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ESPAÑA 28/12/2009

División en el Gobierno en torno a Garzón: ¿Dejarlo caer o seguir sosteniéndolo?

Es uno de los interrogantes judiciales, y aún políticos, más apasionantes del próximo año: saber cuál será la suerte del juez Baltasar Garzón Real en el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal instruye proceso contra él por supuesta prevaricación en las desapariciones del franquismo, caso en el que, sin ser competente, imputó graves delitos a personas fallecidas hace  décadas, tal que al mismísimo Francisco Franco. La sensación en la judicatura es que el Supremo quiere por fin ajustar cuentas con el polémico juez, pero el Gobierno presiona a fondo en sentido contrario. No es la única causa que Garzón tiene pendiente con la Justicia, pero esta es la más relevante y peligrosa para él de lejos. Fuentes cercanas al alto tribunal consultadas por este diario han asegurado que el magistrado Luciano Valera, ponente del proceso, que el pasado septiembre sometió a Garzón a un riguroso interrogatorio para aclarar por qué imputó a dirigentes franquistas un delito no denunciado, está recibiendo fuertes presiones desde instancias gubernamentales para que abra la mano. No lo tendrá fácil con Varela, y tampoco con Juan Saavedra, presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del TS. Y es que Baltasar Garzón se ha convertido en una pieza clave para el Gobierno Zapatero en la confrontación política contra un PP que, a pesar del caso Gürtel, inicialmente instruido por el polémico juez, tiene serias opciones de ganar las generales de 2012. Y no digamos ya en lo que a la lucha contra ETA se refiere, elemento de gran peso en la confrontación política interna. Entregar la cabeza de Garzón sería interpretado como una derrota sin paliativos para el Gobierno y el partido que le apoya, pero mantenerlo tiene un alto coste de imagen dentro incluso de la propia militancia socialista. En este sentido, las cartas recientemente publicadas en las que el cuestionado juez pide personalmente fondos al banquero Emilio Botín para financiar unos seminarios por él dirigidos en la Universidad de Nueva York, dándole efusivamente las gracias una vez recibido el dinero, han tenido un efecto demoledor para la imagen que la opinión pública, y lógicamente también los jueces, tiene de Garzón Real, que sale muy dañado, muy disminuido, del lance en su prestigio. Lo que ha abierto en canal al colectivo de los jueces, poniendo a Garzón en la picota, sin embargo, ha sido el escándalo de las grabaciones realizadas por orden del magistrado a los abogados defensores de los imputados en el caso Gürtel cuando despachaban con sus clientes en la cárcel, un asunto que podría implicar una grave violación de las garantías procesales, y cuya denuncia está ahora mismo pendiente de admisión a trámite. Zapatero, Rubalcaba y Prisa, sus principales apoyos El resultado de todo ello es que en el seno del Gobierno ganan peso las voces que opinan que tal vez sería el momento adecuado para soltar lastre y dejar caer al cuestionado juez de la Audiencia Nacional. Contra esta corriente se alza la opinión poderosa de quienes se oponen radicalmente a tal posibilidad, temiendo entre otras cosas, “que Garzón se pueda llevar a alguno por delante, porque ese es el temor que inspira un hombre que sabe muchas cosas”, en opinión de las fuentes. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba –y subsidiariamente el propio presidente, Rodríguez Zapatero- es el gran apoyo con que cuenta Garzón en el Gobierno. El juez, siempre dispuesto a satisfacer las peticiones de los sucesivos ministros del Interior, sean del PP o del PSOE, se ha convertido en pieza clave en la lucha contra ETA y su mundo, en razón a sus pocos escrúpulos a la hora de avalar las intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Muy crítica con Garzón ha sido siempre María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta llegó a la política de la mano del entonces ministro de Justicia Juan Alberto Belloch, su amigo, Gobierno de Felipe González, cuando precisamente Baltasar Garzón pretendió ocupar esa cartera sin éxito. Tanto o más importante es que el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que, como secretario de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios en el anterior Gobierno dependía de De la Vega, tampoco es muy amigo del juez.   Tan relevante como el apoyo de Pérez Rubalcaba y del propio Zapatero seguirá siendo el respaldo que el todavía influyente Grupo Prisa viene otorgando a Baltasar Garzón, apoyo incondicional y por encima de cualquier eventual acusación y/o  circunstancia adversa que pudiera afectar al polémico juez.

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