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URBANO LÓPEZ
Las Comunidades Autónomas no acaban de conocer lo que es la austeridad, al menos en lo que se refiere a la incorporación de funcionarios públicos a sus plantillas. Así se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa relativa segundo trimestre de 2010, que muestra como las autonomías, pese a la intensidad de la crisis y a los problemas financieros que tienen, han incrementaron sus asalariados en 73.000 empleados durante este último año.
Probablemente, estas cifras sean fruto de procesos selectivos que comenzaron en 2009, si bien ello no justifica en modo alguno el comportamiento de las Comunidades, pues en ese año ya estábamos en plena crisis y sus arcas ya tenían serios problemas financieros. Muestra de la falta de austeridad que ha presidido la actuación de las autonomías durante la crisis es que desde 2008 han realizado 182.800 contrataciones. Quizá, por ello, sea a partir del tercer trimestre cuando nos encontremos con datos que muestren el ajuste que tanto necesitan las finanzas públicas españolas, incluidas las autonómicas. Más aún debería notarse en el año 2011.
En todo caso, a la luz de este y otros datos, toca volver a reflexionar sobre la sostenibilidad del Estado Autonómico tal y como está planteado en la actualidad.
