pagan en Extremadura (el 51%) tienen el carácter de mínimas. En el caso de Castilla La Mancha, este porcentaje llega al 43,7%, mientras que en Andalucía una de cada tres pensiones (el 35%) es sufragada parcialmente por el Estado. En el lado opuesto se encuentran Madrid, Asturias, País Vasco y Cataluña, donde menos del 20% de las pensiones tienen el carácter de mínimas. Como es conocido, y desde que Zapatero llegó a la Moncloa, el presidente del Gobierno anuncia cada año en Rodiezmo (León), durante una fiesta minera, un incremento de las pensiones mínimas muy por encima de la inflación. Según datos del Ministerio de Trabajo, el año que viene 2,7 millones de pensionistas se beneficiarán de un complemento de mínimos, lo que significa que en vez de descender el número de beneficiarios continúa aumentando. Si en 2005, el 27,11% de las pensiones tenían subvención, en 2009 el porcentaje ha subido ligeramente hasta el 27,5%. Es decir, las cuotas no son suficientes para cubrir la cuantía anual de las pensiones que fijan los Presupuestos Generales del Estado. En 2002, de hecho, había 400.000 pensionistas menos que cobraban el complemento de mínimos de los que hay ahora, lo que revela un problema de contributividad del sistema. Según el Informe Económico Financiero de la Seguridad Social, más de la mitad de los pensionistas del Régimen Especial de Empleados de Hogar, el 56,03%, tienen mínimos, cifra que llega al 59,41% en el caso de las pensiones de jubilación. La proporción elevada de pensiones con garantía de mínimo en éste régimen es consecuencia de que cotizan por la base menor, y además a menudo tienen un número reducido de años cotizados, lo que ocasiona que pocos pensionistas generen pensiones de importes superiores a la mínima. Por tanto, cobran complemento casi todos los que cumplen los demás requisitos, incluyendo el de no tener otros ingresos; la excepción en este régimen son los escasos perceptores de viudedad, que suelen tener otra pensión. También los trabajadores del Régimen Especial Agrario cotizan por bases fijas, generalmente coincidente con la mínima, y por lo tanto generan en la mayoría de los casos pensiones mínimas. | ||
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Los sindicatos culpan al ‘capitalismo liberal’ de la crisis y eximen a Zapatero
Nota de VREdondoF :
la politica esta PODRIDA y tenia esperanzas de que no lo estuvieran los sindicatos .
Yo esperaba que a los sindicatos aun les quedara un poco de "verguenza torera" , pero con la manifestacion de ayer .. encaminada a "DESPISTAR MAS" "al rebaño" , los sindicatos a mi personalmente me han demostrado que se han convertido en algo parecido a lo que son "LOS COLEGIOS" profesionales ( como el de los arquitectos , notarios .. etce tec ) .
Los sindicatos culpan al ‘capitalismo liberal’ de la crisis y eximen a Zapatero
Acto de fuerza de las centrales sindicales en las calles de Madrid. Pero, ¿contra quién? No es fácil adivinarlo. Por primera vez desde que los sindicatos fueron legalizados tras la Dictadura, decenas de miles de trabajadores colapsaron el centro de la capital sin un objetivo preciso, ya sea frenar una ley laboral o luchar contra la carestía de la vida.
